Las “juezas” acusaron al Estado de no cumplir las obligaciones internacionales suscritas ante la “ausencia de medidas de protección efectivas contra la violencia sexual y la falta de investigación, judicialización y sanción de estos crímenes”. La Sentencia fue entregada a representantes del Estado.
El encuentro tuvo lugar en Bogotá, concretamente en el Auditorio Virginia Gutiérrez de Pineda1 de la Universidad Nacional. Organizado por la Corporación Humanas y bajo la participación y apoyo de varias organizaciones, el acto tenía como uno de sus objetivos –según expresó la Directora de la Corporación, Cecilia Barraza– denunciar al Estado “que ha tardado en el cumplimiento de sus obligaciones”.
Los casos presentados, siete en total2, denunciaban la violencia sexual contra las mujeres dentro de este contexto y perpetrada por distintos agentes armados, incluidos tanto agentes del Estado como paramilitares y guerrilla. En cada uno de ellos la impunidad del delito ha sido un hecho, incluso en casos en que los victimarios fueron reconocidos. Las negligencias visibilizadas en estos procesos son varias: negación a recibir la denuncia de las mujeres, negación a la víctima de su derecho a la Justicia, negación a la privación de asistencia médica; y el no cumplimiento de responsabilidades por parte de instituciones del Estado como la Fiscalía que no realiza las investigaciones, hace resoluciones inhibitorias, archiva los procesos y tan siquiera incluye la violación del derecho de las mujeres en su registro de delitos, entre otras.
Una violencia sistemática no reconocida por el estado: comprendiendo la vulnerabilidad de las mujeres en el conflicto
Amnistía Internacional aseguraba dentro en su última declaración, acerca del conflicto armado en Colombia que mujeres y niñas, son objeto de una violencia sexual generalizada y sistemática. En el reporte titulado Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia, la organización denunció la falta de documentación existente por parte del Estado acerca de las personas víctimas de este delito y de la magnitud del mismo.
Las mujeres, dentro de un contexto de conflicto armado, presentan mayores vulnerabilidades al mismo y de ahí la necesidad de hacer un análisis diferenciado de la magnitud de este delito. La violencia sexual contra ellas por parte de actores armados es una estrategia de guerra generalizada y, por tanto, aceptada y naturalizada por estos. Socio-culturalmente, no se trata únicamente de un crimen de guerra, sino que constituye crímenes de lesa humanidad. La violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado es utilizada para dominar, establecer control social, silenciar, obtener información, cohesionar, “castigar”, afectar la moral de los contrincantes, hacer énfasis en la supremacía, etc.
Esta violencia puede alcanzar formas extremas de llevarlas a cabo: torturas, esclavitud sexual, asesinatos, descuartizamientos, mutilación sexual, violación, desnudez y tocamientos forzados, prostitución forzada, masacres… Asimismo, ocasiona daños físicos y psicológicas en las mujeres, muchos de ellos irreparables: desde embarazos no deseados hasta adquisición de Infecciones de Transmisión Sexual. Todo ello, usando el cuerpo de las mujeres como arma de guerra a través de todos los patrones hetero-patriarcales que, durante años, las han anulado y violentado y que lo siguen haciendo mediante la estigmatización posterior que reciben por haber sido víctimas de este tipo de violencias.
El silencio de comandantes y la legitimación por parte de altos cargos y del propio Estado de estos hechos, los convierten en cómplices de los mismos. Tal y como un grupo de mujeres gritaron en el auditorio donde se desarrolló el Tribunal: “la violencia contra las mujeres es la violencia del sistema contra la mitad de la humanidad, ¡no al silencio!”.
Como se recogió en el Tribunal “la reparación tienen que garantizar la no repetición y el resarcimiento de las víctimas.
Los casos presentados al tribunal
Haremos, a continuación, un resumen de todos aquellos casos de violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado que fueron presentados al Tribunal Simbólico, sin desconocer que el espacio nos limita la contextualización y extensión de los mismos. Invitamos, por tanto, a todas las personas interesadas a visitar la página de Corporación Humanas para obtener más datos sobre los mismos:
1. Violencia sexual, tortura y posterior asesinato de cuatro jóvenes por paramilitares en Putumayo (la madre de las víctimas presenta el caso)3
El 1º de enero de 2001, en La Dorada (Putumayo): El comandante del grupo paramilitar Bloque Sur del Putumayo se presentó en la casa de las víctimas obligándolas a ellas y a varios integrantes de su familia a seguirles. Finalmente, los paramilitares partieron con cuatro de sus hijas, una de ellas menor de edad, hacía paradero desconocido. En febrero de 2010, la Unidad Nacional de Justicia y Paz exhumó los restos de las víctimas que se encontraban en una fosa común ubicada en San Miguel (Putumayo) (la madre de las víctimas aseguró en el Tribunal “hueco que encontraba, hueco que escavaba”). De la documentación forense realizada se pudo establecer que tres de ellas habían muerto por descuartizamiento y una de ellas por arma de fuego, además de identificar varios indicios de violencia sexual.
