Entre 1 y 4 millones de pesos se cotiza un testimonio o, mejor, un “falso positivo judicial” en diversas instancias jurídicas colombianas y diferentes coordenadas territoriales. Es aberrante, por decir lo menos, una justicia que tiene como fundamento y casi exclusivo criterio probatorio los testimonios, en muchos casos logrados bajo presión, chantaje, soborno o simplemente compra al mejor postor. Quienes se atreven a denunciar a los victimarios; acompañar a las víctimas en su derecho a la justicia, la verdad y la reparación, o simplemente a opinar diferente de lo prescrito por los poderes establecidos y sus agentes socializadores, los medios masivos de comunicación, son objetivo inmediato de un sistema de estigmatización, judicialización y condena ejercido por diversas instancias jurídicas locales y nacionales . Sin antecedentes conocidos en lugar alguno, en Colombia se judicializa a quienes, cansados de la impunidad y la inoperancia del aparato de justicia nacional, acuden a instancias jurídicas internacionales y así, según quienes defienden este sistema perverso, desprestigiar a la nación y con ello hacerles eco a las atrocidades de los diversos actores armados que actúan en el país.
Las “comunidades de paz”, establecidas en lugares apartados de la nación, víctimas de formas sistemáticas de violencia y exterminio, les han propuesto al país y la conciencia jurídica universal una práctica “más allá de la justicia”, en la cual, cansados de la impunidad y la violencia, conviven de manera pacífica, con absoluta restricción a cualquier acción armada y ejerciendo una forma de justicia comunitaria autónoma y respetuosa de los derechos y deberes individuales y colectivos. Esta opción surge después de deambular durante muchos años por los estrados judiciales, buscando justicia para las víctimas y sanción para los victimarios de una violencia indiscriminada que sobre ellos recae, por el simple hecho de vivir en armonía social y equilibrio ambiental, en territorios que son apetecidos comercial y militarmente por diversos grupos económicos y sociales.
Es así como en los últimos días vemos con preocupación el incremento de los señalamientos y los montajes judiciales contra defensores de derechos humanos y en particular quienes acompañan a las comunidades más desprotegidas. Entre ellos, destacamos las acciones emprendidas contra el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita, quien, igualmente cansado de la impunidad y habiendo agotado infinitas veces las instancias institucionales en búsqueda de justicia para las víctimas de la violencia, hoy se declara en disidencia jurídica o, mejor, en objeción de conciencia, y así ejerce su disidencia, negándose a colaborar con una justicia que, como él mismo dice, es “aberrante”. Ante los innumerables requerimientos judiciales que se le han hecho, que datan ya de 2002, este defensor de los derechos humanos ha elaborado un documento (cerca de 40 páginas) en el cual consigna de manera magistral las razones y constancias que sustentan su objeción. En silencio y con valentía, presenta ante los estrados judiciales ese documento cuando es requerido, elevando así su protesta y su disidencia ante la ilegitimidad, la impunidad y la consecuente pérdida de credibilidad en el sistema de justicia colombiano. Los hechos hablan por sí solos .
Al día siguiente de una horrenda masacre en San José de Apartadó (22 de febrero de 2005), perpetrada por miembros de la Brigada 17 del Ejército y en compañía de paramilitares, el padre Javier Giraldo, S.J., denunció ante los medios de comunicación tales hechos y asimismo a sus responsables, y posteriormente ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (18 y 25 de mayo del mismo año).
El coronel Néstor Iván Duque, comandante en su momento del Batallón Bejarano Muñoz de la Brigada 17, presentó ante la Fiscalía una denuncia contra el padre Giraldo por los supuestos delitos de falsa denuncia, injuria y calumnia; así mismo, contra el abogado Elkin Ramírez Jaramillo, presidente de la Corporación Jurídica Libertad y contra el ex defensor del pueblo de Urabá, Miguel Ángel Afanador, por el delito de “falsa denuncia”.
La Fiscalía 216, Seccional de Paloquemao en Bogotá, ha ordenado vincular mediante indagatoria al padre Javier por los delitos de falsa denuncia y calumnia.
Ante estos hechos, la objeción de conciencia, acompañada de la disidencia civil y jurídica, practicada por el padre Giraldo, debe ser la acción colectiva de quienes creemos que Colombia merece una justicia veraz, más allá de las trampas jurídicas, la impunidad y el olvido ante una crisis humanitaria que SÍ nos avergüenza ante cualquier conciencia o nación que, como nosotros, propenda por una justicia con sanción a los victimarios, y verdad y reparación a las víctimas.
Violaciones al Derecho a la Vida en contra de Defensores(as)
de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2008
27 de enero de 2008
Ejecución extrajudicial de Miguel Ángel González Gutiérrez, defensor de Derechos Humanos. Municipio de Remedios (Antioquia). Perpetrada por miembros del ejército nacional, pertenecientes al Batallón Calibío.
16 de febrero de 2008
Asesinato de Fredys Darío Pineda, defensor de Derechos Humanos. Municipio de Apartadó (Antioquia). Perpetrado por un grupo armado sin identificar.
23 de febrero de 2008
Ejecución extrajudicial de Édgar José Molina, líder comunitario, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pinares. Municipio de Algeciras (Huila). Perpetrada por miembros del ejército nacional.
9 de marzo de 2008
Asesinato de Carlos Burbano, integrante de la Subdirectiva de Anthoc y promotor de la jornada de movilización del 6 de marzo de 2008. Municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá). Perpetrado por un grupo armado sin identificar.
19 de marzo de 2008
Ejecución extrajudicial de Luis Horacio Ladino, defensor de Derechos Humanos. Municipio de Remedios (Antioquia). Perpetrada por miembros del ejército nacional, pertenecientes al Batallón Calibío.
24 de junio de 2008
Asesinato de Felipe Landázuri, defensor de Derechos Humanos. Localidad de Candelilla de la Mar. Municipio de Tumaco (Nariño). Perpetrado por grupos paramilitares.
29 de junio de 2008
Asesinato de Martha Cecilia Obando (Doña Chila), defensora de Derechos Humanos.Municipio de Buenaventura (Valle del Cauca). Perpetrado por un grupo armado sin identificar.
20 de septiembre de 2008
Asesinato de Ever González, defensor de Derechos Humanos y dirigente campesino. Corregimiento de Guachicono. Municipio de Bolívar (Cauca). Perpetrado por un grupo armado sin identificar.
7 de octubre de 2008
Asesinato de Armenio Cortes, defensor de Derechos Humanos. Municipio de Tumaco (Nariño). Perpetrado por un grupo armado sin identificar.
14 de octubre de 2008
Asesinato de Walberto Hoyos Rivas, líder comunitario de la “comunidad de paz” de Jiguamiandó y Curvaradó. Municipio de Belén de Bajirá (Chocó). Perpetrado por miembros de un grupo paramilitar.
31 de octubre de 2008
Asesinato de Jairo Luis Álvarez, personero. Municipio de Segovia (Antioquia). Perpetrado por un grupo armado sin identificar.
Recuadro: Fuente: Comisión Colombiana de Juristas.
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