Mariano Rajoy lo calificó como “el mejor ministro de Economía de la democracia” y “artífice del milagro español”: Rodrigo Rato, también ex director gerente del FMI, hoy está acusado de fraude fiscal.
El jueves 16 el Juzgado número 35 de Madrid ordenó el registro del domicilio de Rodrigo Rato. Tres horas después Rato fue detenido por la policía judicial acusado de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Imputado también, dentro del caso Bankia, por otros graves delitos motivo de “alarma social”, la opinión pública española considera que el único milagro de Rodrigo Rato es haber eludido la prisión. A un mes de las elecciones municipales y autonómicas, este nuevo escándalo amenaza las mayorías absolutas del Partido Popular que, a pesar de todo, puede ser la fuerza política más votada.
Con unos índices de pobreza y desigualdad social que se cuentan entre los más elevados de la Unión Europea, con la tasa de desempleo más alta de la Ocde (23,6 por ciento), con casi 180 mil desalojos ejecutados en los últimos seis años y un modelo productivo que, basado en sectores de bajo valor añadido –como la construcción y el turismo, responsables de la mitad del producto nacional–, es incapaz de revertir la situación, la empobrecida sociedad española es extremadamente sensible a la cascada de delitos de fraude fiscal, malversación de fondos y corrupción que, en lo que va del siglo, tienen como protagonistas a cerca de 400 políticos y altos jerarcas, un 80 por ciento de los cuales son miembros del PP y el Psoe, los dos partidos que se han alternado en el poder desde los ochenta. Rato es uno de esos altos jerarcas.
La operación en su contra se originó el 17 de febrero, cuando el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, anunció que 715 contribuyentes “expuestos políticamente”, acogidos a la regularización fiscal aprobada en 2012 por el gobierno de Mariano Rajoy, iban a ser indagados. A esta regularización fiscal (que hizo aflorar 40.000 millones de euros no declarados y de los cuales sólo 1.700 millones fueron para Hacienda) se acogieron 30 mil personas, entre los que se encontraban Luis Bárcenas (ex tesorero del PP, imputado por su implicación en el caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al Partido Popular), varios hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol y Diego Torres (socio del yerno de Juan Carlos de Borbón), todos procesados por fraude fiscal y/o evasión de capitales. Rodrigo Rato era uno de los 715 indagados por la Agencia Tributaria. Sus investigadores entregaron al titular del Juzgado 35, Enrique de la Hoz, un esquema de la trama liderada por el ex director del Fmi y compuesta por siete u ocho sociedades ubicadas en paraísos fiscales de Gibraltar y Suazilandia. Cada una de ellas habría ocultado al fisco entre uno y dos millones de euros. Algunas de estas empresas, al parecer, se utilizaron para trasvasar dinero a sus hijos, mediante donaciones que luego retornaban al propio Rato a través de firmas que actuaban como pantalla.
El fin era sortear un eventual embargo de bienes por parte de la Audiencia Nacional en relación con el caso Bankia, en el que el ex ministro figura como encausado. Ese movimiento de capitales constituiría un delito de alzamiento de bienes. También para evitar esas y otras responsabilidades económicas se sospecha que ha puesto diversas propiedades a nombre de terceros.
Las pesquisas contra Rato incluyen asimismo el fraude fiscal (dejó de tributar 1,42 millones de euros por Irpf). Según la investigación, su patrimonio descubierto de 26,6 millones de euros no fue declarado en su totalidad, ni en la amnistía fiscal ni en la regularización de bienes en el extranjero que el gobierno permitió en 2013.
El caso Bankia. Rato, militante del PP, vicepresidente segundo del gobierno y ministro de Economía de José María Aznar entre 1996 y 2004, fue calificado por el propio Fmi, al que condujo entre 2004 y 2007, como uno de los peores directores jamás habidos y responsable de una nefasta gestión que ponía como ejemplo de economía “robusta” a Islandia (que después quebró) y elogiaba el sistema financiero estadounidense como “resistente y bien regulado” (como Lehman Brothers y el resto de la banca de inversión demostraron). Chicago boy puro y duro, el español aseguraba también que “los mercados han mostrado que pueden autocorregirse y que de hecho lo hacen”. En 2010, sin embargo, Rajoy decidió premiarlo con la presidencia de Caja Madrid, por entonces la cuarta entidad financiera del Estado español. Durante su gestión Rato fusionó a Caja Madrid con otras seis cajas de ahorro (entidades de titularidad pública), dando paso a Bankia, que en julio de 2011 salió a la bolsa con una capitalización de 6.500 millones de euros. Dos años más tarde apenas superaba los 225 millones. En diciembre de 2011 el Banco de España obligó a los directivos de Bankia a publicar sus salarios: Rato percibía 2,34 millones de euros por año. Cinco meses más tarde dimitió tras haber presentado un plan para el banco, rechazado por el Estado, donde se exponía que la entidad tendría que recibir unos 6.000 millones de euros de dinero público. Considerada por el Fmi el principal riesgo para el sistema bancario español, en mayo de 2012 Bankia pasó a ser controlada por el Estado. Después del rescate de Bankia, la UE entregó 100.000 millones de euros a la banca española. El Fmi apuntó a la criatura de Rato como el principal responsable del rescate.
