Del dicho al hecho… Una cosa son las declaraciones de las grandes cumbres mundiales como la del Milenio y otra la ruta de las inversiones públicas y de las políticas económicas. Sin duda, no sólo de buenas intenciones viven los cientos de millones de excluidos que hoy habitan el planeta.
El documento final con el que se cerró la Cumbre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, firmado el 22 de septiembre pasado como resultado de deliberaciones, deja el sinsabor del lenguaje diplomático y sensiblero de los pronunciamientos producto de este tipo de encuentros en los que se tratan los problemas de la pobreza, la desigualdad, la enfermedad y, en general, las lacras sociales que padece la gente como consecuencia de un sistema basado en las lógicas de la competencia y por tanto de la depredación. Igualmente, siembra serias inquietudes sobre el cambio de paradigma que pudiera sufrir el discurso oficial de instituciones como las Naciones Unidas en los tiempos por venir. (1)
Llama poderosamente la atención que en un documento titulado “Cumplir la promesa” (que no es otra que disminuir significativamente la pobreza y la desigualdad de aquí a 2015), en su punto 25 se le dé la bienvenida a la idea de “seguridad humana”, que, impulsada por el actual presidente de la Asamblea General, se espera que sea materializada con un acuerdo sobre el tema en la próxima reunión. Y decimos que llama la atención porque el esbozo del informe de la Comisión de Seguridad Humana (2) creada hace poco, no es halagüeño. En él se puede leer: “La llamada que se hace en el informe a favor de la seguridad humana es una respuesta a los desafíos del mundo actual. Las políticas y las instituciones deben responder a esas inseguridades de manera más firme e integrada. El Estado continúa siendo el principal responsable de la seguridad. Pero como los problemas de seguridad se tornan cada vez más complejos y varios actores nuevos tratan de desempeñar un papel en esta esfera, necesitamos un desplazamiento de paradigma. La atención debe ampliarse desde el ámbito del Estado para incluir la seguridad de la gente, la seguridad humana”.
¿Por qué “seguridad humana”? Porque de lo que se trata es de internacionalizar y homogeneizar, con los criterios occidental-centristas, las medidas policivas, además de legitimar el papel creciente de actores privados en el campo del control directo y la represión. En el documento podemos leer planteamientos como este: “Los Estados, con el apoyo del sistema internacional, necesitan establecer medidas de alerta temprana y de prevención de los desastres naturales y las crisis económicas o financieras”. Y este otro: “La comunidad internacional debe establecer además una red mundial de asociados para la salud, fomentando, por ejemplo, un sistema mundial de vigilancia y control de las enfermedades infecciosas”. Más: “Dichos esfuerzos pudieran crear una fuente horizontal de legitimidad que complementara a las estructuras verticales tradicionales y acompañara la aparición de una opinión pública internacional”.
Si se cree, entonces, que los intentos por establecer un gobierno mundial son parte de una conspiración aupada en las sombras, basta leer entre líneas los esbozos de la discusión que se avecina en las Naciones Unidas, para tener que dejar de espiar en las reuniones del club Bilderberg. Pero esto no es lo importante. Lo que merece que se le remarque es la relación que comienza a establecerse entre falta de “seguridad humana” y pobreza, es decir, en el intento de convertir la pobreza en una consecuencia de la inseguridad (“El conflicto y la privación están relacionados entre sí,” podemos leer en el Esbozo).
Las políticas en contravía de los Objetivos
Apenas clausurada la Cumbre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la prensa internacional destacaba las declaraciones del presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, quien admitía que –en 2010– 65 millones de personas adicionales caerían en la pobreza, y que, de los niños nacidos este año, millón y medio estarían en alto riesgo de morir antes del 2015, fecha en que la llamada comunidad internacional se puso como meta la disminución de la pobreza a la mitad de la cifra de 2001. No deja de ser extraño entonces el optimismo de los miembros de las Naciones Unidas que aún afirman que es posible alcanzar esa meta dentro de cinco años, justo cuando la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que desde la crisis se han perdido 29,4 millones de empleos (en sólo 68 países de los que se tienen estadísticas) y que se requiere crear 22,7 millones de puestos de trabajo adicionales para recuperar apenas los niveles de ocupación anteriores a la crisis.
Ahora bien, que la recesión haya acabado y que se sigan perdiendo puestos de trabajo es señal inequívoca de que la sustitución de trabajo por capital sigue su curso y que, aún con crecimiento, la situación de las clases subordinadas no puede mejorar si no se redistribuye el trabajo sin tocar los salarios de los trabajadores, asunto que ni de lejos se plantea en las estrategias de disminución de la pobreza.
