El diálogo es una herramienta política que utilizan los que tienen el poder cuando no pueden imponerse por la fuerza. El diálogo también es un arma para imponerse al más débil mediante el engaño. El pueblo panameño conoce muy bien estas tácticas. En San Lorenzo, cuando la Coordinadora por la Protección de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngobe Buglé y Campesino aceptó ir al diálogo con los representantes del presidente Ricardo Martinelli, muchos pronosticaron una encerrona que daría al traste con las justas aspiraciones de los pueblos indígenas.
Un aire de esperanza surgió cuando se escucharon las palabras de la cacique general, Silvia Carrera, quien en forma muy clara señaló que el diálogo tendría como base única la prohibición de la explotación de los recursos hídricos y metálicos (cobre) en la comarca Ngobe-Buglé. Durante las negociaciones celebradas en la Asamblea de Diputados, la delegación se mantuvo firme e insistió en que las actividades que destruían el ambiente –especialmente los cursos de agua– no podían realizarse en la comarca. El gobierno asumió –como era de esperarse– los intereses de los empresarios rentistas panameños quienes consideran que el agua y las riquezas naturales son mercancías que deben venderse al mejor postor. Igualmente, la Comisión de Comercio de la Asamblea de Diputados insistió en que el país se hundiría si le prohibían a los inversionistas acceso a los recursos hídricos.
Tanto gobierno como los diputados –quienes actuaron en mancuerna– no presentaron información técnica que justificara la entrega de la riqueza nacional. Los funcionarios que llegaron al Salón Azul de la Asamblea repitieron cifras ajenas al problema que se discutía. En momento alguno se refirieron a la demanda actual de energía hidráulica y/o térmica, y los pronósticos para el futuro. Evitaron introducir al debate problemas de costos a corto y mediano plazos.
Los representantes indígenas no tuvieron que rechazar los planteamientos del gobierno o de sus especialistas. La posición de los Ngobe y Buglé siguió sólida: la construcción y explotación de las represas no justifica la destrucción de los pueblos Ngobe y Buglé. Los funcionarios de las entidades gubernamentales no pudieron demostrar lo contrario. Incluso, la Universidad de Panamá perdió una oportunidad dorada en esa coyuntura en la que pudo invitar a sus propios investigadores para que hicieran sus propuestas independientes.
A esta altura del diálogo, los asesores del presidente Martinelli cambiaron de táctica. Descubrieron que no convencerían a los delegados Ngobes con más espejitos. Plantearon, por un lado, crear una subcomisión y dos sub-subcomisiones para dividir a los Ngobe. La movida no dio los resultados esperados. Por el otro, el presidente Martinelli anunció que convocaría a un “referéndum” que acabaría con el diálogo y llevaría la “guerra social” a otro nivel.
El referéndum, según los asesores del primer mandatario, puede garantizar la victoria de los inversionistas. Otros presidentes en el pasado reciente han jugado esa carta y perdido. Sin embargo, el gobierno actual cree tener dos ases en la manga: Por un lado, han aprendido de las derrotas del pasado y, por el otro, mucha más plata para gastar en una campaña desgastadora. Según los medios, la cacique Carrera calificó la propuesta del presidente como “irresponsable”
El ministro de Gobierno, Jorge R. Fábrega, dijo que el referéndum obedece a que hay otros sectores (empresarios rentistas y trasnacionales del cobre) preocupados. Pareciera que el gobierno creía que la negociación con los Ngobes consistiría en ponerle un precio a sus tierras. El ministro Fábrega también se olvidó la letra de la Constitución Política que dice, en el artículo 127, que “el Estado garantiza a las comunidades indígenas la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas”. Según el abogado Miguel A. Bernal, “al defender la propiedad colectiva de la tierra, las poblaciones indígenas no solo están defendiendo un derecho adquirido, están haciendo respetar la Constitución”.
El economista Juan Jované, invitado por la Coordinadora, aseguró en el Diálogo que las proyecciones de generación y demanda presentadas por la Secretaría de Energía omitieron pruebas y se utilizó un margen de error que es inaceptable. Además, nunca dijeron con qué métodos calcularon los costos ecológicos. Nos preocupa, dijo Jované, que “están tomando decisiones y alarmando a la población con estudios sin calidad”. Agregó que “si se trata de llenar el país de minería a cielo abierto se necesita mucha energía”.
Pero ¿no es el gobierno el que insiste en que no habrá explotación minera? La relación entre minería (Cerro Colorado) y energía hídrica puede explicar la concesión de 17 proyectos en la Comarca y sus alrededores desde julio de 2009. Todos los permisos que ha dado la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) bajo el mandato de Martinelli han sido en la provincia de Chiriquí. Sólo en el río Chiriquí Viejo, de 70 kms de longitud, funcionan ocho compañías hidroeléctricas. ¿Se pretende hacer lo mismo en el rio Tabasará, donde los empresarios Virzi y Btesh tienen la concesión para la explotación hídrica? Cerro Colorado, con un potencial minero de 250 mil millones dólares, se levanta precisamente sobre el río Tabasará que se convertiría en el motor para explotar sus entrañas de cobre.
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena. http://marcoagandasegui11.blogspot.com
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