Vigilancia ilegítima y agresiones contra críticos y la Corte Suprema
En febrero de 2009, Semana, una de las principales revistas de noticias colombianas, informó que el servicio de inteligencia nacional (el Departamento Administrativo de Seguridad, conocido como DAS), que depende directamente del Presidente Uribe, durante años ha estado llevando a cabo un gran número de interceptaciones ilegales de teléfonos y mensajes de correo electrónico, y la vigilancia de los opositores al gobierno de Uribe. El Presidente Uribe niega haber ordenado este tipo de vigilancia ilícita y ha insinuado que estas prácticas estuvieron dirigidas a integrantes de su gobierno y de la oposición por igual. No obstante, los resultados iniciales de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación indican que las interceptaciones se enfocaron casi en su totalidad en figuras políticas de la oposición, como el ex Presidente César Gaviria y el candidato presidencial Rafael Pardo, magistrados de la Corte Suprema que investigaban la infiltración de las mafias paramilitares en el Congreso colombiano, periodistas independientes, sindicatos y ONG de derechos humanos.
Estos actos ilícitos forman parte de un patrón mucho más amplio de agresiones verbales y actos de intimidación contra quienes lo critican por parte del Presidente Uribe y de algunos altos funcionarios del gobierno. El Presidente Uribe ha formulado acusaciones infundadas contra sus opositores en varias oportunidades, y a menudo ha vinculado el trabajo legítimo llevado a cabo en el ámbito de los derechos humanos, el periodismo o los sindicatos con las FARC, desacreditando y poniendo en peligro a quienes ataca.
Por ejemplo, en febrero de 2009, Uribe se refirió a la existencia de un “bloque intelectual de las FARC” que habla de derechos humanos “para atemorizar a [los] soldados y policías [de Colombia]” y que viaja a Europa y Estados Unidos para expresar su oposición al TLC. Uribe realizó este comentario público justo una semana antes de que varios colombianos distinguidos, entre ellos un ex juez, viajaran a Estados Unidos para declarar ante el Congreso de dicho país acerca de la violencia contra sindicalistas, un tema clave para el debate sobre el TLC en Estados Unidos.
Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional emitieron informes sobre la situación de los derechos humanos en Colombia en octubre de 2008. Luego de la publicación de los informes, el Presidente Uribe acusó a Amnistía Internacional de “ceguera”, “fanatismo” y “dogmatismo”. También acusó públicamente a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, de ser “defensor” y “cómplice” de la guerrilla de las FARC.
En los últimos años, Uribe se ha referido a los sindicalistas como “delincuentes disfrazados de sindicalistas”. También ha arremetido contra la Corte Suprema de su país, que ha dirigido las paradigmáticas investigaciones sobre la infiltración paramilitar en el gobierno colombiano (las investigaciones de la “parapolítica”), acusando a algunos de sus miembros de representar al “terrorismo”. Ha calificado a los políticos de la oposición como “terroristas vestidos de civil”. Y ha acusado al magistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, a cargo de la coordinación de las investigaciones de la “parapolítica”, de intentar incriminarlo por asesinato ofreciendo beneficios ilícitos o indebidos a un paramilitar encarcelado a cambio de que testifique en contra de Uribe (una investigación de la Fiscalía General de la Nación comprobó posteriormente que, en realidad, era Velásquez quien había sido víctima de un montaje por el paramilitar y otros involucrados). Luego de que Velásquez fuera desligado de estas acusaciones el año pasado, la revista Semana reveló que varios de los principales asesores de Uribe se reunieron en el Palacio Presidencial con otro líder paramilitar para analizar presuntas pruebas contra Velásquez (las cuales también resultaron ser falsas).
En un país como Colombia, donde los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, los periodistas y los jueces a menudo han sido asesinados por su trabajo, este tipo de acusaciones por parte del presidente pueden poner en riesgo a las personas contra quienes están dirigidas. En un sentido más amplio, estas declaraciones generan un clima de intimidación que puede inhibir el debate público y la crítica a las políticas del gobierno. Además, plantean serios interrogantes acerca del respeto del gobierno de Uribe por el pluralismo democrático.
Lo instamos a que transmita al Presidente Uribe la profunda preocupación de Estados Unidos frente a la vigilancia ilegítima por parte del servicio de inteligencia, así como por sus repetidas agresiones verbales contra sus opositores y contra quienes investigan la influencia paramilitar en el estado.
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