De otro lado, la FAO señala que “el hambre sigue estando más extendida que antes de la crisis, lo que hace que sea más difícil que nunca alcanzar el objetivo de reducción del hambre fijado en la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación y el Objetivo de Desarrollo del Milenio 1” (ver el Estudio de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo). Y muestra que el número de subnutridos que alcanzó su punto más bajo en el período 1995-1997, con aproximadamente 780 millones personas en esa condición, tiene su punto más alto en 2009, con 1023 millones de personas. En términos porcentuales, entre 1995 y 2009 los subnutridos han representado cerca del 17 por ciento del total de la población, abriendo un serio interrogante sobre la posibilidad de que la situación pueda revertirse, máxime si se tiene en cuenta que, desde la crisis, el precio de los alimentos ha mostrado una alta volatilidad con tendencia al alza si se considera el mediano y el largo plazo.
Que como estrategia se propugne por profundizar el comercio internacional no deja de ser un contrasentido, pues, como se reconoce, las aperturas económicas representan una pérdida significativa de autoabastecimiento de los países del Tercer Mundo que se ha ido acentuando con el tiempo. Mientras en 2007 se estimaba que los altos precios internacionales explicaron el 10 por ciento de las alzas en los índices de precios de los alimentos en esas naciones, en 2008 ese porcentaje se había elevado al 32. Según la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal), un incremento del 15 por ciento en el precio de los alimentos tiene una incidencia de tres puntos porcentuales sobre la indigencia.
El caso de la salud no es menos crítico. Se sabe, por ejemplo, de la generalización del problema de la “atención inversa”, consistente en que quienes menos atención médica requieren (las personas de mayores ingresos) sean las que más la consumen (en buena medida como “mejoramiento estético”), mientras las personas de más bajos ingresos, teniendo mayores necesidades de ese servicio, lo consumen en muy pequeña proporción.
Igualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 100 millones de personas caen en la pobreza cada año porque, al estar privados de seguridad social, se ven obligados a costear de su propio bolsillo la atención sanitaria. Además, las mejoras en las condiciones del hábitat que se han traducido en salud no terminan de favorecer significativamente a los más pobres, pues se acepta que el promedio de vida de los individuos de los grupos más vulnerables puede ser hasta 30 años menor que el de los de mayores ingresos. No sin razón se afirma que la pobreza extrema es la causante de un tercio de las muertes en el mundo.
Pese a eso, el documento de la Cumbre de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, en su octavo objetivo, “Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”, en el numeral T reafirma el derecho de aplicar los Acuerdos de Protección Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), que hacen parte de la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Estos acuerdos han generado agrias disputas entre países pobres y ricos, llevando a muchos de estos últimos a crear ley por sus propios medios con el Acuerdo Comercial Antifalsificación (más conocido como ACTA, sigla inglesa) y que, bajo la disculpa de luchar contra la piratería, pretenden establecer condiciones leoninas sobre la propiedad intelectual y, de paso, sentar las condiciones para el control de la internet. La organización Avaaz ha denunciado que la undécima ronda del ACTA, que culminó el recién pasado 2 de octubre, quiere bloquear el uso de los medicamentos genéricos, pues no distingue entre éstos y los falsificados, lo que representaría condenar a muerte a un número importante de personas de los países de la periferia, que dependen de tales fármacos.
Nadie puede seguir creyendo seriamente que promoviendo el mercado, profundizando el comercio internacional y restringiendo la circulación del conocimiento mediante el endureciendo de las normas sobre patentes, se pueda disminuir la pobreza y la enfermedad, y alcanzar la seguridad alimentaria. Es claro que los efectos de la crisis amenazan la gobernabilidad (la disposición de las clases subalternas a aceptar el estado de cosas), hasta el punto de que, según el Informe Sobre el Trabajo en el Mundo 2010, de la OIT, en el 75,6 por ciento de los países que muestran deterioro en sus indicadores sociales se percibe la desmejora en su calidad de vida; el 50 muestra menos confianza en el gobierno; el 67,6, menos satisfacción con el trabajo, en tanto que el 55,4 considera injusta su situación.
