En medio de un mar de multinacionales, cientos de trabajadores petroleros reivindican sus derechos, así como la legislación vigente en Colombia, la misma que debiera hacer cumplir el propio gobierno. Puerto Gaitán (Meta) es el epicentro de la movilización que recuerda otras épocas y otras historias.
Sucede en Puerto Gaitán (Meta). Desde el pasado 20 de junio, 1.100 trabajadores de la empresa contratista Montajes J.M., que trabaja para la petrolera Cepscolsa (con el 70 por ciento del contrato), esta última socia de Ecopetrol S.A. (con el 30 por ciento del contrato) y filial de la petrolera española Cepsa, pararon sus actividades y se declararon en asamblea permanente, la misma que se mantiene hasta el momento de escribir esta nota (julio 13).
El suceso asombra por lo novedoso: trabajadores en movilización defienden sus derechos, sin dejarse amilanar por los poderes reales que se ejercen sobre el territorio donde laboran. Son obreros sin experiencia de organización ni lucha sindical y mucho menos política, que ahora sufren en carne propia el irrespeto de sus derechos laborales, consignados en la legislación vigente (ver recuadro “Irrespeto a lo acordado…”).
El conflicto que conmociona a esta región llanera no es nuevo. Es una constante que recrea la cotidianidad del lugar, ahora con nuevas formas, pues los irrespetados ganan conciencia sobre sus derechos y sus potencialidades. En otros momentos, a pesar de intentar acciones semejantes, se vieron burlados a mitad de camino por el ‘inexplicable’ retiro de algunos impulsores, entre ellos algunos líderes de Asojuntas (Asociación de Juntas).
Dilaciones y complicidades
Tal vez esa misma realidad de indecisiones y burlas multiplicó la confianza de la patronal para proseguir en el irrespeto, hasta el 20 de junio pasado, cuando la taza se llenó. Los inconformes bajan los brazos, paran las máquinas, se reúnen, conversan, opinan, exigen. Ahora son un colectivo fuerte.
Día histórico para quienes apenas empiezan a ver la importancia de hacerse colectivo y reconocerse como clase. Al día siguiente hace presencia la USO (Unión Sindical Obrera), y para el día 23 Cepcolsa, amparada en las sempiternas razones de seguridad –sin apoyo legal, pues no hay memorandos o quejas al respecto–, le suspende el contrato a la compañía contratista J.M. S.A., decisión aceptada con mansedumbre y diligencia por Ecopetrol S.A.
La tensión se incrementa. Ese 23 de junio la USO se contacta con el Ministerio de la Protección Social, que envía un funcionario para analizar la situación. Las partes de reúnen y acuerdan encontrarse en Bogotá el 28. Contra lo esperado, Cepcolsa no asiste, lo que obliga a programar una nueva cita para el día siguiente, esta vez en Villavicencio. De nuevo suena la misma música: Cepcolsa persiste en no hacer presencia. Como si fuera poco, en medio de la reunión, que se hace a pesar de la ausencia de una de las partes, se descubre que un asistente es agente infiltrado de la Policía Nacional: J.M. dice que el agente es parte de su seguridad, pero éste desmiente y asegura estar allí para evitar protestas sociales. El Ministerio dice que ellos no estaban enterados. La reunión se cierra sin acuerdo.
El tiempo pasa, las empresas dilatan, pero los obreros están activos. Ya se han hecho sentir, y ahora, cuando el calendario indica ya es 6 de julio, deciden marchar desde la cabecera municipal hasta el pozo petrolero Jaguar: protesta sencilla, derecho humano ejercido en colectivo, pese a lo cual, cuando avanzan a la altura del kilómetro 4, el Estado (que debiera protegerlos) se hace sentir: el Esmad, con su parafernalia de intimidación y abusos, cierra el paso e intimida con gases y garrote. La marcha se interrumpe, no así el bloqueo de la vía, logrando interrumpir durante todo el día el paso de petróleo cargado por carrotanques. Un toque de queda, decretado por la Alcaldía, obliga a la población a recogerse temprano.
Obreros, más indígenas, más comunidad…
El efecto de la protesta se extiende. Indígenas y población urbana también plantean sus reivindicaciones, lo que obliga a una reunión de la USO, representantes de la comunidad, voceros de los nueve cabildos indígenas de la región (de las etnias Sicuani, Piapoco y Sáliba), el Gobernador, el Alcalde, el vocero departamental de la CUT, el cura y la fuerza pública.
En esta reunión se pone en cuestión el papel de las petroleras, los problemas sociales acumulados en la región y la necesidad de buscarles solución. El primer logro fue contactar vía telefónica –por mediación del Gobernador– a las empresas, las cuales aseguraron que responderán por los aspectos laborales de ley; el segundo logro –el acuerdo– fue trabajar para instalar una mesa regional con la participación de las petroleras, los pueblos indígenas, la comunidad, la USO, las autoridades políticas y los gremios.
