El modelo de dominación política del posneoliberalismo
Ahora bien, si el posneoliberalismo necesita de un Estado fuerte es para asegurar la seguridad jurídica y la convergencia normativa. La disidencia y el cuestionamiento hacia la razón de Estado que puedan realizar las organizaciones sociales puede crear “inseguridad jurídica”, y esto ahuyenta a los inversionistas. Sin inversión extranjera directa, dicen los gobiernos posneoliberales, no hay crecimiento económico y sin éste no hay ni empleo ni ingresos. Éste es el núcleo que une la criminalización social con la acumulación del capital.
Cuando está de por medio una dinámica en virtud de la cual la acumulación del capital está en su fase extractivista que implica desposesión territorial y pérdida de soberanía, es lógico suponer que quienes se oponen a esas dinámicas de acumulación por desposesión entran en conflicto directo con el Estado, no con las corporaciones transnacionales ni los inversionistas. Si el Estado ha concesionado un territorio para la minería, o para los ejes multimodales (por ejemplo IIRSA), quien confronte, critique, cuestione y se oponga a esas concesiones tendrá que vérselas de forma directa con el Estado, no con los inversionistas que operan en esas concesiones ni con sus empresas.
El Estado protege y ampara a la inversión y al inversionista por sobre su misma sociedad y crea instrumentos jurídicos a este tenor, si no recuérdese todos los artículos sobre la protección al inversionista y a las inversiones que constan en todos los Tratados de libre comercio que han suscrito varios países de la región e, incluso, las leyes específicas que han sido aprobadas para defender el estatuto jurídico de los inversionistas. Si la sociedad resiente del inversionista y sus inversiones porque considera que afectaría a sus derechos, entonces, la sociedad puede ser criminalizada y perseguida porque el derecho de propiedad es el centro de la transformación posneoliberal y debe ser garantizado y protegido sobre cualquier otra consideración. Afectar al derecho de propiedad es afectar la razón misma del derecho moderno e irse en contra del Estado como interés general.
De esta forma, la violencia retorna al principio jurídico-político del Estado liberal del siglo XIX. La violencia está hecha para disciplinar al interior de los marcos jurídico-políticos establecidos desde la acumulación capitalista. Es por ello que el Estado posneoliberal puede adscribir a las nociones del derecho a la defensa anticipada de la Doctrina Bush y asumir la confrontación contra el Estado como un delito imputable a la figura del terrorismo.
Ahora resulta transparente el trasfondo de considerar como terroristas a todas las organizaciones sociales que se oponen al “desarrollo” (es decir, la acumulación capitalista por desposesión). Por supuesto que no se trataba del “desarrollo”, al menos en una versión que haría pensar al estructuralismo latinoamericano de sus primeros años, tampoco se trataba de la versión tradicional de las fuerzas de mercado como condición del desarrollo. El “desarrollo económico” , en cualquiera de las versiones del término, no tenía nada que ver con la violencia que se está suscitando desde el posneoliberalismo. La criminalización social que se está produciendo en la región es la constatación de que algo más profundo y denso se había producido en los mecanismos de la dominación política. A ningún gobierno neoliberal se le habría ocurrido decir que oponerse a las políticas de ajuste significaba un acto de terrorismo. El neoliberalismo hablaba de gobernabilidad y gobernanza, mas no de terrorismo. Es el posneoliberalismo el que enuncia el terrorismo como figura política de disciplina, control y sometimiento.
La apelación al terrorismo se la hace en referencia al extractivismo y las resistencias sociales que provoca. Cuando se establecía una ecuación de igualdad entre la oposición al “desarrollo” y el terrorismo, se estaba generando un mensaje bastante claro para aquellos que se oponen al extractivismo, es decir, las organizaciones sociales que estaban movilizándose en oposición a la minería abierta en gran escala, a la ampliación de la frontera hidrocarburífera, a los servicios ambientales, a los ejes multimodales de transporte, a los transgénicos, a la privatización del agua, entre otros.
Puede verse, por ejemplo, que la mayoría de gobiernos de la región nunca utilizan el expediente del terrorismo en contra de su propia oposición política. Ni Evo Morales, ni Rafael Correa, ni la Concertación en Chile, ni Lula, entre otros, calificaron a la oposición política como “terroristas”. La utilización del terrorismo fue exclusiva para la persecución a los dirigentes sociales y populares que se oponían a las derivas extractivistas que estaban en función de la acumulación del capital en su momento de desposesión territorial. Fueron los dirigentes sociales que defendían sus territorios, sus recursos, su propia vida, los que fueron perseguidos bajo la acusación de terrorismo.
