Uribe – Santos. Continuismo y sus herencias “non santas”. Todo está consumado

Según informe de la Misión de Empalme de Miseria y Pobreza de Planeación Nacional del 30 de abril de 2010, durante el año anterior la pobreza llegó al 45,5 por ciento de la población, mientras que la miseria alcanzó al 16,6 por ciento. Con sólo una leve disminución, en el 2008 la pobreza era de 46 por ciento y la indigencia afectaba al 17,8 por ciento de la población. Con otras cifras, el Informe Alterno sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales (Desc), y la Confederación Sindical Mundial compungen por igual acerca de nuestra realidad. Con la elección de Santos, heredero de esta obra, el futuro no es promisorio para el 63 por ciento de los colombianos, hoy pobres o miserables. Al parecer, “todo esta consumado”. Es la frase postrimera de Jesús, que ahora, como entonces, es premonitoria de una tragedia llena de sufrimientos para nuestro pueblo.

Sí, tragedia. Una vez que el estudio de Planeación da cuenta que 22 millones de colombianos son pobres y que 7,3 millones de compatriotas comen, escasamente, una vez al día. La ínfima recuperación entre 2008 y 2009 que menciona el informe, no tuvo reflejó en un mejoramiento general del ingreso de los hogares colombianos. No, por cuanto el ingreso per cápita, es decir, el ingreso promedio de un colombiano, cayó en dos por ciento durante los últimos dos meses: en el año 2009 fue de $560.309, mientras que en 2008 su cifra fue $570.258.

Con la continuidad en marcha, se puede vaticinar que Santos profundizará más la desigualdad entre los colombianos. Más cuando hoy somos el país peor en cuanto a la desigualdad en la América Latina (según el coeficiente de Gini)1 con escandalosos niveles de pobreza y miseria injustificables en el siglo XXI. Con Santos continuarán las políticas neoliberales, la privatizaciones, el saqueo de los recursos naturales, la entrega de la soberanía política, militar, energética y alimentaria, que convierten el país en un enclave neocolonial.

Otros campanazos de verdad

En el Informe Alterno sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales, DESC, que presentaron las organizaciones sociales colombianas el pasado 3 de mayo en Ginebra, Suiza, al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (Cdesc) de las Naciones Unidas, ONU, reveló otras cifras de la hecatombe social que deja el uribismo. En sus páginas destaca que más del 20 por ciento de niñas y niños en Colombia padece desnutrición y el 40,8 por ciento de los hogares vive la inseguridad alimentaria. Y 15 de cada 100 hogares no cuentan aún con una vivienda adecuada.

El documento acentúa que desde 1993, más del 80 por ciento de la capacidad instalada de la red hospitalaria fue cerrada o reestructurada, y que entre 1992 y 2006 hubo una reducción del 40 por ciento del trabajo permanente en la industria, aumentó en 192 por ciento la contratación temporal, que es causante de inestabilidad laboral y pobreza. Además, anota el desmantelamiento de la infraestructura oficial hospitalaria de la mano con la persecución de la actividad sindical con el resultado de impedir que 7.020 trabajadoras y trabajadores no pudieron sindicalizarse como resultado de esa política oficial. Una persecución sindical que no solo afecta a los sindicatos hospitalarios.

Con una denuncia dolorosa que reitera, el pasado 9 de junio la Confederación Sindical Internacional, CSI señaló: de un total de 101 lideres sindicales asesinados en el mundo, 48 lo fueron en Colombia, colocando al país en el primer lugar de lideres asesinados en 2009 en todo el planeta2.

En Colombia la pena de muerte es de oficio

“Colombia ha vuelto a ser el país donde defender los derechos fundamentales de los trabajadores significa, con mayor probabilidad que en ningún otro país, sentencia de muerte, a pesar de la campaña de relaciones públicas del Gobierno colombiano en el sentido contrario”, indicó Guy Ryder secretario general de la CSI.

