Del The Washington Post: “Hace una década, China aprobó leyes que tratan de las enfermedades mentales, buscando enterrar las prácticas arbitrarias del pasado, cuando el tratamiento psiquiátrico se utilizaba a menudo como una herramienta de control político. En 2012, aprobó un nuevo código de procedimiento penal que exigía una revisión judicial antes de que alguien acusado de un delito pudiera ser internado involuntariamente. En 2013, entró en vigor una nueva ley de salud mental que prohibía el internamiento involuntario salvo en casos de peligro para terceros.
Ahora, un nuevo e inquietante informe denuncia que la reforma de China ha fracasado y que los hospitales psiquiátricos se siguen utilizando para la represión política en pos del objetivo primordial del Partido Comunista de mantener la estabilidad. El informe, elaborado por Safeguard Defenders, un grupo no gubernamental de derechos humanos, se basa en 144 fuentes, en su mayoría de víctimas y familias que describieron la hospitalización forzada en hospitales psiquiátricos entre 2015 y 2021. El informe afirma que esta muestra limitada puede ser solo la punta del iceberg y concluye que las leyes de reforma “no aportaron ninguna mejora sustancial al abuso político sistemático de la psiquiatría en China.”
A continuación la presentación del informe por Safeguard Defenders y la descripción de algunos casos tomados del mismo.
Tortura mental: China encierra a sus críticos en centros psiquiátricos
En China, publicar un comentario político, presentar una queja sobre un funcionario corrupto o gritar consignas en la calle, hará que te encierren rápidamente en un centro de detención.
O puede hacer que te internen en un hospital psiquiátrico.
Un nuevo informe publicado hoy por Safeguard Defenders, Drogado y detenido: Las prisiones psiquiátricas de China, expone cómo la policía china y los agentes del gobierno siguen enviando a peticionarios y activistas a pabellones psiquiátricos para recibir un tratamiento obligatorio médicamente innecesario, donde algunos languidecen durante años.
En 2022, el Partido Comunista Chino (PCC) sigue encerrando de forma rutinaria a objetivos políticos en hospitales psiquiátricos, a pesar de que hace más de una década se introdujeron cambios legales para poner fin a esta práctica bárbara.
En nombre del mantenimiento de la estabilidad, el PCCh es capaz de apartar por completo a los solicitantes de reformas y activistas del sistema judicial, sin esperanza de ver a un abogado o de ir a juicio, al tiempo que les “diagnostica” una enfermedad mental para que estén socialmente aislados incluso después de ser liberados.
Para el informe se han utilizado fuentes secundarias de entrevistas a víctimas y sus familias y descubrimos que 99 personas habían sido encerradas en pabellones psiquiátricos 144 veces en los siete años que van de 2015 a 2021, abarcando 109 hospitales en 21 provincias, municipios o regiones de toda China.
Es importante señalar que esta cifra es “solo la punta del iceberg”. Las ONG y los medios de comunicación podrían no haber identificado muchos más casos, especialmente dado el clima de temor bajo Xi Jinping quien ha cerrado cada vez más a China al mundo exterior.
Estas cifras indican que el envío de presos políticos a pabellones psiquiátricos es algo generalizado y rutinario en China.
Las reformas legales no han funcionado
Hace veinte años, el mundo se horrorizó ante la noticia de que China estaba enviando a activistas y críticos a prisiones psiquiátricas. Se llamó Ankang, por el sistema de hospitales psiquiátricos gestionados por la policía para los penados con enfermedad mental.
Bajo intensas críticas internacionales y nacionales, Pekín dijo que estaba limpiando sus actuaciones. Entre 2012 y 2013, aprobó una nueva Ley de Salud Mental que estipula que el tratamiento obligatorio debe ser aprobado a través de una evaluación médica y revisó su Ley de Procedimiento Penal para dar supervisión judicial al internamiento psiquiátrico impuesto por la policía.
Pero nuestra investigación ha demostrado que estas reformas legales no han funcionado en absoluto.
La policía y los agentes del gobierno siguen enviando arbitrariamente a peticionarios y activistas, a veces repetidamente (¡una mujer del estudio había sido enviada 20 veces!) a internamiento psiquiátrico, tanto dentro del sistema Ankang como en instalaciones médicas generales.
Los médicos y los hospitales son coaccionados por las autoridades, o están en connivencia con ellas, al permitir que se produzcan estos abusos.
