El jefe de Estado vive sus horas más aciagas con su base de apoyo fracturada y un alto rechazo de la ciudadanía. La Procuraduría le solicitó al Supremo Tribunal Federal que Temer sea apartado del cargo. Cardoso, del partido aliado, pidió su renuncia.

Michel Temer se convirtió en el primer presidente brasileño acusado formalmente de corrupción. El procurador general, Rodrigo Janot, lo denunció por corrupción pasiva ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial del país. Junto con la denuncia Janot solicitó que Temer sea separado del cargo. El mandatario vive sus horas más aciagas con su base de apoyo fracturada y un alto rechazo de la ciudadanía.

Los cargos en contra el mandatario sólo serán aceptados tras un análisis del Supremo Tribunal; para que el trámite siga adelante debe contar con el aval de la Cámara de Diputados. El primer análisis de la denuncia recaerá en manos del juez Edson Fachin, instructor del caso en el máximo tribunal, que luego debe decidir si la remite a la Cámara baja, que tendrá la última palabra sobre el asunto por normas constitucionales. Si la denuncia fuera aceptada, Temer podría ser suspendido de sus funciones por 180 días.
En medios políticos y jurídicos la acusación formal contra Temer era un secreto a voces, sobre todo, porque el fiscal Janot adelantó la semana pasada su convicción de que Temer había recibido ventajas ilícitas del grupo JBS, que supuestamente negociaba su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, actualmente en prisión por ese mismo asunto. Mismo convencimiento mostró la Policía Federal, a cargo de las investigaciones, que en un informe preliminar entregado la semana pasada al Supremo sostuvo que existen serios indicios de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.

Hipótesis de los sabuesos que fue reforzada ayer cuando, en otro informe, la Policía Federal concluyó que el mandatario también intentó obstaculizar investigaciones y dejó de comunicar a las autoridades sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, algo que podría generar otras denuncias. Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, que dijeron que sobornan al mandatario desde 2010 y además entregaron a la justicia grabaciones que comprometen al gobernante.
En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del gobierno como con representantes del poder judicial. Las grabaciones fueron hechas por Batista durante una visita que le hizo a Temer en marzo, por lo que la sospecha que se teje en torno al mandatario se refiere a hechos ocurridos en el ejercicio de su mandato, algo que la Constitución impone como requisito para que un gobernante pueda ser objeto de un proceso penal.

En caso de que el juez Fachin considere procedente la denuncia, la decisión final será tomada en Diputados, que la analizarán primero en la Comisión de Constitución y Justicia y luego en el pleno del órgano legislativo. Si los diputados avalan finalmente la denuncia por el voto de la mayoría de dos tercios, Temer sería suspendido de sus funciones durante un plazo de 180 días y su vacante sería cubierta en forma interina por el presidente de la Cámara baja, Rodrigo Maia.

Y si resultara condenado finalmente, en un plazo de treinta días Maia debería convocar a las dos cámaras legislativas para elegir en forma indirecta a la persona que debería completar el período presidencial, que, en este caso, concluye el 1° de enero de 2019. Sin embargo, todo eso quedaría en la nada si los diputados rechazan la denuncia, pues eso obligaría al máximo tribunal a archivar el caso y el presidente continuaría en el poder. El actual mandato presidencial lo inició el 1 de enero de 2015 Dilma Rousseff, destituida por irregularidades fiscales el año pasado y sustituida por Temer, quien entonces ocupaba el cargo de vicepresidente.

Aunque fue formalizada ayer, el plazo para que el Ministerio Público presentara la denuncia formal contra el mandatario vencía hoy y había sido definido el viernes por el juez Fachin, que lleva adelante el expediente del Supremo, donde se investiga a Temer por presuntos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita.

La alianza gobernante está cada vez más desunida. El ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso le pidió a Temer que posibilite una reforma constitucional para limitar su mandato ante la crisis política que atraviesa su gobierno. Cardoso, quien fue presidente de Brasil entre 1995 y 2003, expresó su pedido en una artículo de opinión publicado ayer en el diario Folha de Sao Paulo. “Sólo el presidente tiene la legitimidad para reducir su mandato, proponiendo él mismo una emienda legal que dé lugar a una modificación de la Constitución”, señaló el histórico dirigente del Partido de la Social Democracia Brasileña, que forma parte todavía de la base aliada del gobierno. El ex mandatario recordó su apoyo a Temer tras la destitución de Rousseff, pero dijo que las acusaciones de corrupción en contra del mandatario hacen que sea necesario que dé un paso al costado. “Michel Temer tiene la responsabilidad y tal vez la posibilidad de ofrecer al país un camino más venturoso antes que el actual escenario político sea arrasado”, afirmó Cardoso, que también le pidió a Temer que tenga sentido común.

A pesar de su delicada situación política, el jefe de Estado afirmó que nada lo destruirá. “Brasil estaba en una crisis gravísima, pero ahora ha vuelto a tener dirección y está en el camino de la responsabilidad”, aseguró en un acto con empresarios del comercio minorista en el que sancionó una ley que permite diferenciar precios si el pago es realizado en efectivo o con tarjeta de crédito.

Por otra parte, Luiz Inácio Lula da Silva lidera las encuestas a un año de las elecciones presidenciales. La encuesta, realizada por la consultora Datafolha y divulgada ayer por Folha, muestra que Lula encabeza con un 30 por ciento la intención de voto para presidente.

Un ministro en la mira

Las autoridades brasileñas investigan el origen de 500 kilos de cocaína encontrados en una avioneta perseguida por un caza de la Fuerza Aérea después de haber partido de una hacienda del ministro de Agricultura, Blairo Maggi. El hecho ocurrió el domingo, cuando el piloto de una avioneta considerada sospechosa ignoró varios pedidos de identificación, y ante esa irregularidad enviaron un caza para interceptarlo, explicó la Fuerza Aérea en un comunicado. El piloto omitió la presencia del avión militar, que llegó hizo un disparo de advertencia frente al cual la avioneta aterrizó en una zona rural del estado central de Goias, donde se constató que transportaba media tonelada de cocaína. Según una nota difundida por la Fuerza Aérea, la avioneta partió de la hacienda Itamarati Norte, ubicada en el municipio de Campo Novo do Parecis, en el estado de Mato Grosso. La hacienda, de 40.000 hectáreas, es propiedad del Grupo Amaggi, que opera también en Argentina, Paraguay, Holanda, Noruega y Suiza y pertenece a la familia del ministro de Agricultura, un poderoso empresario del campo brasileño. Pese a la información inicial, la Fuerza Aérea divulgó una segunda nota en la que aclaró que en realidad eran 653 kilos de cocaína y que la información sobre el punto de partida de la avioneta había sido dada por el propio piloto y debía ser confirmada en el curso de las investigaciones. El ministro Blairo Maggi, a través de su cuenta personal en Twitter, destacó que el estado de Mato Grosso “es vulnerable a la acción del narcotráfico, por las fronteras que posee” con Paraguay y Bolivia. El Ministerio de Agricultura adelantó que no haría comentarios y remitió el asunto al Grupo Amaggi, que en un comunicado afirmó que “la empresa no tiene ningún vínculo con la avioneta descripta por la Fuerza Aérea” y “no emitió autorización para aterrizaje o partida de la misma” en alguna de las once pistas que tiene la hacienda Itamarati Norte.