Lo que está en juego es un eventual arreglo para compartir el poder entre los grupos de oposición y los grupos apoyados por la CIA, que tienen vínculos con el narcotráfico procedente de Colombia vía Haití hacia Florida. Ese tránsito puede considerarse como la constitución de un narcogobierno al servicio de Estados Unidos. Pareciera que el escenario de la era terrorista de Duvalier ha regresado.
La Casa Blanca ha puesto en duda la capacidad del presidente haitiano Jean Bertrand Aristide «de continuar gobernando su país». Según la declaración oficial de Washington, emitida un día después de la partida de Aristide para la República Dominicana, «su fracaso en adherirse a los principios democráticos ha contribuido a la profunda polarización y violentos disturbios que atestiguamos hoy en Haití… Sus propias acciones han puesto en duda su capacidad de seguir gobernando el país. Lo instamos a examinar con cuidado su posición, a aceptar su responsabilidad y a actuar conforme a los mejores intereses del pueblo haitiano.»
Ahora bien, ¿no deberíamos aplicar las mismas normas al presidente George W. Bush, quien ha mentido al pueblo estadunidense, violado el derecho internacional y organizado una guerra criminal con fundamento en un pretexto fabricado? La insurrección armada que contribuyó a derrocar a Aristide el 29 de febrero fue resultado de una operación militar y de inteligencia cuidadosamente preparada.
El ejército paramilitar sublevado cruzó la frontera desde la República Dominicana a principios de febrero. Constituye una unidad paramilitar bien armada, entrenada y equipada, integrada por antiguos miembros del Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH, por sus siglas en francés), formado por escuadrones de la muerte que participaron en matanzas de civiles y asesinatos políticos durante el golpe militar de 1991, patrocinado por la CIA, que condujo al derrocamiento del gobierno democráticamente electo del presidente Jean Bertrand Aristide.
El autoproclamado Frente por la Liberación y la Reconstrucción Nacional (FLRN) está encabezado por Guy Phillippe, antiguo miembro de las fuerzas armadas haitianas y ex jefe de la policía, quien fue entrenado durante los años posteriores al golpe de 1991 por las fuerzas especiales de Estados Unidos en Ecuador, junto con una docena de otros oficiales del ejército haitiano.
«Una de las últimas de las infames masacres ocurrió en abril de 1994 en Rabouteau, ciudad perdida ubicada en la costa, a 160 kilómetros de la capital, que tiene unos 6 mil habitantes, en su mayoría pescadores y recolectores de sal, pero tiene fama de ser un bastión opositor en el que con frecuencia se ocultan los disidentes políticos… El 18 de abril (de 1994), 100 soldados y unos 30 paramilitares llegaron a Rabouteau para lo que los investigadores llamarían más tarde un ‘ensayo con vestuario’. Sacaron a pobladores de sus hogares y les exigieron revelar dónde se escondía Amiot Cubain Metayer, conocido partidario de Aristide. Golpearon a muchos, obligaron a una mujer embarazada a abortar y a otros los hicieron beber agua de drenajes abiertos. Los soldados torturaron a un ciego de 65 años de edad hasta que vomitó sangre. Murió al día siguiente. Los soldados regresaron antes del amanecer del 22 de abril. Saquearon hogares y abatieron a personas a balazos en las calles y, cuando algunos residentes huyeron hacia el mar, otros soldados les dispararon desde embarcaciones. Durante días flotaron cuerpos a la deriva; algunos jamás fueron recobrados. El número de víctimas fue de varias decenas. Cientos más huyeron del poblado, temiendo nuevas represalias.» (St. Petersburg Times, Florida, 1º de septiembre de 2002.)
Durante el gobierno militar (1991-1994), el FRAPH estuvo (extraoficialmente) bajo la jurisdicción de las fuerzas armadas y recibía órdenes del comandante en jefe, general Raoul Cedras. Según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el frente recibía apoyo de la CIA.
Durante la dictadura militar el narcotráfico fue protegido por la junta militar, que a su vez recibía apoyo de la agencia estadunidense. Los líderes golpistas de 1991, entre ellos los comandantes paramilitares del FRAPH, estaban en la nómina de la agencia. Emmanuel Constant, alias Toto, confirmó al respecto, en una emisión de 60 Minutes de la CBS, en 1995, que la CIA le pagaba unos 700 dólares al mes y que creó el FRAPH cuando estaba en la nómina de la agencia.
La «oposición» civil
La llamada Convergencia Democrática (CD) es una agrupación de unas 200 organizaciones políticas, encabezada por Evans Paul, ex alcalde de Puerto Príncipe. Junto con el Grupo de 184 Organizaciones de la Sociedad Civil (G-184), la CD ha formado la llamada Plataforma Democrática de Organizaciones de la Sociedad Civil y Partidos Políticos de Oposición.
El G-184 está encabezado por André (Andy) Apaid, ciudadano estadunidense de padres haitianos, nacido en Estados Unidos. Apaidel es le mayor empleador industrial de Haití, propietario de Alpha Industries, una de las principales maquiladoras de exportaciones de mano de obra barata establecidas durante la era de Duvalier. Sus fábricas, donde se labora en condiciones de explotación, producen textiles y ensamblan artículos electrónicos para firmas estadunidenses, entre ellas Sperry/Unisys, IBM, Remington y Honeywell. El actual salario mínimo en el país es de 1.50 dólares diarios, Alpha Industries paga 68 centavos de dólar por día y obligan a sus empleados a trabajar semanas de 78 horas.
El papel del Fondo Nacional para la Democracia (NED)
En Haití, esta «sociedad civil opositora» la financia la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), que trabaja de común acuerdo con la CIA. La Plataforma Democrática es apoyada por el Instituto Republicano Internacional (IRI), brazo de la NED. El senador John McCain es presidente del consejo de directores del IRI.
El líder del G-184, Andy Apaid, estaba en contacto con el secretario de Estado Colin Powell en los días anteriores a la partida de Aristide hacia República Centroafricana, el 29 de febrero. Su organización aglutinadora de cúpulas empresariales y ONG religiosas, que también cuenta con apoyo del IRI, recibe importantes cantidades de dinero de la Unión Europea.
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