Por otra parte, la persecución contra los defensores de defensores de derechos humanos arrojó un total de 32 defensores asesinados en 2009, 99 amenazados, 17 fueron víctimas de atentados, 15 detenidos de manera arbitraria, uno torturado, tres heridos y 10 afectados por el uso arbitrario del sistema penal, al ser procesados sin fundamento, denunció el Programa Somos Defensores –cuya trayectoria coincide con los casi ocho años de Gobierno del presidente Álvaro Uribe–, que también documenta desde 2002 un total de 1.057 agresiones contra estos activistas. Por su parte, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos3, creado en 2002, registra que en 2009 174 fueron agredidos, una cantidad que es la segunda más alta en el país desde 2003, cuando las víctimas totalizaron 184.

El perfil de Santos

Tras ocho años de administración Uribe, las banderas del neoliberalismo serán enarboladas, ahora, por el Santismo, fiel representante de la burguesía colombiana y el capital extranjero. Esto último, al punto que el diario El Tiempo, la más prominente de las empresas de su familia, fue vendida al grupo económico Planeta, de España, ligado a la reacción del Partido Popular de Aznar, que todavía celebra al dictador Francisco Franco. Santos ocupó los Ministerios de Comercio Exterior (Gaviria), de Hacienda (Pastrana) y de Defensa Nacional (Uribe), es uno de los artífices de las políticas públicas que han profundizado la desigualdad social, como la apertura comercial y las privatizaciones. Pertenece a quienes Jorge Eliécer Gaitán llamó la oligarquía colombiana.

Santos promete continuar la política nefasta de la ‘seguridad democrática’, con sus miles de ajusticiamientos extrajudiciales –mal llamados “falsos positivos”–, esto es, el secuestro y asesinato de jóvenes civiles ajenos al conflicto armado. Unas víctimas que sobrepasan las 2.200 casos en investigación –seleccionadas entre jóvenes urbanos desempleados, indigentes, drogadictos o con antecedentes penales, pero también había muchos sindicalistas y activistas comunales de zonas rurales, todos ajenos al conflicto armado– que luego de ser secuestrados o engañados para llevarlos a zonas de orden público, fueron presentados como “guerrilleros abatidos en combate”.

Trama criminal clandestina de los militares a lo largo y ancho del país, con el fin de inflar los partes públicos del Ejército y la “guerra antiterrorista”, lograr condecoraciones, recompensas, permisos, ascensos u otros beneficios, y presentar como exitosa la “SD”. Un patrón de ejecuciones extrajudiciales con repitición en decenas de unidades militares, que constituye un crimen de lesa humanidad, que se acompaña con una impunidad del 98,5 por ciento de los casos reportados.En visita realizada en diciembre de 2009 Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones arbitrarias y autor de un informe sobre esta practica criminal, afirmó: “persisten graves problemas” en relación con las políticas de seguridad en el país: Y agregó, “Mis investigaciones encontraron que miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país”.

La gestión que promete Santos no es otra que la continuación de las políticas de exclusión social, pobreza, represión, persecución al sindicalismo como a los defensores de los derechos humanos, y ahora, a la justicia, por atreverse a enjuiciar a los parapolíticos, militares, policías e integrantes del Das –organismo que Uribe penetró y convirtió en organización terrorista auxiliar del paramiltarismo.

De igual manera, la administración Santos tendrá su cara antipopular y en contra de nuestra soberanía:

• De privatización de las pocas empresas que quedan al Estado.
• De saqueo de las riquezas naturales por las multinacionales a través de la profundización del modelo de extracción minera, que empobrecerá al país privándolo de sus riquezas y destrucción de los recursos naturales, como el agua y los bosques.
• La consolidación del modelo agroindustrial de los cultivos para la producción bioenergética, en detrimento de la seguridad alimentaria, cuyo presupuesto ha sido el desplazamiento de cinco millones de colombianos en los últimos 20 años. y la expropiación de seis millones de hectáreas. Para ellos, hará ‘Unidad Nacional’ entre la burguesía, a la cual pertenece Santos, y los terratenientes viejos y los nuevos asociados al paramilitarismo y el narcotráfico, al cual pertenece el Uribismo. Santos, quien ineluctablemente será el próximo presidente de Colombia, amenaza con quedarse ocho años como su predecesor.
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