2. Violencia sexual en contra de tres mujeres en un mismo contexto de violencia en Antioquia:
a. En 2002, en el barrio Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna uno de la ciudad de Medellín (Antioquia), una mujer líder realizó acciones para evitar que sus hijos fueran reclutados por el bloque Cacique Nutibara. Debido a este hecho, cuatro integrantes de ese bloque la amarraron y encerraron en su propia casa durante toda la noche y la mañana siguiente, tiempo en el que la violaron en varias oportunidades. Posteriormente, la amenazaron de muerte si no guardaba el silencio cómplice de la impunidad y del desplazamiento a que fue obligada. Pasados unos meses y en medio de las balas, decide escapar del barrio, huyendo con un grupo de aproximadamente 25 personas.
b. En abril de 2004, en la vereda Cañaveral ubicada en el municipio de Abejorral (Antioquia), en horas de la noche, llegaron a la casa de una mujer de 43 años y su familia entre diez y quince hombres armados quienes vestían uniformes militares y portaban brazaletes que decían farc. Ellos pidieron a la mujer alimentos y ella ante la insuficiencia se negó, a lo que ellos respondieron golpeándola y obligándola a salir de la casa. Los hombres procedieron a golpearla repetidamente hasta romperle una pierna para posteriormente ser violada por cuatro de ellos. Luego la amenazaron con matarla a ella y a sus hijas si denunciaba. A la semana siguiente, se vio forzada a desplazarse.
c. En 2006, en el barrio Aures, ubicado en la comuna siete de la ciudad de Medellín (Antioquia), una mujer y su compañero departen durante toda la noche hasta que él decide irse; ella, tratando de convencerlo de que se quede, sale detrás suyo y, en esa ruta, es agredida sexualmente por cuatro hombres quienes la golpearon hasta dejarla casi inconsciente. Su compañero, que la antecedía, se devolvió tratando de liberarla de los agresores quienes lo golpearon repetidamente para posteriormente asesinarlo. Personas del barrio identifican a los agresores como integrantes de bandas de desmovilizados-paramilitares del barrio.
3. Violencia sexual contra una mujer indígena por la guerrilla
El 10 de julio de 2010, en el resguardo indígena de Huellas, ubicado en el municipio de Caloto (Cauca), mientras se encontraba en un establecimiento público departiendo con varios amigos, una mujer indígena fue sacada del lugar por dos personas que son identificadas como milicianos de las farc. Posteriormente su cadáver fue encontrado por la comunidad en la vereda el Tierrero, luego de haber sido violada y posteriormente asesinada.
4. Violencia sexual contra una niña por parte de un agente de la fuerza pública:
El 7 de marzo de 2010, en un municipio al sur del país, un agente de la fuerza pública se hizo presente en la casa de una niña de 14 años de edad con el fin de solicitar el servicio de aseo a su habitación. La niña se dirigió a ordenar el cuarto y cuando se dispuso a marcharse él la tomó por las muñecas, la tiró a la cama y la violó. La niña intentó huir cuando vio que el agente se había quedado dormido pero el hombre al darse cuenta la golpeó y la violó nuevamente. Posteriormente, la amenazó con que si decía algo “no respondía por lo que le podía pasar a ella o a su familia”.
5. Violencia sexual y lucha por la tierra
El 22 de junio de 1997, en la comunidad de Santa Lucía, ubicada en la cuenca del río Cacarica (Chocó), paramilitares llegaron a la casa en donde vivía una mujer afrocolombiana junto con su madre, su esposo y sus hijos. Los paramilitares preguntaron por su esposo, quien no se encontraba en su casa, por lo que lo acusaron de pertenecer a la guerrilla. Fue amarrada y llevada por los paramilitares en presencia de su familia.
Luego de llevarse a la mujer, los paramilitares le ordenaron a su madre quedarse en su casa durante tres días. A pesar de esta amenaza, al día siguiente su madre salió de la casa y empezó a seguir el rastro de los pasos de su hija hasta que encontró el cuerpo con signos evidentes de violencia sexual. A raíz del homicidio y la violencia sexual, la familia de la víctima se desplazó de la cuenca del Cacarica.
6. Violencia sexual en el Magdalena Medio
En agosto de 2001, en Barracabermeja (Santander), una adolescente de 17 años fue víctima de violencia sexual por parte de varios integrantes del bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), producto de la cual quedó embarazada. Los hechos se registraron mientras se trasladaba al colegio en el cual estudiaba, cuando cuatro hombres que se movilizaban en un taxi la obligaron a subir con un arma de fuego y la llevaron a una casa sola en donde la violaron. Durante los hechos la interrogaron sobre una información que supuestamente le había suministrado un ex novio suyo que había pertenecido a los grupos paramilitares y que habían asesinado anteriormente.
