Guerra contra las drogas. ¿Quién consulta los derechos individuales?

La guerra contra las drogas es quizás una de las guerras más largas, hecha en “nombre de la humanidad por las grandes potencias”. En nombre de proteger a las personas y basados en su propia moral, que les permite también abrir frentes de guerra con la excusa de proteger inocentes, cuando lo que protegen son sus intereses comerciales y energéticos, las potencias occidentales han creado y difundido su propia versión sobre el uso de drogas, equiparándolo al abuso, utilizando desde la intervención en países productores hasta una sofisticada máquina de propaganda que difunden al unísono todos los grandes medios del gran capital.

 

 

Sin embargo, un cuestionamiento adicional a los propios de la geopolítica de la guerra contra las drogas es el impacto que tiene en la salud individual y colectiva el uso de drogas. Las estimaciones de las afectaciones de otras de éstas, aprobadas para su uso en Occidente, y en el cual las mismas potencias que promueven la guerra contra la drogas son grandes productores y consumidores, basadas en indicadores de impacto en salud como la mortalidad y los años de vida potencialmente perdidos, son mucho mayores con el uso de alcohol –vía su impacto en accidentes de tránsito– y tabaco, y el alto riesgo que implica su consumo en el complejo de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular y el cáncer de pulmón.

 

Con el alcohol y el tabaco, el solo hecho de que consumirlas esté dentro de las posibilidades morales de Occidente permite que el consumo mismo y las afectaciones que produce puedan ser asumidos desde la salud pública, y su prevención abordada desde marcos de discusión pública en la cual el papel de la responsabilidad individual y su relación con el ejercicio de la libertad propia y de las otras personas puede ser planteado en todo tipo de escenarios (las campañas antitabaco lideradas por la Organización Mundial de la Salud son una muestra de ello). Con el uso de otras sustancias igualmente psicoactivas, el relegamiento que se hace a consumidores y la propia ilegalidad que se decreta hacen que se circunscriba a contextos que multiplican la vulnerabilidad y el riego para las personas consumidoras individualmente y para quienes las rodean.

 

Una primera hipótesis frente a la legalización es que los contextos de riesgo y vulnerabilidad en que se consigue y se consume la droga disminuirían casi por completo, dando pie a escenarios en que la noción misma de autocuidado se hace posible, y también todas las estrategias de promoción y prevención de la salud individual y colectiva que se han desplegado para otras problemáticas (por ejemplo, las estrategias de cambio socio-cultural en el campo de la sexualidad para la prevención del VIH/Sida).

 

Por otra parte, lo que el mundo ha aprendido en términos de reducción de daños puede ser fácilmente aplicado para los países que todavía no han avanzado en este tipo de estrategias y que muestran buenos resultados en Europa, principalmente en Holanda y España. Estos países, por otra parte, en su interior aplican estas estrategias de salud pública para proteger a sus ciudadanos, pero internacionalmente mantienen una política de apoyo a la guerra contra las drogas, con su responsabilidad subsecuente y una doble moral con las muertes y violencias en los países productores y consumidores.

 

Los países productores y consumidores, además, pudieran invertir en investigación epidemiológica y de salud pública para seguir profundizando en la reducción del daño, que ha sido exitosamente probada en el caso de la heroína, no así en cocaína y otros productos como bazuco y crack. La posibilidad de actuar en marcos legales para investigar, prevenir consumos, y promocionar autocuidado y prácticas saludables, serían efectos inmediatos de la inclusión del uso de sustancias psicoactivas no permitidas hoy día en el marco moral de Occidente.

 

En este contexto de hipótesis plausibles, que involucran la participación de individuos y comunidades frente al dilema de qué se debe hacer con el problema del uso y el abuso de sustancias psicoactivas, aparecen las grandes preguntas sobre el consumo individual, el libre desarrollo de la personalidad y el libre albedrío que tiene las personas para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. 

 

En el desarrollo de la democracia y de los Derechos Humanos desde una perspectiva radical, esta discusión debiera zanjarse de manera simple. Pero en el marco de los intereses del gran capital en la “guerra contra las drogas”, incluida, además, la posibilidad del control biopolítico de que hablaran Foucault y Negri, Estados Unidos y Occidente no abrirán pronto la puerta a ensayar otras posibilidades, muchas de ellas ya probadas, para enfrentar un fenómeno que les permite seguir siendo los faros morales del mundo, para sus propios intereses y sin ningún reato ético.

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