Cali, como el resto del país, vive las mismas condiciones de abandono de lo público por el gobierno local y nacional, expresión de una política agenciada e impuesta por el capital transnacional y sus organismos financieros, consistente en el despojo a los sectores populares de los bienes comunitarios y del Estado mediante la privatización de las más productivas y eficientes empresas estatales y de los servicios, objetos de derechos esenciales para la vida y el desarrollo social. Emcali (Empresas Municipales de Cali) es patrimonio de los habitantes de la ciudad, construido en más de 70 años, que en el momento pasa de los 500.000 suscriptores en los servicios básicos domiciliarios, como son: acueducto y alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones. Igualmente, Emcali E.S.P. E.I.C. ha sido un baluarte del desarrollo social de los caleños, que se palpa en obras de infraestructura, ampliación y mejoramiento de los servicios, educación, apoyo y promoción del deporte, y actividades culturales.
Estas son las razones por las cuales los usuarios y los trabajadores defienden el carácter de Empresa Industrial y Comercial del Estado y rechazan los planes de los administradores y del propio Estado de llevarla a la privatización total, utilizando la corrupción y una injusta intervención por la Superservicios para declararla ineficiente e incompetente.
Nos acercamos el 21 de diciembre a los trabajadores de Emcali, a la carpa instalada en la Plaza Caicedo, donde se concentran los huelguistas, para conocer un poco sobre la suerte de la que fuera la más importante empresa pública del suroccidente colombiano, Emcali, con más de ocho años de estar intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. En sus alrededores hay unas 60 personas presentes y solidarias con esta lucha. Uno de los trabajadores presentes es Carlos Arbey Rodríguez (CAR), secretario general de Sintraemcali, con él dialogamos.
da.: ¿Cuál es la situación en Emcali, cómo va el proceso de intervención, de recuperación o de mejoramiento de la situación respecto a la prestación de los servicios, y la participación de la ciudadanía y el gobierno municipal en la junta directiva y en la administración?
CAR.: La empresa fue intervenida el 4 de mayo de 2004. La Superintendencia ha mantenido la prestación del servicio. Es evidente que la Empresa ha entrado en un deterioro, sobre todo en lo que tiene que ver con el componente de comunicaciones, que requiere una atención especial, dado que la apertura después de la Ley 142 y la nueva Ley de TICS la obliga a ser más competitiva.
A pesar de que la Empresa tiene una gran tecnología, con una red multiservicios que se adquirió y que tiene instalados 82.000 puertos de banda ancha, la gestión empresarial ha sido precaria en los últimos años, especialmente en la administración pasada, en el afán de subastar el componente de telecomunicaciones de una manera rápida frente al Acuerdo 275 que aprobó el Concejo Municipal. Se desatendió la gestión operativa y la gestión empresarial en lo que tiene que ver con los daños, en la atención a las nuevas instalaciones y nuevos servicios; se permitió el avance de la competencia, es decir, las transnacionales de Telmex, Telefónica, inclusive de UNE, EPM de Medellín.
da.: ¿Qué consecuencias inmediatas tiene el descuido en la gestión empresarial?
CAR.: No son de poca monta. Emcali ha perdido alrededor de 80.000 clientes en los últimos cuatro años. Cada dìa se ahonda más la crisis, porque los tiempos de respuesta tanto de instalaciones como de reparaciones son muy largos. La atención al servicio es precaria y se requiere –como lo plantea el Sindicato– que, una vez resueltas todas las causales de intervención, se le debe devolver la empresa a la municipalidad, pero en forma responsable, decisión que permita competir especialmente en el componente de telecomunicaciones y en los otros dos componentes, reduciendo los índices de pérdidas.
No tiene justificación el gobierno nacional para mantener esta situación. Es necesario entregársela a la municipalidad, no para que se vuelva a dar el saqueo desde el Concejo Municipal y desde la administración sino para que sea gestionada en forma transparente, que sus utilidades sean revertidas hacia la sociedad, hacia los sectores menos favorecidos en salud, en educación, en vivienda.
da.: ¿Cuál sería la disposición del Alcalde y de los concejales electos respecto al futuro de Emcali? ¿Sabe usted algo sobre esto?
