Entre el 30 de octubre y la vida cotidiana, ya están encima unos nuevos comicios, esta vez territoriales. Ahora, en disputa por el control de las regiones y los municipios. Su importancia no es poca, cuando está de por medio una pugna dentro del establecimiento acerca del modelo de guerra, de control, de producción/reproducción, y de dominio que pugnan por acentuar y prolongar por años en Colombia. Y como todas, la campaña electoral no deja de ser violenta.
Llegan denuncias de asesinatos de candidatos a alcaldías y concejos, de amenazas para cientos de candidatos y de trasteo de votantes por doquier. Las tramas clientelistas para controlar y multiplicar votantes son las mismas, con repetición y ya conocidas (dinero o presión física o psicológica para conseguir el voto de miles), pero también, trampas mejoradas (chantaje del votante con riesgo de perder ciertos subsidios, o la posibilidad de continuar la vida en cierto barrio, municipio o vereda) o la compra de registradurías municipales.
Las trampas, los chantajes, el dinero y la fuerza están dispuestas para conseguir el poder político local y regional, es decir, para controlar los contratos, los presupuestos municipales y departamentales, pero asimismo, para ganar ascendencia sobre sectores de las fuerzas armadas, y de este modo, lograr silencios cómplices o el tránsito tranquilo por ciertas vías para negocios poco santos. Esta es la parte evidente del gobierno y el poder local, pero igualmente, hay un interés no desconocido: el control de la gente, la injerencia en su cotidianidad, legitimando procederes y disciplinando conductas. Pero hay escena.
Con populismo de la imagen que a fuerza de banalizar el ejercicio del poder, vende como sustancial la teatralidad del candidato o del gobernante. Que monte en bicicleta, juegue “bobito” con los integrantes de un colectivo deportivo, o baile para las cámaras en los bazares del barrio, está convertido en hechos determinantes de legitimidad. Cualquier acción nimia que debería entenderse como deber elemental del ejercicio público se presenta como una conquista que, sectores no despreciables de los grupos subordinados, aplauden para la foto y la tv. Por detrás, sin embargo, y tras bambalinas, juega el verdadero juego: el presupuesto y los recursos, cuya repartición es el núcleo de la disputa.
Para darle adorno y sitio, la des-ideologización, de la cual se enorgullecen los tecnócratas, es un barniz que cubre el utilitarismo y la conversión del Estado en un instrumento más de la desposesión y centralización de la riqueza a ser saqueada. La disputa es cabal y sin escrúpulos.
Entonces, las promesas van y vienen, ofreciendo todo a sabiendas de que nunca han de cumplir, más todavía cuando no hay un Estado, una sociedad ni unos partidos del poder ni de oposición dispuestos a una acción social más allá de la coyuntura electoral. La ciudadanía es invitada para que sufrague pero no para que participe activa y realmente en las discusiones del diseño de planes para regir los destinos de su municipio.
Reducido al voto, el ciudadano que así lo acepta –cuando lo ejerce– deja su destino en manos ajenas. En los intereses y en las del político que le prometió pero frente a quien no tiene manera de controlar ni vetar. El incumplimiento será patético con el paso de los meses, y sobrevendrá el desengaño con ciclo temporal. El resultado es la apatía por la vida pública, pero además, la despolitización de millones que ven –verán– en la política electoral algo sucio, y ocupación de tramposos y mentirosos. Dinámica consuetudinaria de la política electoral.
Hacia el colmo, algunos otrora destacados dirigentes sociales optan por construir una vía política adjunta a partidos de papel, a fuerzas electorales que toman todo su aliento durante pocos meses –campaña electoral– y luego disipan sus estructuras en burocracias y poca acción pública.
Extraño que suceda, pues, como ninguno otro estos dirigentes, saben que la posibilidad de un ejercicio distinto del gobierno y el poder descansa en la ascendencia social que se logre, sobre todo, en la movilización cotidiana de esa influencia social, tras de uno o de otro propósito, y se entiende –según la promesa de campaña– que lograrlo pasa, cuando menos, por la justicia.
Son dirigentes que reclamaron democracia, igualdad, fraternidad, cambio, etcétera, y hoy, a través de construir maquinarias electorales, a la hora de gobernar quedan sometidos a los grupos económicos que dominan los negocios en todo el país, los mismos que a través de su influencia diseñan el proyecto de ciudad y campo dominante desde hace años en Colombia. Maquinarias, por demás, expuestas a corrupción, toda vez, que su tentáculo impone manifestaciones de la política sin compromisos ni mecanismos para bien de la ciudadanía. Porqué esa tentación, ¿autismo político? ¿impotencia o incapacidad?
Sea lo que fuere, lo cierto es que los movimientos que levantan banderas de cambio parecen anclados en los tiempos en los que el “pensamiento único” se enseñoreó de todos los discursos, y dan la impresión de desconocer que la crisis actual activa todos los resortes de los ojos avizores. Incluso, quienes acuñaron la idea del “fin de la historia”, hoy tan sólo perciben un comienzo. ¿ Por qué nos empeñamos siempre en actuar con dosis de retardo? ¿Por qué siempre en contravía de los vientos de cambio? ¿Falta de imaginación? ¿Mala intención?
Tal vez la explicación de la explosión de siglas de todos los colores en el país, es la apertura de negocios con tinte individual, empresas con nombre político pero interés económico, disfrazados sus propósitos en discursos con calado ‘social’. Pero también, la evidencia de una cooptación donde lo institucional se ha sobrepuesto a lo social colectivo y, por tanto, y como una de sus expresiones, su aspecto en el cual el dirigente suplanta a sus bases y a la sociedad. Una auplantación que es igual a expropiación. Con arrebato de la política a los ciudadanos.
Cómo no decir que se le expropia al ciudadano la posibilidad de elegir, diseñar, hacer seguimiento cotidiano al ejercicio del gobierno y controlar su destino, que para este caso no sería individual sino colectivo. La expropiación termina por fortalecer el sistema vigente, y su fundamento en la prolongación histórica de un Estado y de unos gobiernos de minorías.
Contra esta realidad hay un despertar con llamamientos por África, Europa y Estados Unidos. Un movimiento social ciudadano global que reclama democracia real y que exige el regreso de la política. Es decir, el control directo de su destino. Pero que también exige justicia económica, fin de los privilegios, castigo para quienes hurtan lo público. Y manifiestan por el rescate y la redefinición de las políticas en marcha en sus países, etcétera.
Extraña entonces que en Colombia la campaña electoral marche ajena a este eco. Y que los políticos sigan empecinados en estructurar aparatos electorales para suplantar a la sociedad, diseñando su presente y su futuro en absoluto apego al pragmatismo dominante.
¿Hasta cuándo?
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