“La minería en Bogotá debe ser prohibida definitivamente por los riesgos que genera”

Ámparo Cárdenas: Rafael, ¿cómo se decidió para presentarse como candidato al Concejo de Bogotá?
Rafael Colmenares: La crisis del Polo Democrático, como toda crisis, presenta también oportunidades. Eso abre posibilidades para personas como yo, que hemos sido críticas del modelo neoliberal que se ha impuesto en el país, tema para el cual no habíamos encontrado espacio en el Polo.

A.C.: En el camino para tomar esta decisión, ¿hubo alguna consulta con el movimiento ambientalista de Bogotá?
R.C.: Soy ambientalista pero no soy candidato del movimiento, pues este es más una tendencia que un espacio organizado que se pueda consultar. A lo largo de los últimos años, varios ambientalistas han aspirado a cargos de elección popular y eso ha sido visto con simpatía, como está ocurriendo con mi candidatura.

A.C.: ¿Qué mecanismos de control ciudadano estaría dispuesto a implementar para que se le hiciera seguimiento a su gestión si llegara al Concejo de Bogotá?
R.C.: En primer lugar, informar sobre los principales temas que el Concejo aborde, como el nuevo POT, y generar espacios de discusión sobre estas decisiones claves. Para ello, contaré con una página web y haré reuniones amplias en las localidades y en espacios ciudadanos. Le daré mucha importancia al control político, citando a los secretarios de la administración cuantas veces sea necesario y construyendo los debates con los sectores del movimiento social afectados o interesados en las decisiones de la próxima administración. Estoy dispuesto a hacer un pacto con sectores organizados del movimiento social para rendir cuentas periódicamente. Los medios de comunicación alternativos son bienvenidos en el necesario seguimiento de nuestra labor.

A.C.: ¿Cómo se subsanaría la deficiente participación comunitaria en la elaboración y la implementación de las políticas distritales, especialmente las ambientales?
R.C.: La democracia participativa no ha logrado ganar el terreno que tímidamente se le abrió en la Constitución de 1991. Resulta nefasto lo ocurrido con los referendos del agua y la penalización a la violación a menores de edad, en que las mayorías del Congreso negaron que el pueblo pudiera decidir, aduciendo que no eran convenientes las propuestas, es decir, asumiendo una tutoría sobre el constituyente primario.

Es necesario reactivar los mecanismos de participación existentes y ampliarlos, pero ante todo hay que impulsar la movilización y la protesta social, pues constituyen el marco en el cual la democracia se puede hacer real. Lamentablemente, la Ley de Seguridad Ciudadana (1453 de 2011) se anticipa a penalizar la protesta.

En lo ambiental, hay que hacer énfasis en que el deterioro de la estructura ecológica principal se está traduciendo en calamidad social por las inundaciones y los deslizamientos, por ejemplo. Se trata, ante todo, de un problema político.

A.C.: El modelo sobre el cual se construyó Bogotá, así como el conjunto de ciudades colombianas, está agotado. ¿Cuáles serán los ejes de un nuevo modelo urbano que garantice respeto por la naturaleza y satisfacción de las necesidades de los seres humanos en forma equitativa?
R.C.: Los ejes deben ser la solidaridad social, un sistema productivo alternativo orientado a satisfacer las necesidades humanas y una relación constructiva con los ecosistemas que vertebran el territorio, aprovechando la oferta natural y no actuando en contra de su lógica. Esto implica una perspectiva regional y no sólo del perímetro urbano y suburbano. El “modelo de ciudad” actual obedece a las exigencias de la globalización neoliberal y conlleva la sobreexplotación de la oferta ambiental del territorio en cuanto a suelo y agua, y afecta profundamente su estructura ecológica. Cambiar esto exige una transformación muy profunda, pues, como decía el maestro Augusto Ángel, “el problema ambiental urbano no se refleja solamente en la contaminación de los ríos sino que también tiene que ver con la malla social en la que se construye el quehacer de la ciudad. Los problemas ambientales no pueden ser entendidos mientras no se analice igualmente la manera como se ha venido tejiendo la red de las relaciones económicas y sociales dentro del perímetro urbano y en íntima relación con el entorno rural agrario y con el medio ecosistémico”.

