Sin embargo, con gran sorpresa, el Jardín Botánico de Bogotá, que normalmente y por falta de recursos económicos difícilmente cumple su misión y su función orientadas a la investigación, en el presente año realizó una contratación de aproximadamente dos mil millones de pesos para la actividad de tala de árboles antiguos en Bogotá.
Para ello se amparó en la figura de la “urgencia manifiesta”, en la cual, a pesar de que “el Jardín realizó invitaciones a diferentes personas jurídicas y naturales con el fin de que presentaran sus propuestas para ser estudiadas y evaluadas por el Comité Evaluado”, el director adjudicó directamente los contratos derivados de la “urgencia manifiesta declarada”, según señalan las consideraciones del contrato 702 de 2011 celebrado entre el Jardín Botánico José Celestino Mutis y el Consorcio Talas de Bogotá. Esto significa que la invitación y la adjudicación fueron directas, sin que mediara concurso público.
El objeto del mencionado contrato es “realizar a monto agotable y sin formula de reajuste las actividades de manejo silvicultural del arbolado urbano, identificado como prioritario en la zona 1”. El manejo silvicultural de los árboles comprende tala y poda de raíces, copa y/o ramas, bloqueo y traslado, además de manejo integrado de plagas y enfermedades. Sin embargo, en la realidad, lo que se encuentra en varias localidades de la ciudad es que los contratistas llegan a talar los árboles, respaldados en un concepto de la Secretaría de Ambiente, como ha ocurrido en los casos de Puente Aranda. Usaquén, Teusaquillo, Antonio Nariño, etcétera.
Esto ha causado el debido rechazo de la ciudadanía porque se llega solamente a eliminar los árboles y no a realizarles algún tipo de manejo o tratamiento, en especial cuando son árboles cuya única enfermedad es ser antiguos, planteando conceptos nada técnicos o científicos, como el de “altura excesiva para el lugar”, “raíces descubiertas, estado fitosanitario regular”.
Tal forma de acción despierta susceptibilidades: ¿por qué justamente antes de las elecciones de alcaldías, concejos y juntas de acción local? Se trata de dineros de las Alcaldías locales, ya que estos entes aportan dineros a través de convenios interadministrativos, destinados a la realización de tales contratos.
Más específicamente, estos se desarrollaron en la siguiente forma:
– Contrato 701 de 2011 para la interventoría con la unión temporal llamada irónicamente “Un Pulmón para Ti”, por la suma de trescientos veintiocho millones ochocientos doce mil cuatrocientos sesenta y tres mil pesos ($328.812.463).
– Contrato 702 y 703 de 2011 por ochocientos millones de pesos ($800.000.000).
Cada uno con dos consorcios de talas. El total es de un mil novecientos veintiocho millones ochocientos doce mil cuatrocientos sesenta y tres pesos ($1.928.812.463).
Esta actividad se caracteriza por la ausencia de información amplia a las comunidades sobre los sitios donde se vienen desarrollando las talas. Por eso hay protestas. A pesar de que el Manual de Silvicultura y otras normas distritales determinan la “participación comunitaria” en los programas ambientales en las cláusulas de los contratos y se obliga que los contratistas con el Jardín Botánico deben implementar un Plan de Seguridad e Información Ciudadana. Es grave que algunos árboles sean conceptuados para la tala cuando no se aprecian signos exteriores de enfermedades o ataques de plagas ni riesgo inminente, mientras otros están en grave estado de sequedad y en cualquier momento pueden caer. Ni siquiera se cuenta con una seria evaluación.
Queda un interrogante: ¿Desde cuándo el afán de mostrar cifras de eficiencia administrativa en relación con el manejo o, mejor, la tala de árboles, como prevención al invierno por venir, mientras ni siquiera se han resuelto los problemas de las comunidades afectadas con las catástrofes de la ola invernal pasada.
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