Surgida en el año 2000 como propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la reunión de presidentes de América del Sur celebrada en Brasilia a finales de agosto de ese año, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA) no sólo ha sobrevivido a la supuesta defunción del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en la Cumbre del Mar de Plata en 2005 –a la que inicialmente iba vinculada–, sino también a los cambios políticos que se han sucedido en los gobiernos de algunos de los países de la región. Desde entonces, la IIRSA ha pasado a convertirse en el eje esencial del proceso de integración regional de los países pertenecientes no sólo al Mercosur o a la Unasur, sino también de la ALBA.¿Qué es la IIRSA?
La IIRSA es un conjunto de más de 500 proyectos organizados en diez Ejes de Integración y Desarrollo (EID) que, con un costo cercano a los 75.000 millones de dólares, busca eliminar las “barreras” naturales que impiden la libre circulación de las mercancías entre las diferentes “islas” que compondrían la región.
Los EID, además, se estructuran en siete “procesos sectoriales” que buscan organizar el espacio geográfico en base al desarrollo de una infraestructura física de transporte terrestre, aéreo y fluvial –proyectos que representan el 87% de la IIRSA–; de oleoductos, gasoductos, puertos marítimos y fluviales y tendidos eléctricos y de fibra óptica, entre otros. Según datos proporcionados en la XI reunión del CDT, de diciembre de 2009, el 74% de los proyectos presentan avances concretos, con un 10% concluido, un 36% en ejecución y un 28% en preparación. Respecto a los avances en la Agenda de Implementación Consensuada (AIC) 2005- 2010 –que incluye 31 proyectos prioritarios– dos estarían concluidos, 19 en ejecución y 10 en preparación.
Tras la creación de la Unasur, el CDE planteó la necesidad de que la IIRSA se vinculara a la misma, para lo que, en agosto de 2008, se creó el Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento (CIP) de la Unasur, del que se prevé que IIRSA sea “el foro técnico de la planificación y desarrollo de la infraestructura de integración de América del Sur”. Uno de los objetivos de la IIRSA es la de vincularse al Proyecto Mesoamérica –antiguo Plan Puebla Panamá– para lo cual Colombia entró a formar parte del mismo en julio de 2006. Además, las últimas reuniones del CDE han contado con la presencia de representantes del proyecto lo que ha permitido avanzar en la conexión de ambas iniciativas en temas eléctricos y de telecomunicaciones, a través de empresas creadas a tal efecto.
“Una dinámica capitalista”
A pesar de que la IIRSA se presenta como un proyecto de “infraestructura sostenible”, las denuncias contra sus impactos medioambientales, políticos, económicos, sociales y culturales se han sucedido desde sus inicios. Así, mientras para la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la iniciativa constituye un “ecocidio y un genocidio”, para el analista Raúl Zibechi, la IIRSA supone “una integración doblemente subordinada: a Brasil, por parte de los países sudamericanos, y del conjunto de la región al mercado y al empresariado mundiales”, en tanto refleja un modelo de “integración exógena” dirigida a los mercados externos.
Según Jairo Estrada, profesor de ciencias políticas de la UNAL y director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, la IIRSA implica, además, “una dinámica capitalista muy similar a las lógicas de acumulación originaria de capital, es decir, a las lógicas de acumulación por desposesión”. Un expolio que se estaría desarrollando sin consultar a los afectados y sin la realización de estudios de impacto ambiental fiables y que, según la analista Ana Ester Ceceña, iría parejo a la firma de tratados de libre comercio y la militarización creciente de la región.
Decisiones
La IIRSA está coordinada por los gobiernos de los 12 países que la integran a través del Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), formado por los ministros de planificación e infraestructura de los estados miembros. A ella se le suman los Grupos Técnicos Ejecutivos (GTE) y el Comité de Coordinación Técnica (CCT), integrado por el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA), principales financiadores de la iniciativa junto al Banco Brasileño de Desarrollo Económico (BNDES).
Colombia, La incorporación de los negocios
La pérdida de confianza y los acuerdos con sus vecinos más cercanos no ha sido obstáculo para que el Gobierno colombiano impulse la IIRSA. Así lo hacía ver cuando declaraba ante la Asamblea Mundial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que esta iniciativa busca “desarrollar una infraestructura puntera, acorde con las necesidades de desarrollo del país y los retos comerciales que se avecinan, que cuente con mayor participación del sector privado y que funcione bajo esquemas empresariales modernos, dinámicos y eficientes”.
De los diez ejes y 162 grupos de proyectos de la IIRSA, Colombia participa en dos ejes y diez grupos que se han incorporado en los planes de desarrollo y en los planes a largo plazo. Se han priorizado los proyectos Hidrovía Río Meta, Carretera Pasto-Mocoa y paso de frontera Cúcuta-San Antonio, considerados cuellos de botella para el desarrollo y la integración. Estos proyectos coinciden estratégicamente con los corredores de recursos minero-energéticos, de biodiversidad y producción de agrocombustibles, entre otras materias primas que Colombia privilegia en las relaciones con EE UU y Europa.
Esta integración no se basa sólo en la construcción de carreteras, puertos, puentes y dragado de ríos, sino sobre todo en la extracción sistemática e intencionada de los recursos de los territorios colectivos de las comunidades negras y de los pueblos indígenas y en los cambios en el uso del suelo que permitan el tráfico de mercancías, energía y comunicaciones. Asimismo, potencia los fines especulativos sobre la tierra, que benefician a los políticos asociados a los grupos armados legales e ilegales.
La IIRSA tampoco es una vía para la integración de los pueblos, y menos una manera de aliviar las difíciles condiciones de las regiones de Putumayo y Nariño, donde se adelanta la carretera Pasto-Mocoa. Por contra, constituye un elemento adicional a la delicada crisis del país y es un riesgo que afecta la vida y la integridad de las comunidades indígenas, negras y campesinas, las cuales están sometidas a presiones no sólo de actores armados legales e ilegales, sino a poderosos intereses económicos. La implantación de más de 20.000 hectáreas de coca, dos masacres en el último año sobre el pueblo awá con un saldo de 18 indígenas asesinados, más de 60.000 desplazados en los dos últimos años, la permanencia de varios frentes de las FARC y del ELN y de nuevos grupos de paramilitares, el minado de varias zonas, la militarización de la vida de las comunidades y la irrupción de prácticas que desestructuran los tejidos social, económico, político y cultural de pueblos y procesos organizativos, constituyen situaciones que impiden una real participación de las comunidades y la toma de decisiones de manera libre y consentida.
Por FERNANDO CASTRILLÓN, Colectivo de trabajo Jenzerá, Bogotá
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