A.C.: ¿Cómo se implementarían los mecanismos administrativos, financieros y jurídicos que hicieran posible el mínimo vital gratuito para toda la población de Bogotá? ¿Cómo hacerlo realizarse?
R.C.: He venido planteando con Aurelio Suárez el mínimo vital gratuito de agua para toda la población de Bogotá. Esta propuesta es viable, aún en el marco de la Ley 142 de 1993, si se destinan recursos de los rendimientos financieros que obtiene la EAAB por depositar cuantiosas sumas provenientes de los recaudos y se incrementa en 1 o 2 puntos lo que le pagan los bancos. En 2010, estos depósitos llegaron casi a mil millones de pesos. Súmele un porcentaje de lo que le corresponde a Bogotá por transferencias y tendrá cómo financiarlo. En la campaña del referendo hicimos los cálculos y demostramos que era viable económicamente. Para 5,3 millones de usuarios en todo el país, valía 391 mil millones de pesos, 1/40 del gasto en seguridad y 1/125 del gasto social. Medellín ya lo implantó para el estrato 1, y la alcaldesa de Bogotá estudia esa posibilidad antes que termine su administración. Nosotros lo ampliaríamos progresivamente hasta cubrir toda la ciudad.

El procedimiento será presentar un proyecto de Acuerdo al Concejo y, si es negado, acudir a un referendo local que requiere firmas que representen el 10 por ciento del censo electoral. Pero si se obtienen, es obligatoria su convocatoria conforme a los artículos 5º, 32 y 34 de la Ley 134 de 1994, sobre mecanismos de participación.

A.C.: Este proceso requiere la participación y el apoyo de la ciudadanía. Si es así, ¿cuáles serían los espacios comunitarios de organización para respaldar, implementar y sostener esta propuesta en la ciudad?
R.C.: Es retomar la experiencia del movimiento del referendo, constituir un Comité Distrital en Defensa del Agua y de la Vida tan amplio como el que impulsó el referendo, y ya sabemos que esta iniciativa es apoyada por la ciudadanía y promovida por las organizaciones del movimiento social, al punto que Bogotá puso 600.000 de los dos millones de firmas que se recogieron. La posibilidad de continuar la iniciativa del referendo por estas vías también me animó a presentar mi nombre al Concejo. Pero, si no salgo, buscaré la manera de desarrollarla. Forma parte de un objetivo inaplazable de derogar la Ley 142 y establecer el derecho humano al agua con gestión democrática, participativa y pública, y no privada.

A.C.: ¿Qué ha fallado en la implementación del POT y en la recuperación y el mantenimiento de la estructura ecológica principal en Bogotá, y cómo se puede solventar esa situación?
R.C.: Hay ausencia de voluntad política y de esta manera no se pueden resistir y contener los embates del negocio de la urbanización alrededor del cual gira buena parte de la economía de la ciudad. Por ello, ninguna solución duradera se logrará mientras no se intervenga a fondo este negocio, y el Distrito Capital retome y potencie el planeamiento físico en un contexto ambiental y de uso adecuado del suelo como elementos básicos del ordenamiento.

A corto plazo hay que lograr un pacto para que no se siga deteriorando la estructura ecológica principal y a mediano plazo se amplíe. Es urgente lograr una administración unificada de las áreas protegidas del Distrito sobre las cuales confluyen múltiples competencias. Ante todo, hay que vincular la estructura ecológica a la gestión del riesgo, como lo demuestran las inundaciones y los deslizamientos.

A.C.: Mientras entidades distritales siguen endureciendo los suelos de la ciudad, ¿cuáles serían las medidas de compensación para recuperar zonas verdes y vegetación perdida en la ciudad por la razón de la modernización?
R.C.: Antes que compensación, desactivemos las fuerzas destructivas. Es necesario mejorar la arborización urbana y reconectar los cerros con el río, siguiendo el curso de las quebradas. Me solidarizo con el Comité Proárbol y la ciudadanía que se oponen a la actual tala indiscriminada e inconsulta de más de 3.000 árboles en la ciudad.