En el posneoliberalismo el modelo de dominación política disuelve en el vacío jurídico las resistencias sociales y las criminaliza. No hay opciones de oponerse a la violencia legítima del Estado. Es un modelo de dominación que tiene que recurrir a un control panóptico de la sociedad. Que tiene que provocar inseguridad social permanente. Que recupera el miedo pero ahora por fuera de los mecanismos de mercado y de la crisis económica, y que lo inscribe en la misma convivencia social. En el modelo de dominación política del posneoliberalismo la violencia se convierte en cotidiana. La guerra se instaura como algo normal, de todos los días. En el modelo de dominación política del posneoliberalismo los ejércitos vuelven sus armas contra su propia población. Puede ser que se hable de la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, o lo que se quiera, pero la cuestión es que ahora los ejércitos armados se convierten en parte del paisaje urbano. La sociedad se ha militarizado por cualquier pretexto y asume esa militarización como algo normal, como algo necesario. De la misma forma que durante el neoliberalismo asumía como natural y necesarias las recomendaciones económicas del FMI.
Violencia política y heurística del miedo
El sustrato de violencia que caracteriza a los gobiernos posneoliberales forma parte de los procesos de acumulación por desposesión y control disciplinario por medio de procesos institucionales. El posneoliberalismo significa la reconstrucción del Estado decimonónico porque la acumulación del capital ha regresado también al siglo XIX. Con el posneoliberalismo se clausura de forma definitiva el Estado de Bienestar o el Estado de la industrialización.
En el posneoliberalismo el formato de Estado que se convierte en dominante es aquel del “Estado de derecho”; mas, hay que aclarar los términos. Cuando se menciona al Estado de derecho se suele pensar en los derechos liberales y burgueses y, entre éstos, los derechos humanos, los derechos colectivos y los derechos sociales. El Estado de derecho, en realidad, hace referencia al derecho a la propiedad. Los demás derechos se subsumen al derecho a la propiedad al que se lo considera como fundamental y prioritario. De todas maneras, existe una definición que da mejor cuenta de lo que quiere decir “Estado de derecho”, y es aquella de la “seguridad jurídica”. Quienes reclaman seguridad jurídica no son los ciudadanos son lo inversionistas.
Cuando el Estado cambia su estructura hacia la seguridad jurídica se convierte en Estado de derecho[8]. La forma por la cual se producen esas transformaciones es a través de la convergencia jurídica con los acuerdos supranacionales de comercio que tienen en la OMC y en los tratados de libre comercio su garantía última. La reconstrucción del Estado al interior de los procesos de convergencia normativa apela a la violencia jurídica y política y cierra cualquier espacio social solamente a aquellos que constan dentro del Estado y su violencia legítima.
Para el posneoliberalismo, nada puede existir fuera del Estado, incluso la sociedad es acotada a los límites del Estado. Esta versión de Estado es aquella del siglo XIX en donde la burguesía estaba en su proceso de emancipación política y quería controlar a las sociedades a nombre del “interés general”. La violencia del posneoliberalismo radica justamente en esa dinámica de cerrar la política a las dimensiones del Estado. Es por ello la prioridad que tiene en esta coyuntura el cambio institucional, porque las instituciones van a codificar esas relaciones de poder desde la lógica de la razón de Estado y su violencia.
En poco tiempo, los disidentes más radicales y los críticos más tenaces han sido silenciados. El modelo de dominación política no necesitó de la violencia explítica para someterlos y neutralizarlos, sino de la razón de Estado y de la violencia legítima del derecho. Las organizaciones sociales fueron perseguidas, sus líderes criminalizados, sus estructuras sociales violentadas pero, cabe aclarar, al interior del Estado de derecho. Los medios de comunicación que mantenían una línea de oposición crítica también fueron silenciados, independientemente de que hayan correspondido a la derecha política. Su silencio se avaló con las leyes existentes. La violencia que se utilizó contra ellos fue la violencia del derecho, en consecuencia, una violencia legítima. No había, entonces, nada que reclamar. El régimen posneoliberal cerraba los espacios sociales de crítica y de oposición con los recursos que al efecto le daban la ley y el derecho. Siempre había un recurso legal que podía ser utilizado en contra de sus oponentes y, hay que decirlo, siempre fueron utilizados.
