Los padecimientos desprendidos del Sistema de Salud colombiano son constantes y sin límites. Se viven en las ciudades grandes y en las pequeñas, pero en estas últimas las distancias entre un centro de salud y otro agravan la situación.
San Vicente del Caguán, municipio del Caquetá, es un botón para la muestra. Para acceder a un centro de salud de mayor nivel (II), hay que viajar hasta Florencia, capital del departamento. Absurdo. En vez de contar con un centro de salud de esas características, hay que someterse a un trayecto de varias horas en carro. La razón: proteger “el negocio”. Por ello, durante 2008 se despacharon 2.288 remisiones desde San Vicente del Caguán, es decir, un promedio de 6,3 paseos en ambulancia diarios a Florencia (ver tabla); 593 se hicieron por consulta externa, por el servicio de urgencias 1.401, y por hospitalización 294.
Caerle al enfermo
En San Vicente existen múltiples barreras de acceso a la prestación de los servicios de salud para su población:
- Alteración del orden público (operativos, combates, control de la movilidad de la población por parte del ejército o la guerrilla).
- Dificultades en el registro oficial (no figurar en las bases de datos, doble vinculación, ausencia del documento de identidad o, en muchos casos, por provenir de la zona en litigio con el Meta).
- El desconocimiento por parte del paciente de lo que cubre el POS-S, de los trámites y el abandono voluntario al ser víctimas de la tramitomanía (para caer en manos de brujos, adivinadores, parteras, entre otros) o de la negligencia de los funcionarios.
- Barreras económicas (no tener dinero para los copagos, cuotas moderadoras, transporte y sostenimiento en el caso de las remisiones).
- Barreras geográficas (muchos campesinos viven en veredas alejadas a las cuales se llega sólo por ríos o caños) y barreras culturales, como la persistencia de la brujería o la mala imagen de los profesionales de la salud, y la desconfianza hacia las instituciones de prestación de servicios en salud.
Los profesionales de la salud se ven atados por el “conducto regular” para remitir a un paciente que asiste por consulta externa o ambulatoria, sabiendo de antemano que no irá al Nivel II, en este caso a Florencia, en la crítica ESE Hospital María Inmaculada o a la que tenga contratada la EPSS. Esto, en el mejor de los casos, cuando el procedimiento está en el POS-S; de lo contrario, deberá recurrir a acciones legales que demandan tiempo y mayores costos. Algunos pacientes que tienen capacidad de pago prefieren solventar los procedimientos o las consultas de su propio bolsillo, lo que les resulta más ‘favorable’ si se tiene en cuenta que deben costear pasajes, viajando por una vía en pésimo estado hasta la capital y armados de paciencia suficiente para hacer más trámites. Pero no todos tienen la posibilidad de pagar una consulta particular, y así se genera un círculo vicioso de consultas repetidas, consultas de urgencias –para acceder con mayor celeridad–, pacientes poliformulados, abandono, desesperanza, desconfianza en los profesionales de la salud y las instituciones y, por último, el deterioro paulatino del estado de salud de los ciudadanos.
Cada mes, la Defensoría del Pueblo recibe 15 quejas por mala atención en las EPS subsidiadas, negación de los tratamientos o los medicamentos fuera del POSS, demoras en la aprobación de las remisiones a especialistas y negligencia en la atención; además, se tramitan con asesoría del Defensor aproximadamente cinco tutelas. Tal vez se puede pensar que las cifras no reflejan la tragedia de los pacientes, pero ocurre que la mayoría desconoce las instancias a las que se puede acudir para exigir el acceso a los servicios de salud o ignora el Plan Obligatorio de Salud. A pesar de la sentencia T-760 de julio de 2008 de la Corte Constitucional , las cosas no han cambiado mucho para los pacientes.
Nivel II de complejidad para San Vicente
Una medida que aliviaría levemente la pesada carga que deben llevar los pacientes y sus familiares es la transición de la ESE Hospital San Rafael al nivel II, para facilitar así la atención especializada de la ciudadanía sanvicentina . Todos estamos de acuerdo en que el hospital debe transitar al nivel II, menos el Ministerio de la Protección Social, que dirá entre otras cosas que no hay recursos y que por tanto, si se quiere hacer, debe ser con recursos propios del Caquetá, como corresponde; pero, además, hay que tener en cuenta que el único hospital de nivel II de complejidad es la ESE María Inmaculada, a cargo del departamento y hoy al borde de la reestructuración, es decir, de los “santos óleos” que la prepararán para su liquidación. No hay recursos para destinarle a otro hospital, quedando entonces el camino de la autofinanciación. ¿Pero, quién garantiza que las EPS contratarán exclusivamente con la ESE-HSR? Si bien no es dramática la situación financiera, como la del hospital María Inmaculada y otros de nivel I, tampoco es boyante como para tener un nivel II. Además, a las EPS les conviene mucho tener ‘lejos’ los servicios especializados, por aquello de la “dispersión del riesgo”, eufemismo que quiere decir en realidad que “los clientes no consulten mucho”, pues, de lo contrario sus ganancias netas se reducirán.
Lo poco que se hace para que haya atención especializada en salud se realiza mediante jornadas que consisten en traer especialistas que cobran una tarifa ‘especial’ por su consulta al paciente, o por medio de las “brigadas interinstitucionales” a través del Centro Coordinación de Acción Integral (CCAI) –en el marco de la seguridad democrática– para la “recuperación social del territorio” . No se conocen datos sobre qué monto presupuestal gasta el gobierno nacional a través de las instituciones, en cabeza de las fuerzas militares, para desarrollar tales actividades y el control de “lo social”, como escuetamente se refieren a las “ayudas y subsidios” que llegan de la USAID, entre otras, recursos que deben ser astronómicos: pero para los hospitales no hay dinero. Tal vez el gobierno pueda sugerir que el hospital busque recursos mediante los Servicios Especializados de Salud (SES), como ocurrió con el Hospital de Caldas tras su liquidación y su reapertura, es decir, a través de un prestador se servicios privado o, como le ocurrió al María Inmaculada, con la leonina contratación de la UCI particular.
Finalmente, para eliminar las barreras de acceso hay que plantear un sistema público de seguridad social en el marco del Estado social de Derecho, arrinconando todos los factores de riesgos para la salud y la vida digna, tales como: problemas de vivienda, ambiente insalubres, desnutrición, educación de baja calidad, desempleo, desplazamiento, entre otros… La labor es quijotesca: derribar la Ley 100 de 1993 y conexas, y además buscar reformas (no más contrarreformas) incluyentes en lo político, social y económico. Claro que el actual panorama no puede ser más desalentador, teniendo en cuenta que el inquilino del Palacio de Nariño únicamente piensa en la guerra y el lucro de las transnacionales, dispuestas a ‘rentar’ en el sector de la salud.
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