Con el mensaje de urgencia para los proyectos de reforma en salud dado al comienzo de esta legislatura por parte del gobierno de Santos, nos encontramos ad portas de un conjunto de reformas, con la seguridad de que serán aprobadas antes de concluir este año.
Esto se da en un marco de desaprobación de sectores sociales y gremiales por el carácter de las reformas, y además en un ambiente de desprestigio del Congreso por las denuncias en torno a las relaciones estrechas entre parlamentarios que impulsan estas reformas con las EPS, instituciones que saldrán más beneficiadas de tales cambios.
Como se presentó en la edición de desde abajo de octubre de este año*, hay un conjunto de iniciativas de orden constitucional, estatutario y ordinaria que impactarán sobre la política de salud, profundizando el enfoque de mercado, marginando aún más la posibilidad de una real garantía del derecho a la salud en el país, en contravía del clamor y las aspiraciones de la sociedad colombiana expresada a través de la gran movilización social de comienzos de 2010 contra de emergencia social en salud.
Reforma a la Ley 100: otro retoque
Igual que la experiencia de reforma a la Ley 100 que se tuvo en 2007, se presentó un número importante de proyectos de ley que en su mayoría apuntan a un conjunto de ajuste de esta ley y no a configurar realmente un nuevo sistema de salud por fuera del marco del aseguramiento individual a la enfermedad.
En estos momentos ya hay un proyecto que acumuló los Proyectos de Ley 01, 95, 143, 147, 160, 161 y 182 de 2010-Senado y los Proyectos 035, 087, 106, 111 y 126 de 2010-Cámara, “por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.
Lo que resta en términos de la mecánica parlamentaria es la discusión en plenaria del Senado y Cámara de este proyecto de ley acumulado, que consta de 145 artículos.
El proyecto hace énfasis en la estabilidad financiera del sistema de salud, marcando los temas de financiación. Define, entre otros asuntos, que un cuarto (0,25 por ciento) de punto de la contribución parafiscal al pago de salarios a favor de las Cajas de Compensación se destinará a financiar el régimen subsidiado, con lo cual se da un paso que se pensaba varios años atrás, reduciendo aún más los recursos de los programas sociales para los afiliados y sus familias que desarrollan las Cajas.
El proyecto deja claro que hay un paquete de servicios de salud (POS), que es lo que recibirán los usuarios. El proyecto plantea que el POS deberá ser actualizado cada dos años, que la igualación entre POS contributivo y POS subsidiado se realizará gradualmente, y no como lo exige la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional.
Incorpora la estrategia de atención primaria en salud (APS), entendiéndola como el primer nivel de atención, que conlleva acciones preventivas, individuales y colectivas, ofrecidas por las EPS. Esto instrumentaliza y subordina la APS a la lógica del mercado, quitándole su potencia poblacional/territorial y su capacidad para afectar los determinantes de la salud y ser puerta de entrada al sistema de salud, rompiendo barreras que impiden la garantía del derecho a la salud.
Igualmente, incorpora el concepto de portabilidad nacional, lo que implica que las EPS deberán garantizar el acceso a los servicios de salud a los usuarios en cualquier parte del territorio nacional, asunto que desde hace muchos años ha sido demandado por la ciudadanía, en especial por la población en condiciones de desplazamiento.
El proyecto autoriza los “planes voluntarios de salud”, que podrán incluir coberturas asistenciales o económicas que se relacionan con los servicios de salud. El proyecto deja explícito que el gobierno nacional estimulará la creación, el diseño, la autorización y la operación de planes voluntarios y seguros de salud individuales y colectivos que ofrezcan beneficios no incluidos en el POS.
Sin lugar a dudas, acá está la almendra de la reforma, por cuanto se avanza en establecer un POS limitado para eludir el cubrimiento de los eventos NO POS, quedando por tanto un montón de aspectos de medicina, odontología, terapias, medicamentos y procedimientos por fuera, para que sean adquiridos por nuevos paquetes de seguros. Es decir, como a las EPS no les ha bastado con enriquecerse mediante el negocio del POS, ahora lo amplían por la vía de lo que llaman eufemísticamente “planes voluntarios de salud”, ¡claro! todo a expensas de una falta de garantía del derecho a la salud de la población.
