En Bogotá, la rentabilidad del suelo y la disputa por la apropiación del espacio público son un asunto de interés y preocupación para muchos. La estrategia diseñada para la Bogotá de los próximos 30 años, Plan de Ordenamiento Zonal del Centro (Plan Centro), al mismo tiempo que embellece la ciudad, y pretende la recuperación del espacio público y la promoción del turismo, introduce normatividades y reordenamientos del territorio que afectan negativamente a vastos sectores de la población capitalina.
Algunos ejemplos de ese reordenamiento territorial en marcha ocasionaron el desplazamiento de comunidades de antiguos barrios como Santa Inés (“El Cartucho”), San Bernardo, San Martín y La Candelaria; el desalojo de vendedores ambulantes de la Carrera Séptima y sectores aledaños, la privatización de avenidas y del transporte público con Transmilenio, la privatización de la red de hospitales del centro de Bogotá, la privatización de parques, y en general de cada uno de los derechos, bienes y servicios.
Las transformaciones urbanísticas del centro de Bogotá están ligadas a intereses económicos en torno al mercado de la tierra, que genera enormes ganancias para unos pocos propietarios, a costa de quienes solamente tienen una modesta vivienda. La compra de lotes baratos por parte de universidades privadas y otros intermediarios, que luego los venden a los bancos, o los convierten en centros comerciales, apartamentos estrato 5 y 6, hoteles cinco estrellas, centros financieros, bingos, casinos y sitios de prostitución de alto costo (La Piscina y El Castillo), no es algo casual ni obedece al mero interés estético; realmente es un gran negocio.
La construcción y la ampliación de la carretera Bogotá-Girardot, el túnel de la Línea y de allí al Pacífico (Buenaventura) tienen que ver con la urgencia de ampliar los mercados, las exportaciones y las importaciones, como exigencia del TLC. Tampoco es casual la remodelación del aeropuerto El Dorado, las nuevas terminales del transporte, y la propaganda que hace el presidente Uribe respecto a la seguridad de las carreteras y el aumento en la confianza inversionista en Colombia. El Plan Centro, como se puede observar, obedece a un modelo de ciudad que defiende una extraña lógica respecto a la imagen y la estética de la ciudad, pues no importa que el paisaje de vidrio y concreto tape los cerros y que las vías recién construidas estén invadidas de cemento destrozado, como se ha visto en las rutas de Transmilenio. Semejantes incoherencias demuestran que la acumulación de riqueza parece tener mucho más valor e importancia que la vida y la dignidad del ser humano. Es, en síntesis, la supremacía del lucro sobre el bienestar social, el predominio del interés particular sobre el interés colectivo.
Cumplir esas metas implica convertir a Bogotá en un lugar de seguridad (más que en un lugar seguro para todos). Por tanto, hay que garantizar un estricto control policial que proteja el capital nacional y transnacional y sus instalaciones. También queda claro que el aumento de la fuerza pública y las medidas represivas como los toques de queda, la intimidación a través de panfletos y la acción paramilitar en barrios y universidades pretenden garantizar el orden que requiere la nueva capital.
Varias organizaciones como el Consejo Local de Cultura, Redes de jóvenes, Equipo de Mujeres, Comisionados salidos de los Encuentros Ciudadanos, Organizaciones de Economía Solidaria, Juntas de Acción Comunal, grupos ecológicos, el Colectivo de Comunicación La Pola, la Mesa Ambiental y el Comité Cívico Popular de Afectados, entre otros, vienen elaborando las siguientes propuestas u objetivos frente al Plan.
• Consolidar redes de resistencia popular frente a los efectos negativos del Plan Centro.
• Desarrollar el debate público sobre participación democrática y planeación participativa.
• Reconocer el derecho a la información, la deliberación y la formulación.
• Desarrollar un debate participativo, abierto, de lo público.
• Garantizar una adecuada interlocución y la concertación directa entre la Administración pública y los ciudadanos residentes y ‘flotantes’, afectados por el Plan Centro.
• Iniciar acciones de amparo, individuales y colectivas, para garantizar los derechos fundamentales.
• Divulgar las opiniones, mandatos, reivindicaciones y propuestas de los diferentes sectores, barrios y veredas que interactúan en el Comité Cívico Popular.
Finalmente, se puede concluir que el Plan Centro de Bogotá es un proyecto que se prevé como un modelo para otras ciudades, ya que no es ajeno a la lógica del modelo neoliberal y sus connotaciones en un mundo globalizado.
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