En la causa Bankia, en julio de 2012, la Audiencia Nacional imputó a Rato los delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida. Esto es, falsificar la realidad para poder salir a cotizar en la bolsa. También está imputado por administración desleal y apropiación indebida en la pieza separada de las tarjetas de crédito opacas al fisco con las que Rato y los ex consejeros de la entidad financiera gastaron 15,5 millones de euros.
Por suerte para Rodrigo Rato, el viernes 24, estimando los recursos interpuestos por él y otros tres imputados, la Audiencia Nacional rebajó la fianza civil impuesta en marzo a Bankia y cuatro directivos –Rato entre ellos– por la salida a la bolsa de la entidad con información financiera falseada: de 800 millones a 34 millones de euros. Bankia, consecuentemente, deberá bajar la cantidad reclamada al ex ministro –la sexta parte de la fianza– de 133 a 5,6 millones. Los embargos que Rato temía siguen, sin embargo, vivos.
Año electoral.
En opinión de muchos analistas políticos, la de Rodrigo Rato ha sido una caída propiciada desde su bando. Una cabeza de turco que, a menos de un mes de la primera cita con las urnas de este año, purifique al PP y lo salve de la quema a donde lo llevan la corrupción y las políticas de ajuste. Los propios integrantes del partido heredero del franquismo creen que el golpe puede ser devastador. Los sondeos electorales, no obstante, dan al partido que Rodrigo Rato recién abandonó esta semana como la agrupación política con más intención de voto. La entrada en liza de otro grupo de derecha, Ciudadanos, limitado a Cataluña durante 12 años, proporciona a Rajoy y al capital la muleta donde apoyarse y poder continuar con las mismas políticas aplicadas en los últimos años.
El Psoe y su nuevo secretario general, Pedro Sánchez, la otra cara de la moneda, intentan detener su más que probable debacle electoral erigiéndose en adalides de la honradez. La jugada no tiene visos de funcionar: la política económica del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero fue similar a la de Rajoy. El Psoe tiene en su haber dos amnistías fiscales. En cuanto al tema de la corrupción, también están parejos: sólo en Andalucía hay 65 altos jerarcas del Psoe procesados, entre ellos dos parlamentarios y ex presidentes de la Junta.
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La mentira del “milagro económico”
Bajo su primer gobierno, en la década del 90, José María Aznar eligió a Rodrigo Rato para “sanear” la economía española y poder cumplir con su objetivo de entrar en el euro, que se le hacía lejano por no llenar las exigencias de la UE en materia de déficit, deuda pública e inflación. La primera medida del nuevo ministro consistió en eliminar 1.200 millones de euros del presupuesto y congelar los salarios de los funcionarios. A continuación privatizó todas las empresas estatales rentables (Endesa, Repsol, Telefónica, Tabacalera, Argentaria, Iberia). El Estado consiguió en dos años 25.000 millones de euros y pasó el examen del euro. Aznar podía codearse sin complejos con los grandes líderes. Para potenciar la economía, Rato parió la ley que convirtió a toda España en urbanizable: la “ley del suelo”. El ladrillo lo cubrió todo. Los técnicos del Banco de España advirtieron en un informe que la vivienda estaba sobrevalorada “entre un 8 y un 20 por ciento”. “No hay burbuja –decía sin embargo Rato en 2003–. Si la vivienda está cara es porque muchos españoles pueden pagar.” Para contener la inflación de modo artificial impulsó el déficit de tarifa, mediante la ley 54/1997 del sector eléctrico, sistema por el cual el usuario final no pagaba en el momento todos los costes de la electricidad recibida y dejaba una parte para más adelante. El agujero en las finanzas del Estado se estimó en 2011 en 20.000 millones de euros. Hasta que la burbuja estalló, todos creyeron en el milagro…
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