Por ser una de las mayores conquistas de la democracia moderna, la laicidad se toma como un hecho dado, como un triunfo que ya no requiere más ni de vigilancia, ni de cuidado. No obstante esta creencia, sí se puede perder lo logrado por estas conquistas y puede presentarse un retroceso en los valores democráticos que sirven para sustentar las instituciones encargadas de defender los derechos de los ciudadanos.
Recientemente, el periodista Antonio Jiménez Barca del diario El País , informaba sobre dos proyectos (uno en curso y otro ya aprobado) del parlamento brasilero que ilustran bien los peligros que acarrea para una democracia el desconocimiento de los principios laicos. Las propuestas en concreto consisten en a) la restricción de los derechos de las mujeres violadas a la hora de abortar y b) el establecimiento de un derecho de veto para las iglesias católica y evangélica a las leyes que – según su parecer – sean inconstitucionales.
La penalización del aborto y la existencia de mecanismos para vetar leyes inconstitucionales no son en sí problemáticos, ni atentan contra la existencia de las instituciones democráticas, ni contra los valores que la inspiran. De hecho, la primera puede justificarse en la garantía del derecho a la vida, que es piedra angular de los demás derechos; y la segunda es parte esencial de los controles que existen para la supervivencia institucional de la democracia.
Lo peligroso en el escenario brasilero es que estos proyectos, que han sido impulsados por el Partido do Movimento Democrático Brasileiro a través de Eduardo Cunha –uno de los representantes más recalcitrantes de los movimientos evangélicos pentecostales del Brasil contemporáneo y actual presidente de la Cámara de Representantes de ese país–, no se apoyan en un debate público que expone sus razones, sino que quieren imponer las verdades dictaminadas por su iglesia.
Para comprender las razones de esto, basta con recordar que en el caso del Brasil los movimientos evangélicos pentecostales aglutinan una población proveniente de los sectores menos privilegiados de la sociedad . Debido a la desatención del Estado en la prestación de los derechos básicos de acceso a la educación, esta población es a) fundamentalmente inculta (las graves insuficiencias en su educación escolar básica y secundaria explican también su hostilidad a los valores de la república) y b) adversa a fuentes de información distintas a las de sus líderes religiosos.
A diferencia del caso brasilero actual, una democracia sólida existe gracias a la formación de una ciudadanía educada, con un acceso plural a la información y a las herramientas y los espacios para desarrollar un debate público. Por ello, no es banal la coincidencia entre el tipo de mentalidad propio de los evangélicos pentecostales y el deterioro de la democracia en un país.
Ahora bien, una sociedad democrática podría restringir o prohibir el aborto, pero nunca aduciendo simplemente a un dictamen divino (el primer mandamiento, por ejemplo) como una verdad eterna e incuestionable, pues ahí no hay argumento, ni discusión, ni acuerdo; ahí lo que ocurre es la imposición de un punto de vista y la anulación de la vida democrática.
En ese mismo orden, una sociedad podría acordar la existencia de mecanismos de veto, pero sólo para garantizar la pervivencia de la democracia e impedir las medidas que la amenazan; nunca para anular la pluralidad, como parece pretenderse en el caso brasilero, en donde el veto de las iglesias serviría sólo para adecuar las leyes civiles con sus artículos de fe, degradando con esto la vitalidad de la democracia y desintegrando la salvaguarda de los derechos de los individuos.
Como lo recuerda uno de los pensadores más lúcidos de nuestros tiempos, el escritor italiano Claudio Magris , el problema radica en ignorar los ámbitos de competencia de cada esfera, en mezclar sus competencias y en burlar las fronteras. En una verdadera democracia sólo pueden tener cabida las decisiones que resultan de un debate abierto en donde se confrontan argumentos demostrables, no las que quieren respaldarse en una creencia religiosa. Algo que, irónicamente, ya se encuentra afirmado en el pensamiento cristiano en la frase “al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios”.
Como se puede ver, la vigilancia de los ciudadanos y de la existencia de instituciones sólidas son necesarios para la vitalidad de nuestros valores democráticos, sin los cuales se menoscaban las bases que permiten la existencia no sólo de nuestros derechos, sino también de la pluralidad de nuestra vida pública, que es una condición para disfrutarlos.
El caso brasilero podría instruirnos sobre las amenazas que se ciernen sobre una democracia cuando sus ciudadanos no cultivan un debate inteligente y respetuoso de los asuntos públicos y cuando se permite que la intransigencia (clerical o no) imponga su punto de vista y rechace el diálogo.
Pese a los recientes avances que en Colombia se han dado en torno los derechos de las comunidades Lgbtti y a los derechos de las mujeres en general, existen grupos cercanos del catolicismo tradicionalista y a varias iglesias cristianas protestantes que se obstinan en negar la laicidad de nuestro Estado, tal como sucede en Brasil.
Y aunque el talante de las decisiones sobre la adopción igualitaria y la legalización del aborto ha promovido la tolerancia y ha contribuido a la desmitificación de ciertos temas necesariamente públicos, lo cierto es que estos temas no se han discutido verdaderamente en los escenarios públicos democráticos, pues ha sido una discusión fundamentalmente liderada por la Corte Constitucional, pero alejada de escenarios de participación formal e informal. Para que no progrese el boicot que quiere revocar estos avances, es entonces fundamental entender la importancia de asumir la defensa ciudadana de los mismos.
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