Durante el mes de noviembre de 2011 se desarrolló una fuerte campaña conmemorativa de los 120 años de la policía nacional mediante una fuerte campaña publicitaria que incluía imágenes en páginas webs, videos promocionales en el portal YouTube, comerciales, hasta un fascículo que circuló en periódicos nacionales. Las imágenes utilizadas en la campaña resaltaban tres logros actuales de la institución (Presidencia de Ameripol, Premio Iberoamericano a la Calidad y Vicepresidencia de Interpol), otorgados por organismos internacionales.
Que la policía celebre orgullosamente su aniversario presentando logros otorgados por instituciones que confieren certificados de gestión y calidad administrativa genera una interpretación errónea en los ciudadanos acerca del accionar y el trato por parte de los uniformados con la población. Sí una entidad tiene como lema “Servicio a la comunidad”, ¿no debiera ser esa comunidad a la que sirve quien evalué o sea tenida en cuenta en tales valoraciones para poder hablar de logros? Teniendo en cuenta que la Policía es la primera entidad de servidores públicos a los que acuden las personas, debido a que son ellos quienes se relacionan en los espacios locales y regionales con la población, esos logros reconocidos desde escritorios alejados de la realidad de las calles y de la percepciones sociales no dan cuenta de los serios problemas que tiene la policía colombiana en términos de credibilidad y confiabilidad.
Existen fuertes cuestionamientos debido a los mecanismos que utiliza la entidad en el desarrollo de sus actividades: uso de la fuerza desmedida, asesinatos, abusos de autoridad, sobornos y violación a los derechos humanos, son algunas de las situaciones que se viven diariamente en las ciudades colombianas. Estos defectos de la función policial ponen en riesgo no sólo la credibilidad institucional; el efecto más nocivo apunta hacia el régimen establecido: la democracia y el Estado de Derecho colombiano.
Situaciones en los estadios
Ser integrante de una barra de fútbol es para muchas personas sinónimo de delincuencia. A finales de la década de los 90, estos grupos sociales empezaron a ser visibles, ya no por sus diversas formas de presenciar los partidos sino también por los enfrentamientos que salían a la luz pública. El fenómeno urbano creció, llegando a todas las ciudades del país que contaban con equipos de la primera división colombiana. Estos nuevos grupos buscaban ser reconocidos en el ámbito barrista por la peligrosidad y la pasión hacia sus equipos. Desde entonces, las barras han desencadenado cientos de episodios violentos, incluyendo robos, heridos, muertos, hechos que sin duda manchan el fútbol y llevan a los barristas a incrementar el círculo de odio, repitiendo estas acciones en su vida diaria. Cabe resaltar que las barras están compuestas por miles de individuos heterogéneos que no se pueden encasillar dentro de una misma categoría. Es imposible pensar que en una colectividad todos los integrantes piensan y actúan de la misma manera.
Como respuesta a tal realidad, la Policía aumenta los operativos en los campos deportivos del país, integrando algunas dependencias, algunas con entrenamiento especial para seguridad en los estadios. El número de uniformados disponibles se incrementa, variando en cada encuentro. Hoy día, acudir a un clásico capitalino o a un partido entre un equipo bogotano y Nacional o América, genera operativos de gran magnitud, como si de una guerra se tratara: decenas de patrullas en los barrios aledaños al Campín, tanquetas antidisturbios ubicadas en las tribunas populares, agentes motorizados en las esquinas de ingreso, anillos de seguridad junto al acompañamiento aéreo, hacen parte del paisaje urbano en días de partido. Debido a este control, el estadio ha pasado a un segundo plano como escenario para los enfrentamientos entre hinchas. Sin embargo, estos episodios violentos sólo se han trasladado a otros lugares.
En términos generales, el trato recibido por la Policía es similar en todas las ciudades del país. El común denominador es actuar contra las personas, obedeciendo a patrones circunstanciales o personales, más no al cumplimiento de los derechos constitucionales. Los miembros de las barras viven todo tipo de abusos por parte de la fuerza pública, desde agresiones verbales hasta operativos infrahumanos en las carreteras y ciudades del país. La sensación colectiva es que para la Policía son unos ciudadanos de segunda clase, a quienes no se les respetan sus derechos. En Bogotá son comunes las detenciones injustificadas en días y lugares donde se desarrollan los partidos. Estar alrededor del estadio sin tener una boleta en la mano o pedir dinero para entrar son motivos para que los hinchas sean detenidos ‘preventivamente’, como lo llaman los agentes, sin que ni siquiera sean contravenciones al Código de Policía. En los partidos clase A (América, Millonarios, Nacional o Santa Fe), las detenciones ilegales se incrementan: es común ver los camiones que se dirigen a la UPJ con decenas de hinchas.
En igual forma, se presentan situaciones anormales en los viajes nacionales. Una de las actividades que caracterizan a las barras es el seguimiento a su equipo en las diferentes canchas donde jueguen, lo cual exige una logística y una planeación para poder realizar el desplazamiento con la mayor cantidad de personas posibles. A través de los años, la policía de carreteras ha intensificado sus operativos en pro de la seguridad, por lo que en los últimos meses el acompañamiento de uniformados motorizados con armas de largo alcance prohíbe que los buses se detengan para que las personas desciendan. En viajes de larga duración, es necesario parar para cumplir las necesidades básicas de cualquier ser humano, acciones imposibles de realizar puesto que en cada departamento un comando de policía de carreteras espera a la caravana de los buses para escoltarlos, prohibiendo que los conductores se detengan.
