Rezagos no menores en materia de derechos humanos colman al país. A pesar de que el gobierno nacional se preocupa por mostrar una cara amable ante la comunidad internacional, comprometiéndose ante el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del Examen Periódico Universal, en el acatamiento de 69 iniciativas para el mejoramiento de la situación de derechos humanos y dando visos de “buena voluntad” para avanzar en esta materia, las evidencias muestran lo contrario. Así lo dejó ver el último informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, publicado el pasado 19 de febrero.
Otra estocada. A una larga lista de flagrancias en materia de derechos humanos –que contaron en recientes hechos con los escándalos de “falsos positivos” e interceptaciones ilegales–, se suman otras, reveladas por el informe, en varios acontecimientos de 2008. Se trata de la difícil situación de derechos humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el país, que tomó dimensiones criticas con ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias e ilegales, desapariciones forzadas, desmovilización de grupos paramilitares (a partir de la llamada Ley 975), entre otros.
El organismo atribuye estas acciones a los grupos armados ilegales y las fuerzas armadas del Estado colombiano, a lo cual se agregan las arremetidas por parte de grupos insurgentes contra la población civil, en cuanto a reclutamiento forzado de niños y niñas, minas antipersona y privación indefinida de la libertad. Tales errores han implicado, según el informe, la muerte de personas acusadas de pertenecer al Ejército, así como el lanzamiento de explosivos a tres personas en Corinto (Cauca) y los ataques al Palacio de Justicia de Cali.
Todo ello en el marco de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales. El informe hace patentes las condiciones de pobreza y extrema pobreza en la que vive gran parte de la población, de suerte que le recomienda al gobierno colombiano avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del Milenio, en los que se atisban serias deficiencias. “Se habla de que al menos el 48 por ciento de los niños tiene acceso a la educación preescolar; las tasas de embarazo adolescente continúan incrementándose, llegando a más del 20,5 en mujeres de 15-19 años, y al 16 de los hogares que vive en condiciones precarias o poco dignas”, según cifras del PNUD.
Entre otros aspectos, el documento resalta los continuos hostigamientos que viven grupos vulnerables como los activistas sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos, en quienes cae el peso de la represión con homicidios, daños a propiedad, robo de información y amenazas. Sólo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) reportó la muerte de 41 personas pertenecientes a 24 organizaciones.
Otras situaciones se presentan con serios agravantes como la falta de avances en la Ley de “Justicia y paz” y la deuda con las víctimas de estos crímenes. “Al 31 de octubre de 2008, del total de 3.637 personas postuladas para ser investigadas y juzgadas por esta Ley, sólo 1.626 habían iniciado la primera etapa procesal denominada versión libre”, se expresa en el informe.
Como telón de fondo, estuvo el escándalo de la parapolítica, que involucró a 72 congresistas, así como la extradición de 13 ex jefes paramilitares, la intervención militar por parte de las fuerzas militares del Estado en las zonas fronterizas ecuatorianas, lo que causó la muerte del primer jefe en comando de las farc, Raúl Reyes, y la crisis diplomática más crítica con el vecino país, además de otras situaciones sociales que desencadenaron numerosas protestas y movilizaciones en el país.
El organismo recomendó, entre otras cosas, que todas las partes del conflicto acepten y acaten en su integridad el Derecho Internacional Humanitario, respetando sin excepciones la vida, la integridad y los bienes de la población civil; que la Fiscalía General de la Nación acelere los procedimientos en el marco de la Ley de “Justicia y Paz”, así como debe asegurar que todos los desmovilizados de grupos armados ilegales que hayan cometido delitos graves sean juzgados y contribuyan de manera efectiva a satisfacer los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.
De otro lado, instó a que este organismo dedique todos sus esfuerzos al fortalecimiento de las investigaciones y el control disciplinario para mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, tanto como a combatir la estigmatización y la impunidad. Del mismo modo, el organismo hace énfasis en la importancia de trabajar en la prevención de los delitos de violencia sexual contra las mujeres, con las pertinentes investigaciones y sanciones jurídicas.
Este informe se suma a otros tantos que han hecho visible recientemente el deplorable estado de la situación humanitaria en el país. El Gobierno cura su mala fama con paliativos retóricos, pues no ha hecho públicos los compromisos que adquirió con la comunidad internacional y quiere mostrar un humanitarismo ficticio bajo el rótulo de la ‘seguridad democrática’, política de principio incompatible con los derechos humanos. Como dice el refrán, no se puede ocultar el sol con los dedos. De hacerlo, el Gobierno propagará el cáncer de una guerra sin salida con incuantificables costos humanos.
Leave a Reply