Y para ajustar el proyecto de reforma, se reduce aún más la participación de los usuarios en los aspectos de intervención en las decisiones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como, por ejemplo, limitándola a un representante de los usuarios en las juntas directivas de las ESE, o sacándola de los comités técnico-científicos de las EPS.
Otras dos iniciativas: completar el círculo de la ganancia
Otros dos aspectos de las iniciativas que se mueven paralelamente en el Congreso para su aprobación son: un proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución Política para establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal y un proyecto de ley estatutaria en salud (Ver: Se acentú a la mercantilización del derecho a la salud).
Con estas dos iniciativas, se logra cerrar el círculo de iniciativas en el camino que quieren los negociantes de la salud: una reforma fiscal que subordina la garantía de los derechos sociales a la estabilidad fiscal, con lo cual quiebran la acción de tutela y las decisiones de la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud. Por el lado de la ley estatutaria en salud, establecen que el derecho a la salud es igual sólo a POS.
Es decir, asimismo cierran el círculo al conseguir definir en un plano constitucional, estatutario y ordinario que el Sistema de Seguridad Social en Salud sólo garantice un POS muy limitado, que no es posible ir más allá de él por la vía de la tutela, bien porque la ley estatutaria define que el derecho a la salud es sólo POS, bien porque la estabilidad fiscal lo impide, y se cierra con el negocio de nuevos paquetes de aseguramiento. A la EPS que quiera más que le piquen caña.
Este panorama es desconcertante, en la medida en que el gobierno de Santos, con su fachada de algo nuevo, logra concretar las iniciativas de la emergencia social en salud contra las que se peleó ampliamente a comienzos de 2010, sólo que ahora lo hace en una mejor condición al instalarlas en un orden constitucional, estatutario y ordinario, favoreciendo los intereses de los actores que intervienen desde una perspectiva de lucro, en clara contravía de la garantía del derecho a la salud para la población colombiana.
En este contexto, el próximo período debe fortalecer los procesos de resistencia social en contra de este modelo privatizado de salud, bajo la idea de fortalecer las experiencias y las iniciativas de carácter alternativo que permitan acumular fuerzas necesarias para dar una próxima batalla contra los mercaderes de la salud en mejores condiciones. La situación de lucro con la salud, a expensas de la vida y el bienestar de la gente, no puede ser ni van a ser eterna.
Por Mauricio Torres-Tovar, M.D.
Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social
* Re-emergencia social en salud. desde abajo Nº 162, pp. 2, 3, 5, octubre de 2010.
Diversas voces
Con sorpresa leemos en su columna en El Tiempo del 21 de noviembre: “Por eso, esperamos que todos los actores se despojen de sus intereses gremiales o personales, y nos ayuden a construir, en lo que resta del trámite legislativo, una reforma que logre los objetivos de calidad y equidad para todos los colombianos”.
Si usted se refiere como “intereses gremiales o personales” a lo expresado en nuestras comunicaciones pertinentes a los proyectos de ley, debe saber que la Academia Nacional de Medicina no es una institución “gremial” en el sentido que usted parece insinuar. Es una corporación por ley “asesora del gobierno nacional en todo lo relacionado con la salud y la educación médica del pueblo colombiano” y es nuestro deber, al igual que el de los funcionarios públicos, velar por los intereses de la sociedad y del paciente individual. Este es el imperativo ético que ha regido nuestra profesión por más de 2.500 años.
Los proyectos que se han llevado a consideración del Congreso no representan, en manera alguna, la tan esperada reforma estructural del sistema de salud. Más bien recogen lo que se pretendió obtener con los malogrados decretos legislativos de la emergencia social, en detrimento de la salud como derecho humano, con perjuicio para los pacientes, especialmente de aquellos con enfermedades de alto costo o con “enfermedades huérfanas”.
