Joseph Cannataci, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad lo tiene claro: es imprescindible intensificar la protección de la privacidad en el internet. Así lo ha expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recomendando que los Estados actuén juntos, coordinados, dado que la problemática ha traspasado las fronteras nacionales.
Tal y como asegura Cannataci, el éxito de esta salvaguarda de la privacidad “depende de la voluntad y la capacidad de los Estados de trabajar juntos para lograr la sinergia entre los intereses de seguridad y la privacidad en el ciberespacio”.
Sin embargo, no sólo no se da esa necesaria cooperación sino que, además, el relator especial asegura que “desafortunadamente, no existe una sola legislación nacional de vigilancia que cumpla perfectamente y respete el derecho a la privacidad”. Desde su punto de vista, “los mecanismos de supervisión interna para la vigilancia de las comunicaciones y el uso de Internet no siempre existen, y cuando lo hacen, con frecuencia son ineficaces y no proporcionan la transparencia y responsabilidad adecuadas”.
La solución propuesta por el representante de la ONU, hoy por hoy, es pura utopía: apuesta por el establecimiento de un instrumento legal internacional, fruto del consenso de todos los Estados miembros de la ONU, para respetar y proteger el derecho a la privacidad en internet, especialmente en lo que al comportamiento que están teniendo los Gobiernos. Consciente de lo complicado de esta empresa, el propio Cannataci admite que es un camino cuyo recorrido se prolongará durante varios años.
Con un incremento de las acciones invasivas por parte de los Gobiernos amparándose en asuntos de seguridad nacional, pensar que es posible desarrollar un marco jurídico claro y exhaustivo sobre privacidad y vigilancia en el ciberespacio, como urge el relator especial, a fin de respetar el derecho a la privacidad dentro de cada país y a través de las fronteras nacionales, es una mera declaración de intenciones.
A pesar de ello, Cannataci ha pedido al Consejo de Derechos Humanos que recomiende a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se impulse el desarrollo de un marco jurídico más amplio para Internet en la intersección de la privacidad y la seguridad.
Asimismo, el informe que ha presentado el relator especial presta mucha atención al mundo del big data y las fuentes abiertas (open data). Su análisis concluye que la disponibilidad de grandes volúmenes de datos permite una mayor y mejor toma de decisiones razonada por parte de individuos, empresas y Estados de todo el mundo, pero la mala gestión de la privacidad pone en riesgo su valor potencial.
Tal y como expone, “los datos son y seguirán siendo un activo económico clave, como capital y trabajo”. Sin embargo, “privacidad e innovación pueden ir juntas”, sin erosionar la protección de los Derechos Humanos. Para alcanzar esta meta, emite algunas recomendaciones, como el imperativo de establecer claramente políticas que limiten el uso de información personal basada en estándares y principios internacionales.
Paralelamente, el informe insta a que “cualquier iniciativa de Gobierno Abierto que involucre información personal, ya sea anonimizada o no, requiere un análisis riguroso, público y científico de las protecciones de privacidad de datos, incluida una evaluación de impacto sobre la privacidad”.
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