Entre el 15 y el 16 de noviembre se llevó a cabo el encuentro “Por el Reconocimiento Político y Social del Campesinado”, al cual asistieron alrededor de 1.500 campesinos y campesinas de diversas partes del país, especialmente del oriente caucano. Retomamos a continuación apartes de los textos discutidos y las conclusiones de las deliberaciones.
Problemática campesina
La política estatal de guerra y la rural en los últimos 20 años acentúa el desconocimiento social y político del campesinado. Ese nivel es cada día mayor, hasta el punto de hacer parecer que no hay campesinos, como si éstos fueran un mito. Es terrible que haya que decir: “¡Oiga! Los campesinos sí existen, como antes se dudaba de que los indígenas tuvieran alma. Uno de los aspectos de esta “ignorancia”, evidenciado en el encuentro de Inzá, tiene que ver con la tensión que se da en el municipio, entre campesinos e indígenas.
Esta tensión refleja cómo el Estado, en su reconocimiento parcial de derechos de las comunidades indígenas, legisla sin observar que los territorios habitados por los indígenas son también espacios habitados por el campesinado. Así, se busca que los nuevos resguardos por constituirse en Turmina y Pedregal se extiendan sobre territorios habitados por campesinos. Unos y otros tenemos derecho al suelo, unos porque sus títulos de resguardo datan de la Colonia, mientras los otros llevamos varias décadas allí. Unos y otros somos víctimas del desplazamiento y el ordenamiento territorial que en diferentes períodos históricos han impuesto los poderosos, generalmente grandes propietarios de tierra.
La tensión de las comunidades evidencia que no hay una política estatal que conciba la nación y el territorio (local, regional y nacional) como construcción pluricultural y equitativa, que para el caso permitiría que el territorio indígena no sea el que se les quite a los campesinos, pues el Estado está obligado a distribuir tierras, entre otras cosas porque los dueños legítimos de muchas tierras son campesinos, indígenas y afrodescendientes.
Lo que sucede en Inzá entre estos dos sectores no está aislado; es una estrategia para dividir a los sectores populares, beneficiando a los politiqueros, los grandes dueños de la tierra e intereses multinacionales, más aún cuando el movimiento indígena caucano es epicentro de recientes luchas sociales, y el campesinado sobrelleva debilitamiento por la acción paramilitar.
En 2005, con la recuperación territorial bajo la campaña de Liberación de la Madre Tierra, salió a flote el verdadero interés terrateniente. Mientras los indígenas y algunos sectores campesinos lideraban la toma de haciendas, se convocó a una movilización para defender la propiedad privada, y por el derecho a la existencia del campesinado y la democracia. En Silvia se movilizó la comunidad urbana contra la toma de tierras; en Caloto, la administración y la Gobernación convocó a campesinos y afrodescendientes. Desde los medios de comunicación, el Gobierno dice que los indígenas son terratenientes con mucha tierra, pero oculta la naturaleza de ésta y la realidad de su concentración en el departamento, causa real que explica el arrinconamiento histórico, y la falta de tierra, que padecen las comunidades.
Zonas de Reserva Campesina (ZRC)
A fines de los años 80 del siglo XX, en zonas cocaleras y de frontera agrícola se empezó a hablar de esta figura. En 1994 se promulga. Las marchas cocaleras de 1996 exigieron reglamentar la Ley 160 y crear las ZRC, hechas realidad en El Pato (Huila), Cabrera (Cundinamarca), Calamar (Guaviare), Valle del Cimitarra (Antioquia), Morales (Bolívar), con ayuda del Banco Mundial. Muchas otras regiones pidieron lo mismo en Boyacá, Santanderes, Cesar, Nariño, Tolima y Cundinamarca.
Ante la tensión indígenas-campesinos expuesta en el Encuentro, los campesinos presentan como opción crear una ZRC, definida así: “Se trata de fortalecer las comunidades con la aplicación de sus derechos a la tierra y sus recursos, con el apoyo del Estado, para incorporar formas adecuadas, ‘sostenibles’, de aprovechamiento del territorio y de recursos y para fortalecer sus organizaciones, y su desarrollo económico, político y cultural. Se trata de hacer un nuevo ordenamiento que compatibilice las necesidades comunitarias y las posibilidades de su medio ambiente, como base real para la viabilidad de país”2. En el corto plazo y ante la situación de vulnerabilidad del campesino, la ZRC es una figura jurídica que ayuda a salvaguardar sus territorios y plantear la distribución de la tierra y el ordenamiento territorial alrededor de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), como base económica y cultural campesina, sostén de la seguridad alimentaria.
En Inzá no es la primera vez que se propone la creación de una ZRC, y los campesinos son conscientes de que, así como hay limitantes para crear resguardos, también los hay para crear las ZRC. El hecho de que en este municipio la propiedad de la tierra se caracterice por ser minifundio y microfundio, lleva a plantear que la ZRC debe ser una propuesta territorial que vaya más allá del espacio municipal. La situación demuestra que en Colombia los territorios son muy diversos y que gran parte de su problemática exige tocar el problema de la tenencia de la tierra y del ordenamiento territorial.