No hay supervisión, a pesar de que la ley lo contempla.
Abuso dentro del Ankang
Una vez dentro, las víctimas pueden permanecer allí durante meses, incluso años. Nueve víctimas llevan más de 10 años dentro. Otras han sido encerradas una y otra vez (casi un tercio de las 99 víctimas habían sido enviadas dos o más veces).
Encerrados, muchos pacientes sufrieron abusos físicos y mentales. Fueron sometidos a dolorosas terapias electroconvulsivas, a menudo sin anestesia; atados a sus camas, donde se les dejaba durante horas para que permanecieran humillados en sus propias deposiciones; y golpeados y aislados (se bloqueaba el contacto mediante visitas o llamadas telefónicas con sus familiares o abogados).
Incluso después de ser liberadas, las víctimas padecen graves traumas físicos y psicológicos, como una drástica pérdida de peso, cicatrices por haber sido dejadas durante horas atadas con la ropa sucia y una marcada pérdida de fuerza muscular.
La medicación forzada también ha dejado secuelas mentales duraderas, como signos de demencia incluso en víctimas jóvenes, terrores nocturnos, temblores y pensamientos suicidas.
China debe acabar con el Ankang
El problema es que las historias sobre el abuso político de la psiquiatría en China, que aparecen de vez en cuando, ya no aparecen en primera plana. Con este informe Safeguard Defenders trata de llevar el tema a la primera plana de las noticias sobre China.
Safeguard Defenders insta a la comunidad internacional a prestar atención una vez más a este grave abuso de los derechos humanos y a ayudar a presionar a Pekín para que cumpla las promesas que hizo hace una década.
China debe tomar medidas inmediatas para poner fin al abuso político de la psiquiatría, liberar a todas las personas injustamente encarceladas en hospitales psiquiátricos y proporcionarles pleno acceso a la reparación para solicitar una indemnización por su calvario y asistencia médica oportuna para tratar las consecuencias psicológicas y físicas de su calvario.
China también debe revisar urgentemente sus responsabilidades ante el derecho internacional en lo que respecta al tratamiento de los pacientes psiquiátricos y esforzarse por revisar la legislación actual y mejorar la comprensión de dicha legislación por parte del sector médico para evitar que este tipo de abusos vuelvan a producirse.
Algunas descripciones del informe:
El activista de Anhui Lv Qianrong dijo que los médicos del Departamento de Psiquiatría del Hospital Changzhou De’an, en la provincia de Jiangsu, le dijeron en 2018 que, aunque sus pruebas mostraban que no sufría una enfermedad mental, tenían que ingresarlo porque la policía se lo había ordenado y que no podían darle el alta hasta que la policía les diera su permiso. Lv estuvo encerrado durante nueve semanas.
El agricultor y peticionario de Hunan He Fangwu fue hospitalizado a la fuerza en múltiples ocasiones. En una institución, donde le “diagnosticaron” psicosis paranoide, un médico le dijo: “Es fácil entrar, pero más difícil salir. Los dirigentes nos han ordenado que te mantengamos aquí… nuestro trabajo es vigilarte las 24 horas del día”.
Andy Li, uno de los 12 de Hong Kong (un grupo de manifestantes prodemocráticos de Hong Kong que habían sido interceptados por la policía china de aduanas cuando intentaban escapar a Taiwán en una lancha rápida en 2020), desapareció en marzo de 2021 después de ser escoltado de vuelta a la ciudad. Ya había cumplido siete meses en la China continental por cruzar ilegalmente una frontera. Más tarde se supo que pasó varios días encerrado en el Centro Psiquiátrico Siu Lam de Hong Kong, una institución de máxima seguridad, y que sólo reapareció a principios de abril para comparecer ante el tribunal. Durante los días en que estuvo desaparecido, no se notificó a su familia su paradero, lo que esencialmente convierte su internamiento en Siu Lam en una desaparición forzada. El caso de Li parece ser una señal preocupante de que el abuso político de la psiquiatría que se practica en el continente se está exportando a Hong Kong tras la introducción de la draconiana Ley de Seguridad Nacional en 2020.
DONG YAOQIONG: LA “CHICA DE LA TINTA” QUE DESAPARECIÓ EN ANKANG
Artículo publicado en Madinamerica
Traducción vientosur
22/08/2022
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