El modelo de dominación política del posneoliberalismo no solo que suprime la contraviolencia legítima y que utiliza la violencia legítima en contra de todos sus oponentes, sino que produce una transferencia de esa violencia hacia el partido de gobierno. Al criticar al gobierno no solo que se está cuestionando una forma particular de políticas públicas, algo normal en una democracia, sino que ahora se estaría trasgrediendo la razón misma de Estado, porque en el nuevo modelo de dominación política, los partidos gobernantes son el Estado.
Empero, existe otra dinámica que es inherente al nuevo modelo de dominación política, se trata del miedo como una heurística del poder y del Estado como garante y condición de ese miedo social. En el posneoliberalismo se ha creado un ambiente de incertidumbre, de desconfianza, de confrontación, de ruptura permanente que desgarra permanentemente el tejido social. Ahora nadie está a salvo y, para el poder, nadie es inocente. La frontera de trazada de “o con nosotros o contra nosotros” se convierte en recurso del poder. Pocos son aquellos que pueden desafiar al Estado ahora convertido en condición de posibilidad de un partido político. En este nuevo modelo de dominación política la persecución se asentó en un control panóptico a la sociedad.
Esa inseguridad permanente fractura las solidaridades sociales. Obliga a buscar refugio y escurrirse de los ruidos de la historia. Es una inseguridad que la sienten todos los empleados del sector público que no pueden emitir el más mínimo comentario porque tienen miedo que el panoptismo del poder pase la factura. Es el miedo del hombre o mujer de la calle que se sienten en una amenaza permanente por la delincuencia, el crimen organizado, o la represión pública. Un miedo que paraliza, que corroe, que desarma.
Bibliografía
Benjamin, Walter: Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Taurus Ed.-Santillana, 1998
Bolívar Echeverría: La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. ERA, México, 2005.
Carlos Marx: Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Grijalbo Editores. Colección 70. México, 1968.
Dávalos, Pablo: La Democracia Disciplinaria: el proyecto posneoliberal para América Latina. Ed. CODEU-PUCE, Quito, 2010. (Próxima publicación en Colombia, ediciones desde abajo).
Dávalos, Pablo: Neoliberalismo político y “Estado social de derecho”, Disponible en internet: http://alainet.org/active/24785&lang=es
Foucault, Michel: El Nacimiento de la Biopolítica: Curso en el Collège de Francia. Buenos Aires. FCE, 2008
Naomi Klein: La Doctrina del Shock, Ed. Paidós, Barcelona, 2007.
[1] He realizado una primera lectura del posneoliberalismo en América Latina en: Dávalos, Pablo: La Democracia Disciplinaria: el proyecto posneoliberal para América Latina. Ed. CODEU-PUCE, Quito, 2010.
[2] El terrorismo económico del neoliberalismo está descrito en el texto de Naomi Klein: La Doctrina del Shock, Ed. Paidós, Barcelona, 2007.
[3] A esta forma por la cual la economía no depende de la sociedad sino de procesos naturales, y en donde los seres humanos por la lógica del mercado y sus equilibrios automáticos, crean comportamientos previsibles y, en consecuencia, susceptibles de orden y disciplina el filósofo francés Michel Foucault la denomina “biopolítica”. Cfr. Foucault, Michel: El Nacimiento de la Biopolítica: Curso en el Collège de Francia. Buenos Aires. FCE, 2008.
[4] Benjamin, Walter: Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV. Taurus Ed.-Santillana, 1998, pp. 40
[5] Walter Benjamin, op., cit. pp 27.
[6] Esta fue, precisamente, la crítica que hizo Marx al concepto de Estado en Hegel. Mientras que el filósofo alemán veía en el Estado la culminación de la racionalidad social de una razón universal, para Marx el Estado, en realidad, representaba una forma de dominación de clase. Cfr. Carlos Marx: Crítica de la filosofía del Estado de Hegel. Grijalbo Editores. Colección 70. México, 1968.
[7] Bolívar Echeverría: La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. ERA, México, 2005, pp 79, cursivas el original.
[8] Cfr. Dávalos, Pablo: Neoliberalismo político y “Estado social de derecho”, Disponible en internet: http://alainet.org/active/24785&lang=es
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