Con la propuesta legislativa se viola lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, porque limita el derecho a la salud al establecer que “prestaciones individuales pongan en riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población” y que “las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán y no podrán exceder los recursos destinados por la ley para tal fin”. Más que nadie, como profesionales de la salud entendemos que los recursos son limitados; sin embargo, con la propuesta legislación se estaría autorizando a los aseguradores intermediarios determinar a su arbitrio las limitaciones en la prestación de los servicios de salud.
En ninguna parte los proyectos de ley hacen referencia a los desmedidos costos de la intermediación, ni a los abusos en los recobros al Fosyga, ni a la indebida utilización de los recursos para fines diferentes de la seguridad social y la conformación de oligopolios, que realmente explican la crisis económica del modelo actual. Más bien culpan a los pacientes y los prestadores de la atención de la salud como los responsables de la crisis y pretenden corregirla limitando servicios.
Por lo pronto, debemos expresarle que la Academia Nacional de Medicina no apoya las reformas propuestas, tal como están presentadas, sin incluir aspectos que se consideran fundamentales, no por “intereses gremiales o personales”, sino por defender los intereses de los pacientes, de aquellos que nosotros, los médicos, debemos tratar, no los de las entidades intermediarias, que tan satisfechas deben estar con los proyectos de ley en curso.
Reforma a la salud que se aprueba en el Congreso es acta de defunción para hospitales públicos: Secretario de Salud de Bogotá
Noviembre 24 de 2010. Como un acto que declara la muerte de los hospitales públicos calificó Héctor Zambrano Rodríguez, Secretario de Salud de Bogotá, las recientes aprobaciones de la reforma a la salud que a pupitrazo limpio van pasando en Cámara y Senado.
El titular de la cartera de Salud de Bogotá indicó que temas como reducir la obligatoriedad en la contratación de un 60 a un 40 por ciento de las EPS con los hospitales y quitarle el manejo al Estado de todas las actividades de promoción y prevención, para que las EPS privadas decidan cómo y con quién hacerlo, es declarar los hospitales públicos como inviables y llevarlos a la quiebra.
“El gobierno nacional se excusa en que hay falta de accesibilidad en salud en algunas regiones del país para llevar la red pública hospitalaria al cierre o la privatización, y eso en últimas perjudicará a los usuarios y no garantizará el total acceso al derecho a la salud”, expresó el funcionario.
Para la red adscrita a Bogotá esa medida significa una reducción anual de más de 106 mil millones de pesos al año.
En comunicación dirigida al Ministro de la Protección Social, la Secretaría Distrital de Salud expresa su gran preocupación por el retroceso que sufrirá la salud con una reforma que pretendía sacar al sector de su profunda crisis. Por lo que se ha aprobado hasta el momento, el remedio resultó peor que la enfermedad.
“Como primera medida, vemos con gran preocupación cómo a pesar de los diferentes espacios y escenarios abiertos para la participación, la gran mayoría de propuestas realizadas por esta Secretaria, por entes territoriales, Fedemunicipios y Fededepartamentos y por otros actores en las mesas de trabajo y foros regionales, no fueron tenidas en cuenta en el articulado propuesto por los ponentes y avalado por su Despacho para el debate que se está surtiendo en estos momentos. Por tanto, consideramos que no es viable la legitimización del proceso de análisis y discusión que tanto el gobierno nacional como el Congreso pretenden mostrarle a la comunidad”, expresa el Secretario en esa carta.
Otro aspecto que preocupa con la reforma que hace curso en el Congreso de la República es que ahora la calificación de los hospitales se basará únicamente en factores de equilibrio financiero y no en indicadores de rentabilidad social, de avances en salud pública y de mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población. En ese sentido, ningún hospital será viable porque, como es bien sabido, las ESES tienen problemas de cartera y demora en pagos por parte de las EPS, y ese sería el único factor por calificar, pero para nada se les exigen indicadores de salud a los prestadores privados de servicios de salud, salvo resultados y balances financieros.
Leave a Reply