7. Esclavitud sexual, constitutivo de crimen de guerra ejercido por guerrilla y paramilitares
En el 2002, cerca del municipio de Santa Rosa del Sur (Bolívar), una mujer se dirigía para su finca. En este trayecto se encontró con uno de los muchos retenes establecido por integrantes de la guerrilla. Allí fue retenida, golpeada y dirigida a un campamento. En el campamento fue encerrada en un cuarto, la vistieron de guerrillera y la mantuvieron amarrada. Esa misma noche fue violada por el comandante y algunos de sus subalternos. El móvil del secuestro y el sometimiento a esclavitud sexual por parte de la guerrilla buscaba dar con el paradero de un opositor a la vez que se busca castigar a la mujer por ser la compañera de una persona identificada como opositora.
En mayo de 2003, miembros del Bloque Central Bolívar, al conocer que la mujer había sido esclavizada sexualmente por la guerrilla, fue visitada en su casa por cinco hombres vestidos de negro quienes le obligaron a suministrar información. Durante tres días estuvo secuestrada y sometida a todo tipo de violencias sexuales por parte del comandante. En 2005 la víctima fue obligada a desplazarse ante el temor de que sus hijos fueran reclutados por las auc.
Pronunciamiento final
Las consideraciones de las juezas internacionales (que fueron entregadas a representantes del Estado) afirmaron que el Estado Colombiano no ha llevado a cabo las obligaciones internacionales a las que quedó suscrito y que “aunque en algunos casos, se ha accedido a medidas de reparación de carácter administrativo (que se reducen al ámbito indemnizatorio desatendiendo los demás componentes de la reparación integral) estas han generado nuevos daños psicosociales al no estar acompañado de un proceso preparatorio que permita asumir la entrega como parte del proceso de reparación al que tienen derecho las víctimas y sobrevivientes”. El Tribunal alarmó sobre “la violación a los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes, fundamentalmente la violación a los derechos de las mujeres”.
Asimismo, las “juezas” consideraron que “la única manera de que haya garantías de no repetición es que se ponga un alto urgente al conflicto armado colombiano ya que la violencia sexual garantiza el contínuum de violencias y su persistencia genera un daño transgeneralizacional”.
De igual forma, condenaron la negligencia y tolerancia con la cual ha actuado el Estado de Colombia para responder en los casos de violencia sexual ya que estos hechos permanecen en la impunidad. Las expertas instaron a las autoridades judiciales que tampoco actuaron con la debida diligencia en la investigación y judicialización de estos casos, a que empleen “todas las herramientas que permitan reconstruir la verdad sobre los hechos ocurridos, recabar todos los elementos probatorios orientados a demostrar la responsabilidad de los perpetradores y a restablecer la dignidad de las víctimas y sobrevivientes, para que no se perpetúe el daño y el dolor de las víctimas”.
De otro lado, el Tribunal hizo una serie de recomendaciones. Entre ellas, un llamado al Estado para que avance en medidas de reparación integral. Solicitó además que esta reparación se hiciera efectiva desde un enfoque diferencial cultural.
El Tribunal Simbólico acabó con una frase que opta también a ser un símbolo de la no violencia: “si las historias se nombran y se escriben no mueren…
El porvenir empieza ahora, en este Tribunal”.
Más datos sobre el Tribunal Simbólico en www.pazconmujeres.org
* Por violencia sexual se entiende “la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considera daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas (Ley 1257, 2008, art. 3º c).
1 Se realizó el pasado 26 de Septiembre a lo largo de todo un día.
2 Cada caso presentado podía insertar más de una historia de violencia sexual en el conflicto.
3 La mayoría de los casos se presentan aquí tal y como fueron presentados por el Tribunal casi de forma literal. Solo se han modificado aquellos datos que posibiliten más un resumen sin perder datos relevantes.
Recuadro
Los casos de violaciones en Colombia se duplican desde el año 2000
Así lo afirmó en su informe Amnistía Internacional en referencia a datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El año anterior fueron 20.142 los casos reportados. De estos, solo 109 casos fueron clasificados en relación con el conflicto. Para la organización este hecho “pone de relieve la invisibilidad de estos crímenes”.
Asimismo, según el análisis realizado por la organización, agentes armados (tanto los considerados ilegales como los de las fuerzas de seguridad del Estado) se ven implicados en estos delitos. En la mayoría de los casos no son denunciados por temor a represalias, estigmatización o deshonra.
Otro estudio de Oxfam en 2009 afirmó que entre 2001 y 2009 los actores armados cometieron 95.000 violaciones, forzaron 26.000 embarazos y 27.000 abortos en incurrieron en más de 175.000 casos de acoso sexual. Los datos de la Fiscalía General revelan que en marzo de 2001 los paramilitares que rindieron versión libre habían confesado 57.131 crímenes. Solo aceptaron 86 casos de violencia sexual. La casi totalidad de estos hechos todavía se encuentran en la impunidad.
La generalización de la violencia sexual en el conflicto armado fue reconocida por la Corte Constitucional en el Auto 092 de 2008.
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