Aunque en Bogotá hay programas de la Alcaldía que buscan fomentar la convivencia entre hinchas del fútbol tanto distritales como nacionales, en otras ciudades el tema le compete casi que exclusivamente a la Policía, razón por la cual el trato recibido por los hinchas que a esas ciudades se dirigen depende de dicha institución, a pesar de lo que establece la Ley 1270 de 2009. La creación de la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, que debiera ser generadora de programas y líneas de acción para las varias facetas de la problemática futbolística. Esta ley estableció en su artículo 7 (respaldado por el Decreto 1717 de 2010) que los municipios debían crear esta comisión local, buscando precisamente comodidad, seguridad y convivencia en el fútbol. Sin embargo, hasta la fecha la ley no se ha cumplido.
Durante 2004 y 2005, las caravanas de buses eran devueltas de la ciudad de Medellín, aduciendo la escasez de boletas, algo sin sentido. En Cali, en uno de los operativos del Pascual Guerrero, se prohibía el ingreso de hinchas visitantes con más de dos camisas, y tampoco se permitía llevar chaqueta, elemento necesario cuando se viaja desde otras ciudades. La policía aseguraba que estos elementos permitían taparse la cara y por esto quedaban prohibidos.
Las requisas son un procedimiento necesario cuyo objetivo es prevenir la violencia generada por armas o por sustancias prohibidas. Pero no es comprensible que en un viaje se realice una y otra vez el mismo procedimiento, ya que éste no arroja nuevos ni mejores resultados, pues las personas se habitúan. Para realizar este procedimiento a decenas de autobuses, se requiere una cantidad proporcional de uniformados. Sin embargo, en la gran mayoría de requisas se tardan horas: algunas veces las demoras simplemente son por negligencia de la Policía, haciendo que los hinchas no alcancen a llegar y ver a sus equipos. Después de estar confinados en un asiento durante horas para asistir a un partido de 90 minutos, es humillante que la Policía retenga los buses en la carretera, impidiendo el ingreso a las ciudades de destino. Cabe resaltar que tanto en viajes a otras ciudades como en los escenarios deportivos no hace presencia un delegado de la Defensoría del Pueblo, contrariamente a otros contextos, como las marchas nacionales, en las que, por las constantes violaciones de derechos, se ha vuelto necesario el acompañamiento de personal de esa institución.
Otra mala conducta policial se relaciona con las acciones generadoras de violencia, uno de los mayores problemas para mantener el orden público. Mientras frente a las cámaras los oficiales afirman que su función tiene que ver con la protección, la convivencia y la preservación de la vida, los uniformados de a pie, es decir, aquellos que están cerca de las conglomeraciones, se empeñan en incentivar los actos de violencia. Es común ver a uniformados diciéndoles groserías a los jóvenes, discriminándolos por su vestimenta y aspecto físico, tratando a los hinchas de pandilleros e incentivándolos a pelear para así facilitar su trabajo de detenerlos y agredirlos físicamente. El trabajo del argentino Gastón Gil concluye que en el entorno futbolístico, “lejos de cumplir con la declarada función de garantizar la seguridad, la policía participa directamente en la conformación de un clima violento”*. En nuestro país, este comportamiento es frecuente en los integrantes del muy cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), señalados por el excesivo uso de fuerza y la implementación de granadas recalzadas para la dispersión de manifestaciones.
Conclusión
Las conductas descritas distan de las afirmaciones del presidente Santos durante la ceremonia de aniversario de la institución. Sus palabras se referían a una policía exitosa. La realidad es que la fuerza pública tiene grandes retos en su camino hacia la excelencia. Mientras el comportamiento de los uniformados afecte los derechos de cualquier ciudadano o grupo social, habrá impedimentos para lograr una deseable credibilidad de la población sobre la fuerza pública. En el mismo sentido, si uno de los objetivos institucionales es ganar la confianza de la comunidad para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana, se deben abolir aquellas formas que causan agresión y violentan los derechos humanos, como las injustificadas detenciones colectivas, el cobro de sobornos, el uso excesivo de la fuerza, las decisiones tomadas arbitrariamente, la incitación a la violencia, etcétera.
En las víctimas de estas conductas se generan comportamientos que contrarios a la autoridad, aumentado la desconfianza en el Estado y la policía nacional. Entre la población surgen posiciones críticas y antagónicas de la fuerza pública, pues, siendo víctima de ésta, la gente no acude a su servicio en situaciones de riesgo sino que decide actuar por su propia cuenta, aumentando aún más el ciclo de violencia y odio. Así, las malas conductas van minando los esfuerzos institucionales en la búsqueda de un mejor servicio y aceptación, ya que el acompañamiento de la comunidad es el garante de una mejor seguridad ciudadana.
En fin, de no modificarse las formas de actuación de la Policía, es posible que se desencadene un problema de legitimidad del sistema político generado en el espacio micropolítico, donde los agentes del Estado se convierten en elementos que aíslan a un amplio sector de la población juvenil del Estado de Derecho promovido en la Constitución nacional. El aniquilamiento de sujetos de derechos desafía el pleno desarrollo de la democracia participativa, minando la probabilidad de tener ciudadanos partícipes del sistema democrático que necesita nutrirse de ciudadanos capaces de generar progreso democrático, que a la vez promueva y respete los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida.
* Gil, Gastón Julián. Criminalización, arbitrariedad y doble militancia. La policía y la violencia en el fútbol argentino. Revista de Estudios Sociales número 31. Universidad de los Andes, 2008.
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