En Colombia, el modelo de prestación de los servicios por parte de los entes públicos y las comunidades organizadas sin ánimo de lucro, como los acueductos comunitarios, está en proceso de desmonte porque el proceso de privatización se agudiza con los nuevos planes y proyectos dictados desde el gobierno central, avalados por leyes y decretos que adicionalmente complementan el régimen de los servicios públicos, contenido en la Ley 142 de 1994.
Desde la Constitución de 1991 se posibilitó la prestación de servicios públicos por parte del sector privado. Tanto la política pública, como las normas que la legalizan, abrieron caminos para entregar la administración de lo público –cuyo fin es social- por tiempo indefinido al sector privado. Los efectos de este giro en nuestra sociedad: negación de derechos, mayor exclusión, ingobernabilidad producto, entre otras, de la insatisfacción de las necesidades de las poblaciones locales, urbanas y rurales, a causa de la pérdida de su autonomía en el manejo de los recursos por parte de las administraciones y los concejos municipales.
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento Básico (PDAS) son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, político, institucional, técnico y financiero, que en el corto, mediano y largo plazo, bajo la coordinación de los departamentos, formulan la planificación, la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico.
Estos planes se desarrollan en varias fases: diagnóstico, estructuración e implementación. La participación de cada departamento en tales planes se formaliza y se legaliza mediante ordenanzas de la respectiva asamblea departamental que autoriza al Gobernador para la implementación del plan, para comprometer vigencias futuras con cargo a los recursos del sistema general de participaciones, para la contratación de operaciones de crédito interno y/o externo, y para celebrar contratos y convenios administrativos, entre otros fines; Cada departamento tiene un gestor del plan departamental para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento.
Los PDAS están dirigidos a la transformación empresarial (privatización) del sector como lo imponen las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, la OMC y el Banco Mundial. Se rompe la autonomía municipal y comunitaria al controlar los procesos desde el poder central. Los recursos del sistema general de participaciones y de las regalías deben ser pignorados hasta por 20 años y van a una bolsa departamental, lo cual reduce la autonomía municipal y el manejo de sus finanzas. Esta transformación empresarial con ánimo de lucro implica el encarecimiento de las tarifas locales y lógicamente la reducción de la inversión pública en lo social, además de conducir a una mayor vulneración de los derechos de los beneficiarios de los servicios públicos.
Pérdida de autonomía
La pérdida de autonomía se evidencia en el Decreto Reglamentario 3200 de 2008, que definió al Comité Directivo como la máxima instancia de decisión y coordinación interinstitucional del Plan, que será conformado por el Gobernador; un delegado de éste, responsable del tema de servicios públicos en el departamento; dos alcaldes, en representación de los municipios y distritos que participan en el plan; un delegado del Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, un delegado del Departamento General de Planeación, y un delegado de cada autoridad ambiental de la región, siempre que haya suscrito el convenio.
En pocas palabras, la pretensión es que la autonomía administrativa y presupuestal de los municipios esté representada en dos alcaldes elegidos por mayoría simple, entre quienes integran el plan y atendiendo a criterios de distribución regional.
Esta política pública para el manejo empresarial de los servicios de agua y saneamiento, orientada por el gobierno nacional, tiene fundamento en los documentos Conpes1 3383 de 2005 (Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado), 3463 de 2007 (PDAS para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo) y en la normatividad desarrollada con posterioridad en el nivel de ley y decreto reglamentario. Los documentos Conpes trazaron líneas estratégicas para el desarrollo de la política sectorial de agua y saneamiento básico en todo el territorio nacional. El primero de ellos las define en:
– Optimización de las fuentes de financiación.
– Adecuación de la estructura de la industria.
Bajo estas dos líneas, propone la transformación institucional que implica reformas normativas y en algunos casos fortalecimiento de entidades; impulso a la entrada de operadores especializados, públicos o privados, promoción de la participación privada y aplicación de la regulación tarifaria entre otros aspectos.
Este Conpes, en especial, recomienda la expedición de un “decreto que obligue el giro directo del Sistema General de Participaciones (SGP) a los fondos de solidaridad o a los operadores especializados, y que además incluya la posibilidad de utilizar parte de esos recursos en la evaluación y la interventoría de su inversión”2.
Por su parte, el Conpes 3463 de 2007 armoniza, como el texto mismo lo expresa, el primero de los mencionados y propone como lineamientos la estructuración, la financiación y la ejecución de los PDAS para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En esta forma se gestaron los Planes Departamentales del Agua y su concreción y obligatoriedad a través de un marco normativo complementario al ya definido por la Ley 142 de 1994.
Es importante reseñar que estos dos documentos tienen, además de unas propuestas de lineamientos, antecedentes y justificaciones que expresan las razones o los motivos de la propuesta, y que en últimas manifiestan las intenciones pasadas, presentes y futuras de una política empresarial de desarrollo para los servicios públicos, desconociendo el enfoque de derechos que éstos conllevan para los ciudadanos y nuestras comunidades.
Múltiples formas de resistencia
Una gran acción de resistencia contra esta política está representada en la plataforma que levantó el movimiento en defensa del agua y la vida, y que acudió a la reforma de la Constitución por la vía del referendo que movilizó miles de personas y logró más de dos millones firmas de apoyo, y que ha sido burlado por la Cámara de Representantes al negarlo, contradiciendo la voluntad popular. Es necesario insistir en una política y una normativa nacional del agua, que la considere un bien común y público y fundamental derecho humano. Pero hay más acciones por liderar.
Es necesario y urgente impulsar que los concejos municipales no aprueben el acuerdo que es requisito para que el Municipio ingrese en el Plan Departamental. Muchos municipios de Colombia se resisten a entregar su autonomía municipal y dan ejemplo de lucha, como Carmen de Viboral, en Antioquia. Pero si los municipios ya lo han aprobado, es necesario promover su retiro mediante referendo municipal que obligue a que este acuerdo sea derogado.
Es urgente promover cabildos abiertos para el debate del Plan Departamental, exigiendo información sobre el diagnóstico y la estructuración del plan, el manejo de los recursos, la pérdida de autonomía y todas las preguntas que obliguen a que entreguen una información clara.
Es necesario identificar y mapear la presencia de operadores especializados de carácter privado. Hay que ligar el proceso de privatización del agua con otros, por ejemplo la exploración minera y la producción de energía, tanto como identificar los intereses privados y sus negocios en los territorios.
Es importante defender las empresas públicas municipales y ejercer control social sobre ellas para que sean manejadas con transparencia y eficiencia; promover acuerdos públicos, comunitarios, que fortalezcan tanto a la empresa pública municipal como a los acueductos comunitarios, barriales y veredales.
Resulta fundamental promover acuerdos de concejo en esta perspectiva, fundamentados en la defensa de la autonomía municipal y comunitaria, dirigidos a proteger el ecosistema asociado al ciclo del agua y las comunidades organizadas que durante años lo han preservado. Igualmente, procurar el fortalecimiento de las comunidades organizadas en acueductos comunitarios, local y regionalmente, a través de asociaciones de todo nivel, y sin perder la autonomía y la independencia que las han caracterizado.
La lucha por la defensa de la cultura, el territorio y la vida es también la lucha por la defensa del agua como bien común y público, y como derecho humano fundamental. Debemos oponernos a las políticas que pretenden privatizar el servicio de agua potable, y en últimas el agua, líquido vital para nuestra subsistencia y la de las generaciones futuras.
El agua es la fuente de la vida. El agua no es una mercancía. El agua es del pueblo, ¡carajo!
1 Conpes: Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación.
2 Conpes 3383 de 2005.
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