Que el Incoder actúe

La propuesta de una ley de tierras por parte del actual gobierno ha estimulado un intenso debate en todo el país. La expectativa es creciente entre sectores campesinos, investigadores del campo, defensores de derechos humanos, trabajadores del Incoder. Aquí unas reflexiones desde la experiencia vivida en Córdoba.

La presentación del proyecto de ley por parte del gobierno Santos, de restitución de dos millones de hectáreas para campesinos desplazados ha despertado controversias, algunas agitadas y radicales, en numerosos grupos y sectores del país. Es probable que cause más violencia, auguran algunos, puesto que los hechos en varias partes del país así lo anuncian. Parte de la tierra restituida tal vez no llegue a ser disfrutada de nuevo por sus antiguos dueños porque subsistirán procedimientos legales y de presión o fuerza que lo impidan, y, en el mejor de los casos, la sola tierra no es suficiente para que los campesinos desplazados vivan mejor.

Esta discusión y las acciones colaterales quizá se prolonguen, pues la aprobación y la reglamentación demandan tiempo… Mientras tanto, hay situaciones en el campo que se pueden resolver si hay voluntad política y decisión oficial, como al parecer existen, que ayuden a aclarar y resolver tantos problemas. Por ejemplo:

Venta y negociación de parcelas. Es una constante desde 1990. De los 366 predios que adquirió el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) entre 1963 y 2003 en el departamento de Córdoba, con área de 134.174 hectáreas, cerca del 60 por ciento está en manos ajenas, un alto porcentaje de ellos vendido, cedido o abandonado por causa del conflicto armado.

Igual sucedió con las 387.391 hectáreas que recibieron 14.511 beneficiarios de titulación de baldíos, de parte del Instituto, en el mismo período, la mayoría tiene otros dueños, y muchos de los terrenos adquiridos lo fueron fraudulentamente o por presión de las armas.

Como es fácil entender, ningún campesino beneficiario o familiar cercano o lejano, de una u otra modalidad, forzado por las circunstancias del conflicto, denunció en el Incora antes ni ahora, ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), las causas de la negociación o la venta de su parcela. Todos estos arreglos, lícitos e ilícitos, aparecen como venta voluntaria. Ante este hecho, se abren por lo menos dos posibilidades de aclaración: que el Incoder proceda a averiguar, con la máxima seguridad posible, cuánta tierra de la que entregó el Gobierno, por adquisición y titulación, está o no está en manos de los beneficiarios iniciales, y las verdaderas causas de su negociación o venta. Cualquier caso que ocurra de ahora en adelante debiera ser motivo de indagación. Es más: por ley, el Estado tiene la primera opción de compra y debe ejercer este derecho, y con este fin disponer los recursos que sean necesarios.

Acceso al subsidio integral de tierras. En lo que va corrido del período 2008-2010, la situación es ésta: a) 2.606 familias desplazadas presentaron 172 propuestas o proyectos para un área de 16.757 hectáreas. De éstos, fueron elegidos cinco proyectos de 29 familias y 181 hectáreas; hay 5 condicionados que, de aprobarse, pueden beneficiar a 57 familias con 363 hectáreas y una para verificar en terreno para cuatro familias, con 28 hectáreas. b) 1.281 familias campesinas presentaron 52 proyectos (con superficie de 7.632 hectáreas). Ninguno fue aprobado. c) 922 familias de campesinos y desplazados presentaron 37 proyectos con superficie de 7.632 hectáreas. Fueron elegidos cuatro proyectos de 211 familias sin especificar el área. En resumen, de 261 proyectos presentados por 4.809 familias que solicitaron 33.221 hectáreas, sólo fueron aprobados nueve para 240 familias, con superficie parcial de 181 hectáreas, condicionados cinco para 57 familias con 363 hectáreas y uno para verificación en campo que beneficiaría a cuatro familias con 28 hectáreas.