Gracias a las comunidades indígenas y afrodescendientes, en el norte del Cauca hay una gran riqueza pluricultural respecto a la propiedad colectiva de la tierra, está riqueza puede contribuir en la concepción de propiedad privada y colectiva que caracterizaría una ZRC. Una nueva concepción de propiedad privada en los campesinos evitaría que los terratenientes y los medios de comunicación los engañen cuando éstos los llaman a rechazar las tomas de tierra, pues no es lo mismo la propiedad privada de dos o tres hectáreas en la montaña marginada que la propiedad privada de dos o tres haciendas en un fértil valle, cerca de los circuitos comerciales.
El actual gobierno reconoce las ZRC en su ley de tierras, pero al respecto se cree que debemos tener en cuenta lo planteado por el congresista Jorge Robledo en el debate de la plenaria del Senado (septiembre 21-2010) sobre la propuesta del gobierno: “En el artículo 69, expresa que se desmontará la UAF, obstáculo que Uribe no pudo desmontar en su gobierno…. van a eliminarla y se la pegarán a las Zonas de Desarrollo Empresarial de gran producción”. Al respecto, el analista Alfredo Molano subraya: “Sería algo así como liquidar en las ciudades el criterio de estrato, que de alguna manera ha favorecido a los pobres”3.
De concretarse una ZRC desde Inzá, en el contexto actual de la ley de tierras y reparación, y del modelo agroindustrial y comercial que se promueve, sería un gran referente en el país porque permitiría generar debate y alternativas, y demostraría que la causa real de la tensión indígenas-campesinos es el problema de la concentración de la tierra. Es triste y hasta ridículo pensar que, mientras las comunidades tienen conflictos por la estrechez de los territorios que habitan, en 2005, mientras los indígenas y los campesinos eran reprimidos y engañados por el Gobierno respecto a las tomas de tierras, éste era complaciente con las miles de hectáreas que los paramilitares les arrebataron a los campesinos. La cosa ha sido de un nivel de desfachatez que hasta la Procuraduría reconoció la vergonzante situación de concentración de la tierra.
El gobierno quiere ZRC sin UAF porque éstas representan la posibilidad de la pequeña y la mediana propiedad en contexto comunitario, de economía campesina, no convenientes a la actual etapa del modelo agroindustrial y empresarial; más cuando el modelo busca que el gran capital internacional compre y usufructúe grandes extensiones. Estas compras de tierra necesitan un territorio libre de figuras de propiedad como la UAF, obstáculo para expandir sus negocios, y que la ZRC sea útil al modelo y fuente de mano de obra barata.
El problema de la tierra y el territorio tiene varias caras. Se maneja de diferentes formas: unas regiones o zonas focalizadas tendrán ley de tierras y restitución, mientras otras, como el Cauca, están dentro del despliegue político y social con población que se hace bajo el ‘plan Colombia’. En la restitución de los dos millones de hectáreas que propone el gobierno hay muchas dudas sobre el proceso económico, cultural, social y de garantías para que los campesinos vuelvan a sus predios con la posibilidad real de poder iniciar un nuevo proceso vital. Se teme que la falta de condiciones lleve a que muchos campesinos vendan su tierra y ésta pase a engrosar el latifundio.
La Ley de Tierras, al legalizar predios, despierta dinámicas de mercado que permiten hacer deseable las propiedades de campesinos que carecen de condiciones para cultivar la tierra, pero además ayudan a legalizar grandes propiedades de procedencia dudosa. Dado tal proceso de legalización, se dan condiciones para extranjerizar la tierra, es decir, para que varios capitales y países se interesen en adquirir tierras en Colombia, entre otras cosas para producir comida aquí y llevarla a sus países, asegurando su seguridad alimentaria.
Que en Colombia se importen ocho millones de toneladas de alimentos, mientras los campesinos están excluidos de la posibilidad de una economía campesina que garantice nuestra seguridad alimentaria, es un absurdo que sólo favorece el modelo agrícola empresarial y extractivo minero-energético que invade territorios campesinos, indígenas y campesinos. Tal razón hace que tensiones como las que se presentan entre las comunidades de Inzá busquen alternativas pluriculturales para develar las reales causas de los problemas. En este camino de búsquedas hay que advertir referentes como el Mandato Campesino de 2003, el Congreso de los Pueblos, las experiencias de las mingas, de las ZRC, de los cabildos y los territorios afro, casos de otros países, además del sentido de la lucha cuando surge del seno del movimiento indígena, campesino y popular.
Conclusiones.
Frente a los actuales problemas del país, proponemos:
- Defender los territorios como espacios legítimos donde definir cómo queremos vivir.
- Construir relaciones armónicas con los demás pueblos que habitan nuestro territorio.
- Trabajar conjuntamente para defender la vida rural ante la oleada minera de gran escala, la privatización del agua y la entrega de tierras para la población campesina.
- Producir alimentos en condiciones de exigibilidad de derechos para los campesinos y las campesinas.
- Fortalecer la visibilidad del campesinado y la construcción de derechos para la población.
Ante la escasa interlocución del campesinado con el Gobierno, queremos:
1 Rincón García, John Jairo (enero-abril 2009). Diversos y comunes: elementos constitutivos del conflicto entre comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas en el Cauca, Universidad Nacional, revista Análisis Político, vol. 22, Nº 65, Bogotá.
2 Montaña Fajardo, Darío (abril de 2000), “Las zonas de reserva campesina: ¿estrategia de desarrollo regional y contra el desplazamiento?, en: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article4066.
3 Molano Bravo, Alfredo (2010), “Sacar campesinos”. domingo 12 de septiembre.
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