Hay otras inquietudes: que las multinacionales se comprometan a respetar la legislación laboral y los derechos sindicales; que se unifiquen criterios regionales y nacionales respecto a los parámetros laborales de la industria petrolera y se defina el sueldo petrolero; que las empresas asuman la responsabilidad social empresarial; y que en lo municipal y lo departamental haya soluciones para los graves problemas reinantes.
Se ventila, además, la necesidad de un encuentro de alcaldes y gobernadores de las zonas petroleras, y la aplicación de una política pública de empleo. El Gobernador estuvo de acuerdo con la USO respecto a que no es aceptable, de parte de Cepcolsa, retirarle el proyecto a J.M. por razones de ‘seguridad’, y enfatizó que, si hay problemas, se les brindará la seguridad necesaria. Finalmente, expresa que si las multinacionales no asumen compromisos él se vería obligado a cerrar las vías para que no pasen los carrotanques y la maquinaria pesada, como lo hizo el gobernador del Casanare en noviembre de 2010 para presionar a las empresas a participar en una discusión sobre regalías.
Sin perder el paso
Pocos días después, el 11 de julio, se acordó una reunión en el Ministerio del Interior para discutir con las empresas, y ese mismo día los trabajadores y las comunidades indígenas realizaron una marcha por el casco urbano del municipio. El ambiente genera confianza entre los manifestantes, y los trabajadores mantienen la asamblea permanente hasta cuando se concrete una respuesta positiva a las demandas. Sin embargo, una solución para estos 1.100 trabajadores es sólo una parte de lo que se requiere en la región, pues en situación similar está el resto de trabajadores de la zona, entre ellos los 12.800 de la canadiense Pacif Rubiales. Además, no hay que olvidar la problemática que agobia a las comunidades indígenas y al resto de la población que habita en el ahora crecido Puerto Gaitán.
Con 20 días de conflicto a cuestas, con la presión de la policía encima, con las dilaciones de la patronal, con la actitud ‘pasiva’ de Ecopetrol, con el ambiente caldeado en el municipio, todo indicaría que el ánimo de los inconformes está menguado; pero no es así: el ambiente colectivo, de solidaridad y clase, se impregna como el crudo en las manos y la ropa del obrero. Cada día llegan más trabajadores a llenar el formulario de sindicalización. El giro, sin duda, es a favor de los trabajadores.
Recuadro 1
La mentalidad antisindical
Según Rodolfo Vecino, presidente de la USO, Montajes J.M. expresó que Cepcolsa les prohibía sentarse con el sindicato; también manifestó que a la empresa no le preocupaba tanto el problema salarial como el aspecto político de la sindicalización. Esta actitud antiorganizativa no es patrimonio de Cepcolsa sino una característica generalizada entre las empresas del sector, las cuales acuden a la artimaña de suspender el contrato cuando los trabajadores reclaman sus derechos. Pasados unos días, los buscan de nuevo pero bajo la condición de que no se sindicalicen y no protesten. Veamos los siguientes ejemplos:
–En septiembre de 2010, en Monterrey (Casanare), Ecopetrol quiso liquidar el contrato que tenía con G.P.I., encargada de construir unos tanques de almacenamiento. Ello sucedió cuando los trabajadores expusieron sus reivindicaciones, pero al final se logró un acuerdo.
–En marzo de 2011, en la estación de Chichimene, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Meta, la empresa contratista Maco Servinci, al servicio de Ecopetrol, estaba construyendo un cuarto y laboratorios, y cuando sus 47 trabajadores plantearon sus reivindicaciones, fueron despedidos y la petrolera nacional pidió cancelar el contrato con tal empresa.
–A principio de este año, también en Monterrey, la empresa Ocensa intentó cancelarle el contrato a la contratista SNC Lavalin a causa de las reivindicaciones de los trabajadores. La lucha se inició en la planta El Porvenir y se extendió a Miraflores, Caucasia, Coveñas y Bosconia. Luego de casi un mes, los trabajadores lograron sus reivindicaciones.
Recuadro 2
Puerto Gaitán, con rostro de economía de enclave
Puerto Gaitán es un municipio ubicado al oriente de Villavicencio, a tres horas por carretera pavimentada. Su población pasó en 10 años de 5.000 a 15.000 habitantes, más la población flotante.
Su nombre hace honor al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. Desde el puente construido sobre el bello río Manacacias, se desprende una carretera rojiza de la cual se levantan nubes de polvillo que se confunden con el sudor de los trabajadores y el ruido de los carrotanques. A lo lejos, las curvas del trayecto se ven como venas abiertas, como aquellas que desangraron a Nuestra América.
Pasan y pasan. Últimamente, este puerto es reconocido porque a la entrada hay un arco gigante que infortunadamente simboliza lo que acontece en el lugar. Como en una avenida de gran ciudad, día y noche pasan y pasan cientos de carrotanques cargados de crudo, volquetas y ágiles y pomposas camionetas. Allí las calles son recorridas constantemente por hombres cargados con sus maletas, procedentes de diferentes lugares del país.
