Los investigadores aseguran que el expresidente “ordenó la formación de un esquema delictivo al llegar al poder”
El expresidente más popular de la historia de Brasil está desde este miércoles un paso más cerca del abismo. La fiscalía brasileña ha lanzado contra Luiz Inácio Lula da Silva la acusación más grave imaginable en el actual panorama político brasileño: ser “el comandante máximo del esquema de corrupción investigado por Lava Jato”, es decir, el mayor escándalo de desvío de fondos públicos en la memoria reciente del país. Una acusación que salpica a algunas apariciones recientes de Lula pero que sobre van dirigidas a sus dos legislaturas, movidas, según cuenta ahora la fiscalía, por los sobornos y las adjudicaciones a dedo. Formalmente, Lula y su mujer han quedado acusados de haber recibido sobornos de la empresa OAS, implicada en el escándalo de corrupción de Petrobras. El futuro del exmandatario, que hace poco declaró su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2018, queda en las manos del juez Sérgio Moro, responsable de la investigación y archienemigo del exmandatario del Partido de los Trabajadores. Él es quien decidirá si Lula termina sentado en el banquillo de los acusados.
En particular, la fiscalía acusa a Lula de corrupción a través de la empresa OAS Léo Pinheiro, de la cual, sospechan, recibió hasta 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares), sobre todo en lo relativo a una casa, propiedad de Lula, supuestamente, de tres plantas en Guarujá, a las afueras de São Paulo: 1,1 millones (330.000 dólares) fueron para la compra de la casa, 926.000 (278,000 dólares) para la reforma y 350.000 (105.000 dólares) para equipar la cocina. Lula, por su parte, ha negado ser propietario de la vivienda. OAS también invirtió, se supone, 1,3 millones de reales en almacenar los bienes de Lula después de que dejara la presidencia.
Tanto Lula como su esposa, María Letícia, han quedado acusados también de estar implicados en un caso de sobornos al presidente del Instituto Lula (el organismo que funciona como portavoz del exmandatario brasileño), Paulo Okamoto; el arquitecto Paulo Gordilho y cuatro extrabajadores de OAS: el expresidente José Adelmário Pinheiro, conocido como Léo, el exejecutivo Agenor Franklin Magalhães Medeiros y otros dos empleados, Fábio Hori Yonamine y Roberto Moreira Ferreira.
La fiscalía habló de otras sospechas, como el que varias empresas que hayan donado dinero al Instituto Lula y formen parte de la red de Petrobras, y lo vinculó a otras acusaciones que ya penden sobre el presidente. Primero por, supuestamente, obstruir las investigaciones del Lava Jato al intentar evitar la acusación de Néstor Cerveró, el exdirector de la petrolera estatal Petrobras, sede de los escándalos que se investigan. Y segundo, por ser, de nuevo supuestamente, el propietario de una finca en Atibaia (São Paulo), reformada por la constructora Odebretcht. En realidad, el esquema de corrupción de Petrobras que baraja la justicia se remonta hasta 1987, pero, en función de la ley brasileña, solo se pueden investigar los últimos 12 años: justo el primer mandato de Lula.
No había ni terminado la rueda de prensa y el equipo de abogados de Lula ya estaba defendiendo su inocencia en redes sociales. “Desde el 30 de enero de 2016, Lula entregó los documentos que prueban que él no es el dueño de ningún apartamento en Guarujá”, publicó en su página de Facebook. “Lula apenas estuvo una vez en ese edificio, cuando su familia se planteaba comprar el inmueble. Jamás fue propietario”. En Twitter, sin embargo, hizo una broma histórica: “Curiosidad histórica: [el expresidente de Brasil] Juscelino Kubischek fue acusado de ser dueño de un inmueble en nombre de un amigo”.
Brasilia 15 SEP 2016 – 02:42 COT
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