En medio de los abucheos de cientos de manifestantes concentrados frente al Congreso, y tras 14 horas de debate, la Cámara de Diputados uruguaya rechazó la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, conocida como “ley de impunidad”. La votación terminó empatada en 49 votos ante la deserción del oficialista Víctor Semproni, quien argumentó no estar de acuerdo con la decisión tomada por su partido, el gobernante Frente Amplio.
Mientras tanto seguirá vigente la ley 15.848, votada en 1989 y ratificada en plebiscitos de 1989 y 2009, que bloquea algunas investigaciones pero permite juzgar otros delitos como el secuestro de niños y acciones en las que hayan participado civiles.
“Traidores”, fue el grito que recibieron los legisladores luego de la votación. Algunos miles se habían congregado en las primeras horas de la tarde en los alrededores del palacio legislativo, sede del Congreso, convocados por la central única de trabajadores PIT-CNT en medio de una huelga general parcial de cuatro horas. Otros cientos ingresaron a la sala de sesiones y siguieron el debate.
Semproni, un ex guerrillero de 74 años que sufrió torturas durante la dictadura, dijo estar “totalmente de acuerdo y en pie de lucha para borrar definitivamente la Ley de Caducidad del sistema legal uruguayo”, pero consideró también la iniciativa “poco segura” y “generadora de mayores dificultades”.
Así fundamentó en contra y se retiró de la sala, confirmando lo que había adelantado en la semana, de que no votaría, pese al pedido que le hizo el presidente del país, José Mujica, para que se alineara con su partido y obedeciera el mandato por disciplina. “Me voy a comer algo dulce para ahogar las penas”, dijo Semproni al salir de la sesión, durante la madrugada.
Durante la extensa sesión hubo varios intentos de legisladores oficialistas por convencer a Semproni de que modificara su actitud, pero el legislador se mantuvo firme y en la última de esas reuniones. Fuera de la sala de sesiones, se limitó a decir en tono de broma: “Hubo un cambio; en vez de sentarme en la primera fila, voy a sentarme en la segunda”.
Entre el público que asistió al debate y que permanecía en el recinto al momento de la votación se encontraban algunos familiares de detenidos-desaparecidos, que hoy realizarán la tradicional “Marcha del silencio” por el centro de Montevideo. Esa manifestación se realiza cada 20 de mayo en homenaje a todos los desaparecidos y víctimas de la dictadura, y coincide con el asesinato de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el 20 de mayo de 1976, en Buenos Aires.
Familiares de desaparecidos demandan a Mujica que encabece las investigaciones
“Pienso que los caminos están abiertos para buscar los consensos necesarios para borrar la ley de caducidad, esta es la esperanza que mantenemos”, dijo Ignacio Errandonea, integrante de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. El militante dijo que en las agrupaciones de derechos humanos de ese país hay “una cierta decepción” tras el fracaso del Frente Amplio en la votación que en el Congreso durante la sesión que buscó anular esa norma. Por esto afirmó que es el Poder Ejecutivo quien ahora deberá ponerse al frente de la investigación por los crímenes ocurridos durante la dictadura.
Los familiares de desaparecidos en la última dictadura uruguaya (1973-1985) criticaron la vigencia de la ley que impide el juzgamiento de quienes cometieron asesinatos y torturas durante ese período y enfatizaron que “no apuntamos a una u otra solución jurídica, decimos que es un tema de voluntad política de los diferentes poderes del Estado encontrar una solución al tema de la verdad, que tiene que ser encarado con una investigación seria y responsable del Poder Ejecutivo”, según Errandonea.
“Con ley o sin ley se puede investigar y no se ha hecho. A santo de qué nuestros familiares siguen estando desaparecidos, ¿por qué la institución militar no abre sus archivos? Eso lo venimos diciendo desde hace muchísimos años”, criticó.
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