Este hecho pone en duda la eficacia y la justeza de las convocatorias de tierra porque no tienen en cuenta la gran desventaja de la mayoría de los campesinos, que no disponen de información, orientación ni recursos económicos para cancelar estudios jurídicos y topográficos, avalúo comercial, y proyectos productivos y sociales. Además, los lugares de los predios son por lo general de difícil acceso por el mal estado las vías, la presencia de grupos armados ilegales y la carencia de servicios básicos, lo que les resta puntos en la calificación total. Las bases o las condiciones de las convocatorias deben ser más expeditas, de carácter departamental, y tener en cuenta las difíciles condiciones de vida de los solicitantes.

Agro Ingreso Seguro. Durante los años 2007-2008 fueron aprobados 13 proyectos en convocatorias para riego y drenaje, supuestamente para beneficiar a pequeños productores. De estos proyectos le entregaron dos a Corpoica Turipaná por valor de 540.842.000 pesos; una hacienda de 200 hectáreas en Lorica fue dividida en dos y cada una recibió 682.237.000 pesos, para un total de 1.364.474.000 pesos; las 8 restantes haciendas recibieron 2.664.186.000 pesos. En total, fueron beneficiadas nueve familias y una institución con un total de 941 hectáreas. La excepción estuvo en un proyecto de riego por goteo para maracuyá, en 15 hectáreas, para 30 familias, con un apoyo por valor de 105.000.000 millones.

Titulación de baldíos. En lo que va corrido del 2003-2010, el Incoder ha titulado 13.679 hectáreas a 1.564 familias. En sitios de conflicto o expulsores de desplazados, es recomendable actuar con prudencia para no legalizar tierras despojadas.

Extinción de dominios, recuperación de baldíos indebidamente ocupados y deslindes de humedales. Todos estos procesos son parsimoniosamente lentos y, como es obvio, obran en detrimento de los intereses de los campesinos. Es urgente agilizarlos para ayudar a resolver casos acumulados y viejos.
Protección de predios. La modalidad en los últimos tiempos consiste en arrendar o vender las parcelas sin levantamiento previo de la protección. No hay que olvidar que las tierras protegidas o en reserva no garantizan la seguridad ni el usufructo por parte de los campesinos beneficiarios.

Proceso de negociación. Es fundamental que el Incoder reconozca el derecho que tienen los desplazados y campesinos a participar en los procesos de negociación que los involucre.

Proceso de reubicación. En todas las reubicaciones establecidas hasta el momento hay dificultades, algunas graves, que merecen solución urgente. Asimismo, tanto las instituciones del Gobierno comprometidas con esta función como los beneficiarios deben cumplir con las obligaciones contraídas.

Zonas de desplazamientos. Ya están debidamente identificadas. Para efectuar titulación en estos sitios, se debe tener en cuenta el informe sobre propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes, debidamente avalado por el respectivo comité de atención a la población desplazada.

Remate de tierras. Los predios en que por una u otra razón se haya incumplido el pago de obligaciones no deben llevarse a remate sin antes estudiar cada caso y ver las posibilidades de conciliar o condonar las deudas. La deuda de los campesinos del país por este concepto es de 330 mil millones de pesos.

Propuestas

• Adelantar estudios, evaluaciones y seguimientos de los casos presentados, dar a conocer los resultados y tomar las medidas respectivas.
• Según lo estipulado por el Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 del mismo año, las zonas de reserva campesina se conformarán “en regiones donde se adelanten procesos de colonización, predomine la existencia de tierras baldías y en áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socio-económicas requieran la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia de terrenos rurales”. El proceso de selección de las mismas debe ser concertado con las autoridades, las entidades y las organizaciones representativas de los intereses de colonos y campesinos. El Incoder, junto con las instituciones del agro, debe promover esta opción para frenar un poco el despojo y la concentración de la tierra.
• Adelantar programas de desarrollo rural teniendo en cuenta todas las experiencias que dejó el Incora con el fracaso de sus miles de empresas comunitarias.

Nota. El Incora permaneció en Córdoba durante 42 años. ¿Dónde están sus archivos?, ¿en qué estado se encuentran?, ¿se pueden consultar? ¿El Incoder tiene clasificada toda su información?, ¿hay acceso a ella?