La vida de este municipio llanero está definida por las petroleras, con el agravante de la presencia paramilitar. En su entraña se constituye una estructura social como un círculo vicioso, donde la población carece de capacidad organizativa y autonomía, y es remplazada por Asojuntas.
Varias petroleras hacen presencia en la zona: Pacific Rubiales Emergy, Cepcolsa, Hocol y Ecopetrol S.A. Para éstas trabajan, entre otras, empresas contratistas y subcontratistas como Montajes J.M., ODL, Schrader-Morelco, que agrupan en labor directa a unos 20.000 trabajadores, los mismos que viven en términos laborales como en repúblicas independientes, La producción diaria alcanza a 200.000 barriles, y los posos en producción son Caracara, Toro Sentado, Jaguar, Ocelote y Campo Rubiales.
Como toda economía de enclave, de la cual hay signos notables en la región, se dice que a campamentos como Rubiales no se puede ingresar ni salir sin previa autorización. Algunos trabajadores se quejan del reglamento interno, que regula hasta la afeitada constante.
En la zona se producen 200.000 barriles de petróleo diario que salen por tubería y en carrotanques que cruzan sin descanso por el municipio. El hecho de que la zona sea petrolera hace que la inmigración contribuya al agravamiento de problemas de vivienda, servicios, educación, salud, inseguridad, prostitución, desempleo, desarraigo, costo de vida, etcétera.
Carlos Andrés Pérez, de Monterrey (Casanare), dice: “Muchos van de lado a lado en busca de que las petroleras los empleen, sin pensar mucho en que el trabajo que se consigue es temporal. Es marcado el aumento de problemas como la prostitución. Además, el arriendo de un apartamento pequeño puede costar hasta 500 mil pesos mensuales y la gente se acostumbró a vivir pendiente de que le den trabajo en la petrolera”.
Uno de los problemas que más afectan a los lugareños de Puerto Gaitán o zonas cercanas es que el 70 por ciento de los empleos está en manos de foráneos, cuando la prioridad debiera ser para los locales, exceptuando obviamente la mano de obra calificada.
En virtud de la “responsabilidad social”, las petroleras han designado a Asojuntas como representante de la comunidad para que asigne los empleos. Este poder de Asojuntas le permite definir quien tiene o no tiene empleo en Puerto Gaitán. Es vox populi que la mediación de Asojuntas favorece a quien pague hasta 400 mil pesos por un puesto de trabajo empleo, lo mismo que a quien sea funcional para los intereses de las petroleras.
Como regalías, Puerto Gaitán recibe anualmente $ 138’000.000, los cuales no se ven por lado alguno. La reciente reforma aprobada sobre estos recursos los pasa de los entes municipales y departamentales a un fondo nacional. Esta disminución de los dineros deja en la incertidumbre a los municipios que dependen de los mismos. No hay que olvidar que hacia 2002 el Gobierno, para atraer inversión extranjera, pasó de cobrarles a las multinacionales un 20 por ciento de regalías para aplicar un 11, y ahora les quitará a las regiones parte de las regalías, en vez de cobrarles a las petroleras aquel 20 por ciento. En estas circunstancias, sin duda, los problemas que padecen los habitantes del municipio se agravarán.
Recuadro 3
Irrespeto a lo acordado y jornadas hasta de 18 horas
– Incumplimiento del turno 21-7 (21 días trabajando de corrido y siete días de descanso), cambiado unilateralmente por otros turnos como 28-7 u otros que pueden llegar hasta los 40 días seguidos sin descanso.
Para el irrespeto, la empresa parte de conocer que los trabajadores proceden en su mayoría de otras regiones del país, lo que les dificulta viajar a sus casas cada 21 días.
Hay que tener en cuenta que las jornadas de trabajo son extensas. Los trabajadores que deben desplazarse cada día a los campamentos tienen que levantarse muy temprano para acometer trayectos de dos, tres o más horas en bus. Por el estado de las carreteras, en temporada invernal el transporte se complica, debiendo llegar a sus sitios de labor incluso a pie. De este modo, no es raro toparse con jornadas hasta de 18 horas diarias. Quienes proceden de otras regiones viven concentrados en los campamentos todos sus días de turno.
– No pago de salarios a trabajadores en período de prueba.
– Incumplimiento, desde hace dos meses, del pago salarial a un grupo de trabajadores de la cooperativa de conductores (empresa subcontratista).
– Casos de pérdida del sueldo de trabajadores de las cuentas bancarias.
– Desconocimiento del pago de bonos prometidos a los trabajadores.
– Condiciones insalubres y antihigiénicas de los alojamientos.
– Discriminación en el salario y la duración del contrato entre los trabajadores de la región y los que vienen de otras regiones.
– Cambio unilateral de las condiciones del contrato.
– Trabajadores obligados a desarrollar actividades por completo diferentes de las que fueron contratados.
– Trabajadores sin afiliación social luego de tres meses o más de empleo.
{gallery}puertogaitan{/gallery}
Leave a Reply