En una “función de advertencia” enviada a Clara López, Alcaldesa Mayor de Bogotá, como resultado de una investigación realizada por la Contraloría Distrital, ésta ha determinado que entidades como el IDU deben miles de pesos a la autoridad ambiental, o sea, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).
Se debe hacer una explicación sobre el tema para contestar esta inquietud. En números anteriores de desde abajo, hemos hablado de la importancia del manejo adecuado de los ecosistemas urbanos, haciendo énfasis en las zonas verdes y el arbolado, debido a las importantes funciones que éstas prestan para la preservación de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.
La legislación existente actualmente es: en el nivel nacional, el Decreto 1791 de 1996, y en el distrital –expedida por la SDA–, el Decreto 531 del 2010. El primero señala en el artículo 58 que “la autoridad competente podrá autorizar dichas actividades –entre ellas la tala de árboles–, consagrando la obligación de reponer las especies que se autoriza talar”.
Sin embargo, la Secretaría de Ambiente de la actual administración, dada su concepción errada en el manejo de las políticas ambientales urbanas, no tuvo la voluntad de modificar el criterio introducido en 2003, de carácter mercantilista y neoliberal, sino que lo ratificó en 2010 mediante el decreto mencionado, según el cual “la compensación se efectuará en su totalidad mediante la liquidación y pago de los Individuos Vegetales Plantados”, denominados con la sigla IVP.
“La SDA definirá la compensación que debe hacerse por talas […] expresada en equivalencia de IVP por cada individuo vegetal talado, indicando el valor por pagar bajo este concepto”, lo cual se aplica en casos de desarrollo de obras de infraestructura, o construcciones en predios públicos y privados (lo que significa que se les da un precio en pesos a los árboles y se debe pagar ese dinero, que debe ir “exclusivamente a financiar las actividades de plantación y mantenimiento del Plan de Arborización del Jardín Botánico” (literales b, c y d, art. 20 Decreto 531 de 2010).
Esta norma no se está cumpliendo, y los árboles eliminados por construcción de obras no son ni serán reemplazados o compensados en un futuro cercano, ya que no se está cancelando el dinero a que estarían obligadas las empresas oficiales o privadas para financiar los costos que implican las nuevas siembras y su mantenimiento.
Esto se comprueba con el informe estudio realizado por la Contraloría Distrital, que demuestra que varias entidades distritales deben $463’450.235,02, hoy en cobro coactivo. Se destaca el IDU, con una deuda de $387’706.430.50 y que la obligó a enviarle la “función de advertencia” a la Alcaldesa Mayor de Bogotá en octubre pasado.
Como se observa, la actual legislación distrital ha permitido que, a cambio de sembrar árboles, se pague en efectivo un valor en pesos designado por la autoridad ambiental y que se ha traducido en una inmensa deuda económica, lo cual impide realizar en forma sistemática y continua la siembra de árboles que requiere una ciudad tan contaminada como Bogotá, por una de cuyas razones viene perdiendo su vegetación y áreas verdes a un ritmo acelerado, como es posible apreciar en varias localidades de la ciudad.
Bajo el criterio de “generadores de riesgo”, se han talado entre 2010 y 2011 unos 2.434 árboles y se están eliminando 3.384 en este período antes de terminar el año, y para su sustitución no se han definido los recursos económicos que garanticen su reposición; es decir, la ciudad está perdiendo muchos árboles y se irá disminuyendo la proporción de los mismos en relación con su número cada día creciente de habitantes.
Dentro de los billonarios recursos que se destinan mediante cuestionados contratos para endurecer aún más la ciudad, no interesa disponer los que aseguren una mayor cobertura vegetal, cuando cada día hay más fuentes de polución atmosférica de todo tipo que afectan directamente la salud de la ciudadanía. Se espera que se responda y se resuelva esta inquietud, y en el futuro se maneje con seriedad y responsabilidad este aspecto tan trascendental en la región y globalmente, en esta época de crisis climática, sanitaria y ambiental.
Leave a Reply