Los escépticos se preguntan a menudo, cuando se trata de programas del gobierno: si vale tanto la pena, ¿por qué el sector privado no lo está haciendo ya? Se puede hacer una pregunta similar sobre las empresas que afirman actuar por el bien común: si el público lo necesita, ¿por qué el gobierno no lo está haciendo ya?
Es necesario examinar bajo esta luz el plan de Google de digitalizar todos los 168 millones de libros del mundo. De 2004 en adelante, la empresa de motores de búsqueda ha escaneado unos 5 millones de títulos, muchos protegidos por derechos de autor. Es obvio que una biblioteca digital integral podría generar cuantiosos ingresos, aunque aún no está del todo claro en qué forma. En 2008, Google tuvo una larga y complicada negociación con el Gremio de Escritores y la Asociación de Editores de Estados Unidos, que la habían demandado. Llegaron a un acuerdo, según el cual Google mantendría poco más de la tercera parte de los ingresos generados por esos libros en línea, y el resto iría a un registro no lucrativo de derechos de autor, operado por representantes de escritores y editores. El registro buscaría a los autores de los libros “huérfanos” –sujetos a derechos de autor, pero fuera de catálogo– y les entregaría las regalías. Google accedió a pagar 125 millones de dólares para constituir el fondo del registro.
El mes próximo se llevarán a cabo audiencias en un juzgado federal de Manhattan para verificar si este acuerdo es lícito. Esta semana diversas partes interesadas presentaron recursos esgrimiendo diferentes argumentos, con la intención de que el juzgado lo bloquee. Entre los opositores están varios gobiernos europeos, encabezados por Francia y Alemania, al igual que la librería virtual Amazon y el Departamento de Justicia de EU. Los abogados de Microsoft sostuvieron hace unos días que una demanda gremial no es la forma correcta de cambiar leyes fundamentales, y tienen razón.
Lectores del futuro
Lo que Google está construyendo ¿es una ciberbiblioteca o una ciberlibrería? Si es lo primero, la forma en que el conocimiento se difunde es tan importante como quién se queda con el dinero. Esta semana, el novelista Jonathan Lethem presentó una declaración en la que advierte: “Si los lectores del futuro saben que están dejando una huella digital que otros pueden rastrear, podrían inhibirse de realizar interesantes excursiones intelectuales”. Nadie desea que el gobierno guarde una lista de personas que hayan bajado libros de Karl Marx o Sayyid Qutb, pero no es esa privacidad la que preocupa más en el acuerdo de Google. El problema principal con la privacidad en la era de Internet es que las menores veleidades de una persona dejan un rastro en una forma que jamás había ocurrido. Un gobierno malévolo puede encontrar ese rastro con la misma facilidad en Amazon, en el sitio web de una casa editora o en un salón de chat. En realidad este hecho no se ve afectado si Google recibe un monopolio sobre libros fuera de catálogo.
El mayor desafío a la privacidad es que esas veleidades tienen valor comercial. Una persona que hace una búsqueda entre novelas de Nadine Gordimer y J. M. Coetzee tiene mayores probabilidades que el internauta promedio de comprar un boleto de avión a Sudáfrica. Una persona que busca biografías del Toro Valenzuela tiene más probabilidades de comprar un bate de beisbol. Es posible derivar ganancias de ese conocimiento. ¿A quién pertenecen esas ganancias? El modelo de negocios que Google ha seguido en Gmail –escanear mensajes para generar publicidad personal– da una idea de lo que esa empresa tiene en mente. En el documento preliminar “política de privacidad sobre libros”, emitido en fechas recientes bajo presión de la Comisión Federal de Comercio de EU, Google promete no compartir información personal con terceros, pero se reserva el derecho de conservar información para “reportar sobre tendencias agregadas de usuarios”. A Google no le importa quién es el lector, pero sí le importa mucho lo que el lector pudiera comprar.
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