¿Es, entonces, a esa realidad a la que se pretende responder con la estrategia de la “seguridad humana”? Resulta por lo menos curioso que entre las conclusiones de política de la Comisión de Seguridad Humana, se hable de “apoyar la seguridad de las personas que se trasladan” (conclusión número 3), “elaborar un régimen mundial eficiente y equitativo de derechos de patente” (conclusión número ocho) y “aclarar la necesidad de una identidad humana mundial” (conclusión número 10). Curioso, pues, es sabido que cuando se exacerban los conflictos sociales se afecta la movilidad del capital, se pone en duda la legitimidad de la propiedad privada y se recupera la identidad de clase.
Colombia, ¿laboratorio de la relación seguridad, pobreza y gobernabilidad?
En Colombia, quizá más que en ninguna otra parte, se ha querido hacer de la inseguridad la causa de la pobreza. Pero, si se comparan los 12 años transcurridos de 1996 a 2008, los porcentajes de la población en indigencia han permanecido prácticamente iguales (17,19% y 17,81%, respectivamente), lo que significa un aumento absoluto de más de un millón 300 mil indigentes. La disminución del índice de pobreza, que pasó en ese período de 50,9 a 46 por ciento, también se tradujo en el aumento del número absoluto de pobres en poco más de un millón 600 mil personas.
El porcentaje de individuos subnutridos en Colombia (13%) no muestra disminución desde 1995 (porcentaje muy superior al 9 por ciento de media para América Latina), por lo cual el número de individuos en esa condición también ha aumentado desde entonces, dado el crecimiento demográfico, igual que en el caso de la indigencia y la pobreza. Pero, lo que es peor, a partir de 2001, el índice de precios de los alimentos crece más que el promedio de todos los bienes, afectando de intensamente a la población de bajos ingresos, que dedica el 41,4 por ciento de sus gastos a ese rubro, contra el 29,5 de los de ingreso promedio y el 14,7 de los de ingresos altos.
De otro lado, el número de hogares en asentamientos precarios (HAP) comenzó a aumentar desde 2005, pasando de 1.247.321 en ese año a 1.370.970 en 2008, lo cual indica que el país no es excepción a la regla mundial del empeoramiento de la pobreza. Pero, pese a lo inquietante de las cifras, lo que más se debe resaltar es que, desde 2002 se inauguró una visión política que hacía de la seguridad la condición necesaria de cualquier avance en materia social. Y los resultados más visibles son el aumento de la población desplazada, la ejecución de civiles por parte de miembros de la fuerza pública (más conocida como “falsos positivos”) y el deterioro social ejemplificado más arriba. Surge de allí el temor de que la elección de Colombia como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, lo mismo que el nombramiento de Álvaro Uribe como vicepresidente de la comisión investigadora del ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad, que dejó casi una decena de víctimas mortales, tenga que ver con los intereses de la ONU en el tema de la “seguridad humana”.
La guerra de las divisas sobre la que advirtiera el ministro de finanzas del Brasil, Guido Mantega y la provocativa escogencia del disidente chino Liu Xiaobo como Nobel de la Paz (incluso la selección de un neoliberal recalcitrante como Vargas Llosa como Nobel de Literatura) son muestra de que la derecha internacional está presta a destapar sus cartas. La nueva guerra fría, que apenas comienza a cocinarse, requiere un proceso de legitimación en el “mundo democrático”. Alcanzar consenso en una situación de crisis no es cosa fácil. Quizás el éxito del discurso de la seguridad en Colombia como anestesiante y distractor de los sectores populares haya llamado la atención de las entidades multilaterales y se quiera aprovechar esa experiencia. Pero, si aún no fuera ese el caso, los colombianos ya hemos experimentado hasta la saciedad que “seguridad” con hambre significa sangre. ¿No debieran los movimientos alternativos internacionales ir tomando nota?
1 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N10/511/30/PDF/N1051130.pdf?OpenElement.
2 www.humansecurity-chs.org/finalreport/Outlines/outline_spanish.pdf.
Un poco de historia
En septiembre de 2000 tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, la Cumbre del Milenio. Representantes de 189 Estados recordaban los compromisos adquiridos en los 90 y firmaban la Declaración del Milenio, en la cual se recogen ocho Objetivos por cumplir en el 2015, siete de carácter social y uno de tinte comercial.
La concreción de estos Objetivos ha sido monitoreada a través de reuniones periódicas de las Naciones Unidas. Las mismas indican que en muchos de los países firmantes no se cumplirá con los propósitos del año 2000. El más reciente de tales encuentros se realizó durante los días 20 y 22 de septiembre pasado. Nuestro país aparece como uno de los que fallarán con su compromiso.
Objetivos
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud materna.
Objetivo 6: Combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
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