La noticia no sorprende a nadie. Philip Alston, relator de las Naciones Unidas que recientemente estuvo recabando testimonios en Colombia sobre la matanza de jóvenes, mal llamados “falsos positivos”, presentó un informe en el cual concluye que “los asesinatos sistemáticos de jóvenes y campesinos cometidos por el Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate suman aproximadamente 1.800”.
El funcionario aseguró que el gran número de asesinatos, la amplia geografía abarcada y el elevado número de militares implicados, casi evidencia el hecho de que los homicidios “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos del Ejército y son un ‘crimen de Estado’”. Contradice, pues, la afirmación oficial de que los asesinatos son obra de unos cuantos soldados que actúan por cuenta y riesgo propios.
Sin embargo, Philip Alston confesó que no encontró indicios irrefutables que prueben la participación directa de los altos mandos del gobierno de Uribe, y tampoco que el macabro sistema fuera de su conocimiento. Aunque sí culpó de los asesinatos al sistema de recompensas que establece el programa de ‘seguridad democrática’ implantado por el presidente Uribe para ganarle la guerra a las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (farc).
De acuerdo con documentos del gobierno de los Estados Unidos y la CIA, recientemente desclasificados y publicados por la organización National Security Archive, los “falsos positivos” por parte de las fuerzas militares vienen desde hace mucho tiempo. Estos documentos describen cómo el “síndrome del conteo de bajas” es uno de los principios que han guiado el comportamiento militar colombiano por años. Esta mentalidad ha llevado a violaciones de los derechos humanos –como los falsos positivos–, incentivando la colaboración con los grupos paramilitares. Como tales, los documentos despiertan algunas preguntas importantes sobre las responsabilidades legales e históricas que el Ejército debería asumir frente a lo que parece ser un incentivo institucional de larga data para cometer asesinatos.
El registro más antiguo sobre este fenómeno específico data de 1990. Ese documento, un cable aprobado por el embajador de Estados Unidos, Thomas McNamara, reportó un preocupante aumento de violaciones atribuidas al Ejército de Colombia. Al mismo tiempo, la Embajada en Bogotá empezó a ver la conexión entre las fuerzas de seguridad colombianas y los florecientes grupos paramilitares del país. Muchos de los recientes abusos del Ejército sucedieron “en el curso de operaciones conjuntas de grupos paramilitares armados en las cuales participaron oficiales y reclutas”, según el cable desclasificado.
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