A.C.: ¿Cómo tratar de eliminar el clientelismo que impera en las relaciones concejales y entidades del Distrito, e impulsar un modelo de concurso de méritos para que a aquéllas lleguen los más calificados?
R.C.: Hay que impulsar la carrera administrativa en el Distrito y suprimir las órdenes de prestación de servicios, que burlan las prestaciones y la seguridad social, y sujetan al trabajador al clientelismo, pues no tiene estabilidad laboral. El Concejo tiene que ver con esto, ya que define la estructura administrativa del Distrito.

A.C.: Las fuentes de agua de Bogotá, como lo concibe la EAAB, son depósitos de vertimientos industriales y domésticos, principal impedimento para su recuperación. ¿Qué se plantearía para iniciar la solución de esta grave problemática?
R.C.: Reitero que debe haber una entidad responsable del manejo de los diferentes elementos del ciclo hidrológico en el Distrito Capital, la cual además debe ganar autonomía frente a la administración distrital. La EAAB es usuaria de la estructura hídrica y no debiera manejarla, lo que ha sido un gran error que explica en parte el uso de los humedales y las quebradas como componentes del sistema de alcantarillado, tendencia que aún no se corrige definitivamente.

A.C.: ¿Cómo controlar y erradicar desde el Concejo las actividades mineras en la ciudad en el futuro?
R.C.: La minería en Bogotá debe ser prohibida definitivamente por los riesgos que genera, de los cuales el desbordamiento del río Tunjuelito en 2002 es un fuerte llamado de atención. Pero, además, por la destrucción que ha hecho en los cerros orientales y la interrupción del flujo de agua subterránea proveniente del Sumapaz. Mientras no se avance hacia un ordenamiento regional que desconcentre la población de Bogotá y armonice con un sistema productivo alternativo, haciendo realidad el mandato del artículo 61 de la Ley 99 de 1993, en cuanto a la destinación agropecuaria y forestal de la Sabana, no se podrá resolver este problema a fondo, pues el mercado de la construcción en Bogotá es fabuloso para las transnacionales que explotan arena, piedra y grava. Hay que desacelerar el crecimiento de Bogotá y no sólo la expansión. A corto plazo se puede optar por el reciclaje de escombros que ya se practica en otros países.

A.C.: Bogotá, como la mayoría de las ciudades colombianas, cuenta a su alrededor con una zona rural, a partir de la cual suple parte de sus necesidades alimentarias, zonas que están en proceso de desaparición. ¿Cómo protegerlas y garantizar su supervivencia?
R.C.: Deteniendo el crecimiento y particularmente la expansión de la ciudad; valorando la cultura campesina en el entorno e incluso en el interior de la ciudad; promoviendo la agricultura urbana; estableciendo precios sustentados para tal producción, y privilegiándola en los comedores populares, apoyando los mercados campesinos y las tiendas vegetarianas. Podría promoverse un proceso de construcción de propuesta alternativa y popular que culmine en un Acuerdo Distrital para la soberanía y la autonomía alimentarias, para lo cual lo expuesto en el Encuentro sobre el tema, el pasado 8 de octubre, es muy importante.

A.C.: ¿Cuál sería la salida para que la autoridad ambiental no dependa directamente de la Alcaldía, sea independiente y ejerza sin presiones su función como tal ante las demás entidades del distrito?
R.C.: Evidentemente, la reforma que se hizo en la administración distrital (Acuerdo 257 de 2006), eliminando el DAMA y creando la SDA, es un retroceso, equivalente a la fusión del Minambiente con Desarrollo y Vivienda en el nivel nacional. Habría que replantear el asunto, no volviendo al DAMA, que era muy débil, sino creando un establecimiento público que maneje el ambiente en Bogotá con presupuesto propio y no ‘prestado’, y poniendo al frente a un Consejo ampliamente participativo que sea expresión de los procesos ciudadanos y comunitarios en las localidades. Esto, sin perder la perspectiva transversal de lo ambiental, pero, para que no sea letra muerta, se necesita un sector ambiental fuerte y bien organizado, lo cual es imposible sin la participación ciudadana.