Asesinato de civiles por el Ejército
En los últimos años, se ha registrado un incremento significativo de la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de civiles atribuidas al Ejército colombiano. Según ha sido documentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por numerosas organizaciones de derechos humanos y, más recientemente, por el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, miembros del Ejército, ante la presión por demostrar resultados, se llevan a civiles de su vivienda o lugar de trabajo, los asesinan y luego los visten para simular que se trata de combatientes muertos en enfrentamientos para así incrementar el número de bajas reportadas.
Estas supuestas ejecuciones se han producido en todo el país e involucran a diversas brigadas del Ejército. La Fiscalía General de la Nación aparentemente estaría investigando más de 1.000 casos de este tipo, que afectaron a más de 1.700 víctimas durante los últimos años.
Durante años, el Presidente Uribe negó públicamente que existiera este problema, y acusó a los grupos de derechos humanos que denunciaban estos asesinatos de ayudar a la guerrilla en una campaña para desacreditar a los militares. Luego de un escándalo mediático desatado en septiembre de 2008 en relación con la ejecución de varios jóvenes oriundos de Soacha, un barrio de bajos recursos de Bogotá, Uribe apartó de las fuerzas militares a 27 de sus integrantes, incluidos tres generales. Desde entonces, se han producido más destituciones. Sin embargo, el Presidente Uribe continúa afirmando que se trata de unos pocos casos aislados, y ha hecho hincapié en que hay sólo “22 casos probados” y en que existen centenares de “falsas acusaciones”.
Mario Montoya, comandante del Ejército, quien había sido acusado de cometer abusos y mantener vínculos con los paramilitares, renunció en noviembre de 2008 después del escándalo de Soacha. Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana. El remplazo de Montoya, el supuesto protegido General Oscar González Peña, comandó la 4.° Brigada del Ejército en la época en que se registró la mayor cantidad de ejecuciones extrajudiciales en el país.
El Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales visitó Colombia en junio. Entre sus primeras conclusiones, señaló que “la cantidad de casos, su alcance geográfico y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estos asesinatos fueron perpetrados de manera relativamente sistemática por una cantidad significativa de militares”. Afirmó que el sistema de justicia militar colombiano agrava el problema al obstaculizar que los casos de derechos humanos sean remitidos al sistema de justicia ordinaria. Su informe final abordará esta y otras cuestiones, como el posible ofrecimiento de incentivos a los militares que participan en los asesinatos.
Las ejecuciones, que fueron calificadas por el Relator Especial como “el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes con fines de lucro”, representan una de las prácticas abusivas más graves por parte de agentes del estado que hayamos documentado en América Latina durante los últimos años. La frecuencia de las ejecuciones, la falta de reconocimiento por parte del Presidente Uribe de la gravedad y el alcance del problema, y el hecho que no haya adoptado medidas suficientes para prevenirlo, deberían sembrar dudas acerca del fin que se da a la asistencia militar estadounidense y de la efectividad de la asistencia continua. Lo instamos a que trasmita esta preocupación al Presidente Uribe y a que le exija que adopte medidas inmediatas y significativas para poner fin a esta práctica.
Violencia contra sindicalistas e impunidad
Colombia registra el mayor número de asesinatos de sindicalistas de todo el mundo. Según datos obtenidos por la Escuela Nacional Sindical (ENS), la principal organización colombiana dedicada a los derechos de los sindicalistas, más de 2.700 sindicalistas habrían sido asesinados desde 1986. Luego de alcanzar niveles máximos en la década de 1990, el índice de asesinatos se redujo durante varios años, pero ha vuelto a ascender, pasando de 39 asesinatos en 2007 a 49 en 2008, según las cifras de la ENS (las estadísticas del gobierno colombiano son en general más bajas, ya que, entre otras razones, excluyen a los miembros de los sindicatos de maestros). Los asesinatos continuaron durante este año: la ENS había registrado 20 asesinatos de sindicalistas hasta mediados de junio de 2009.
La impunidad por los asesinatos es la norma. En marzo de 2009, el Fiscal General de la Nación informó que desde 2000 se habían dictado 184 condenas en casos de violencia contra organizaciones sindicales. Esta cifra refleja un importante incremento en la cantidad de condenas a partir de 2007, cuando se hizo evidente que la impunidad de estos casos constituía un obstáculo para la ratificación del TLC, y la Fiscalía General de la Nación creó un grupo especializado de fiscales con el propósito de reabrir muchos de estos casos que no habían sido investigados. No obstante, el 96 por ciento de los asesinatos todavía no han sido resueltos. Aún manteniendo el promedio actual de condenas, los fiscales demorarían 37 años en ponerse al día con los casos pendientes.
Como explicó Human Rights Watch en detalle en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos este año, existen motivos justificados para dudar de la seriedad del compromiso de reducir la impunidad en el largo plazo[1]. Por ejemplo, los fiscales especializados sólo están investigando un pequeño grupo del total de casos, y carecen de un plan claro para revisar los casos restantes. Además, muchas de las condenas obtenidas involucran a paramilitares que están participando en el denominado proceso de la Ley de Justicia y Paz. Conforme a este proceso, y a cambio de que se reduzcan drásticamente las penas a entre cinco y ocho años de prisión por todos sus crímenes, los paramilitares supuestamente desmovilizados asumen su responsabilidad por diversos delitos, incluido el asesinato de sindicalistas. Pero, generalmente, no explican las circunstancias en las cuales se cometieron los crímenes. Como resultado de esto, las condenas no ayudan mucho a esclarecer la verdad sobre los asesinatos ni a impulsar la justicia. Asimismo, es muy probable que una vez que termine el proceso de Justicia y Paz la cantidad de condenas nuevas se reduzca nuevamente.
Si bien algunos de los asesinatos pueden atribuirse a las fuerzas militares, las guerrillas o el delito común, la mayor parte son cometidos por paramilitares, quienes han estigmatizado tradicionalmente a los sindicalistas como colaboradores de la guerrilla. Como se explicó previamente, las mafias paramilitares continúan activas y aún representan una amenaza para los sindicalistas, quienes actualmente no pueden ejercer plenamente sus derechos sin temor a ser amenazados o asesinados.
Le pedimos que explique claramente al Presidente Uribe que el progreso del TLC depende de que Colombia muestre un cambio significativo, concreto y sostenido en este patrón de violencia e impunidad.
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