¡Basta ya!
Los 50 años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen en evidencia el fracaso de la institución en el cumplimiento de sus objetivos, así como las consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID, por realizarse en la ciudad colombiana de Medellín del 27 al 31 de marzo de 2009, es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a tal asamblea en una serie de eventos alternos.
Declaración de campaña (fragmento)
A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: “Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.
Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y desarrollada”. Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en 2007 un 34,1 por ciento de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la indigencia abarcaba a un 12,6 por ciento de la población. De manera que el total de personas que sobreviven en situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina presenta índices muy preocupantes, con los niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 10 por ciento más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40 por ciento más pobre.
Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID impulsa, basado en la extracción de recursos no renovables en forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados a la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, constituyéndose la institución financiera en responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.
Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID reconoce como uno de sus objetivos no es lo que queremos. Siempre apoyándose en iniciativas de integración de infraestructura como la IIRSA, que ahondarán los impactos socio-ambientales, se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés. Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores, y en algunos casos se favorece por situaciones de crónico déficit fiscal. Su objetivo no era exactamente reducir las inequidades de la región sino avanzar decididamente en el proceso de privatización de derechos humanos y sociales básicos, como educación, salud, agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región. No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de otras Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980. Y tampoco el rol que cumple con relación a la corrupción, ya casi endémica en algunos países.
La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa el Banco en nuestros países, frente a las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años. Por eso, buena parte de los proyectos impulsados por el BID han sido ampliamente cuestionados por sus consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales para los pueblos de América Latina y el Caribe, y las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. El aniversario 50 del BID es una ocasión inmejorable para ampliar y profundizar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se impulsan en la región ante las consecuencias de su gestión, y del impacto económico, social y ambiental de sus proyectos. La campaña que hemos iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID.
Es urgente evitar una nueva etapa de endeudamiento ilegítimo en nuestra región, sobre todo en la actual coyuntura, marcada por una crisis global de índole económica, alimentaria, energética y climática, en gran medida reflejo de las políticas impulsadas por el BID y demás instituciones financieras multilaterales.
Por este motivo, y con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento y la articulación de acciones de resistencia y construcción de opciones, hemos organizado un encuentro popular de tres días, paralelo a la Asamblea Anual de Gobernadores 2009, para sumarnos y dar seguimiento a las múltiples maneras en que se ha expresado el rechazo a las políticas del BID a lo largo de sus 50 años.
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