Ahora que la Corte Constitucional reconoce la Objeción de Conciencia del Servicio Militar Obligatorio como un derecho que se puede vincular con la Libertad de Conciencia (art. 18 de la C.N.), es conveniente hacer un recorrido por esta historia de resistencia al militarismo en Colombia. La primera manifestación de rechazo al servicio militar ocurrió cuando Carlota Rúa, dirigente del Sindicato Obrero de La Dorada (Caldas), manifestó su rechazo al alistamiento de obreros y campesinos en el Primer Congreso Obrero de 1924. Durante la guerra con Perú, un grupo de mujeres rechazó el que sus esposos y sus hijos fueran reclutados. Pero sólo en los años 80 se organiza un grupo que desde la filosofía de la no violencia promueve la Objeción de Conciencia, apoyado en la resolución E/CN/4/1987/173 de las Naciones Unidas.
La Asamblea Constituyente de 1991 fue un escenario inmejorable para dar el debate sobre la Objeción al Servicio Militar. Allí se realizaron ruedas de prensa y movilización de colegios, y se recolectaron firmas que se entregaron a la Secretaria de la Asamblea Nacional para que el tema fuese incluido en la Constitución. Durante el proceso se formó una gran coalición en la que participaron los cuáqueros y la iglesia menonita, Justapaz, la Juventud Comunista y varias organizaciones estudiantiles. Finalmente, el asunto no hizo parte de los derechos que reconoció la Carta de 1991. Sin embargo, en este año los Testigos de Jehová Mauricio Murillo, Germán Montenegro y Rolando Chara se negaron a empuñar un arma y a vestir uniforme, por lo cual fueron acusados de desobediencia civil1.
Luis Gabriel Caldas León, estudiante del INEM del Tunal, en Bogotá, es el personaje que mejor simboliza la lucha contra el Servicio Militar Obligatorio. En 1994, Luis Gabriel fue encarcelado al expresar su negativa a prestar el servicio militar por razones pacifistas y no violentas. Acusado de deserción, se penaliza con siete meses de cárcel. Amnistía Internacional y distintas organizaciones de derechos humanos lo apoyaron y lo reconocieron como preso político.
En Medellín, un significativo grupo de jóvenes del Liceo Marco Fidel Suárez alza su voz de protesta en rechazo al reclutamiento; en los acontecimientos, el estudiante Hamilton Chica Bohórquez, de 15 años, es asesinado cuando grita, junto con sus compañeros, “no al servicio militar obligatorio… no queremos ser asesinos del Pueblo”2. Durante cinco años, los jóvenes de este plantel no fueron reclutados por el ejército nacional.
Desde 1996, tanto en Bogotá como en Medellín, los desfiles del 20 de julio se convierten en contramarchas contra el militarismo y la guerra. Durante las marchas de los cocaleros de 1996, en Florencia (Caquetá), un joven soldado rehúsa atacar a los campesinos y es encarcelado, mientras en los sucesos de desalojo de los vendedores ambulantes en San Victorino un policía de la Fuerza Disponible se niega a participar. El movimiento se extiende a Cali, Barrancabermeja, Cartagena, Cauca, Sucre, Boyacá, Arauca y otras regiones del país, donde más de 100 jóvenes en los últimos 10 años se han declarado objetores del servicio militar y reciben apoyo de las organizaciones (Acooc, Red Juvenil de Medellín y otras).
En el año 2000 se creó el trabajo en red llamado Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia, compuesta por varias organizaciones: Colectivo por la Objeción de Conciencia de Bogotá, Justapaz, Juventud Trabajadora Colombiana y Fundación Creciendo Unidos. En 2005 se crea la Asamblea Nacional de Objetoras y Objetores de Conciencia, propuesta sin estatutos ni mandatos, cimentada en la práctica, la corresponsabilidad, la solidaridad y la autogestión.
1 El Tiempo, febrero 2 de 1991.
2 Cambio 16, noviembre de 1994.
Cómo queda la Objeción de Conciencia con el fallo de la Corte
Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia
Después de 20 años, la Corte Constitucional, que en innumerables ocasiones se había negado a reconocer el derecho a objetar la prestación del servicio militar por razones de conciencia, argumentando la “defensa nacional” o el “orden público”, hoy cambia su posición como consecuencia de una demanda interpuesta por el Grupo de Interés Público de los Andes, la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, y la organización internacional Civis. La Corte Constitucional ha fallado a favor del ejercicio de la objeción al servicio militar a partir del reconocimiento que hace la Constitución del 91 de la libertad de conciencia.
El derecho a la objeción de conciencia se ha ejercido por cientos de jóvenes en el país desde hace casi 20 años. El fallo de la Corte sólo ratifica tal ejercicio. La cuestión es que ahora este derecho queda a las puertas de una reglamentación que debe ser estructurada por el Congreso de la República, organismo reiteradamente proclive a legislar a favor del militarismo, situación que genera un clima de incertidumbre sobre las posibilidades reales para rehusarse a la prestación del servicio militar.
En términos concretos, el ejercicio de objeción se hace frente a las “autoridades” de reclutamiento. Ante cualquier negativa de éstas, se puede hacer uso de la acción de tutela para exigir respeto por este derecho. Ahora, miles de jóvenes pueden argumentar su ejercicio de objeción desde diversas perspectivas y razones, sin descartar que algunas razones se acepten como válidas y otras no, cuestión que ha sido abiertamente discutida debido a que no hay una medida que permita establecer “niveles de conciencia”, descartando o aprobando argumentos de manera arbitraria.
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