CAR.: No hemos tenido la oportunidad de hablar con el alcalde Rodrigo Guerrero, pues teníamos algunas distancias a raíz de lo que sucedió con Termoemcali y las posiciones del Alcalde frente al Acuerdo 274-275 cuando era concejal. Nos hemos reunido con algunos concejales electos; con algunos que pretenden llegar a la comisión de institutos descentralizados, que tiene que ver con los servicios públicos y de Emcali específicamente. Les hemos mostrado las posibilidades que tiene la Empresa, especialmente en telecomunicaciones, de obtener una empresa rentable. Pensamos que la gestión empresarial es fundamental, que se debe actuar en contra de toda esa externalización que ha generado nóminas paralelas en detrimento para la ciudad. Esperamos que con la posesión del Alcalde se fije una posición frente al tema de Emcali. Una posición clara de recuperación económica, empresarial, de gestión, pensando en una empresa para la ciudad que realmente sirva para el apalancamiento del desarrollo social de los caleños.
da.: ¿Cuál ha sido el papel, la participación de los usuarios en este proceso, para garantizar el reintegro total de las empresas a la ciudadanía?
CAR.: Se han hecho varios foros sobre el tema de la intervención, que, como lo hemos demostrado, es una intervención desgastada de parte del gobierno nacional. Se han hecho movilizaciones con la comunidad, solicitando y exigiendo la devolución de la Empresa al municipio. Esperamos que en esta nueva etapa se dé una devolución responsable, para que nuestra empresa siga siendo la más importante del suroccidente colombiano y siga brindando beneficios para todos los caleños.
da.: Sabemos de la huelga de hambre que realizan algunos trabajadores despedidos de Emcali en los últimos 17 días. Cuéntenos por qué se da ese despido en una empresa que se encuentra en proceso de intervención, donde también están pendientes los derechos de los trabajadores.
CAR.: En 2004, a raíz de una asamblea permanente que hizo la organización sindical en el Centro Administrativo Municipal, el gobierno nacional determinó un cese ilegal de servicios públicos. Entonces el gerente despidió a 51 trabajadores que estaban en la asamblea, inclusive algunos que no participaban de ella, como una manera de atacar a la organización sindical. Se establecieron la acciones jurídicas correspondientes en los tribunales laborales, de estos han salido 34 fallos favorables a los trabajadores en segunda instancia y en estos momentos se encuentran en la Corte Suprema de Justicia en casación, dadas las pretensiones de la demanda. La OIT ha hecho cuatro pronunciamientos en el Comité de Libertad Sindical de normas sindicales, en cabeza de la doctora Karen Curtis, recomendando el reintegro de los trabajadores.
La OIT instauró una mesa de diálogo con altos funcionarios y la gerente Susana Correa en la ciudad de Bogotá, pero esas reuniones realmente no tuvieron avances positivos. Se nota una estrategia de dilación del gobierno nacional frente al tema del reintegro. Sintraemcali decide entonces instaurar una acción de tutela en base a hechos anteriores de unos trabajadores en Ecopetrol y una empresa de servicio de aseo en Medellín, que a través de esos pronunciamientos se ordenó el reintegro por parte de un juez constitucional, y efectivamente, con esas herramientas se instauró la acción de tutela que hizo tránsito en la primera y la segunda instancia del Juzgado 11 Penal Municipal del Circuito de Cali, quien le dio la razón al sindicato ordenando que en 48 horas se hiciera el reintegro de los 51 trabajadores despedidos injusta y antisindicalmente.
En todo este tiempo hemos visto una estrategia de dilación de parte del actual gerente, Sabas Danilo Tafur, porque la tutela se falló el 18 de octubre pasado en segunda instancia y las acciones de tutela son de estricto cumplimiento, independientemente de que haga tránsito en la Corte Constitucional, y que incluso la Corte lo escoja para su revisión. Esto muestra la manera como la Superintendencia de Servicios Públicos ha dilatado el cumplimiento de la sentencia. A raíz de esto, dos compañeros despedidos en 2004 decidieron iniciar una huelga de hambre aquí en la Plaza de Caicedo, dada la difícil situación que están atravesando con sus familias. Ya han completado 17 días en esta huelga, con unas situaciones delicadas de salud, con desmayos, pero aquí están definitivamente hasta tanto el gobierno nacional y el gerente interventor cumplan la sentencia de segunda instancia que ordena el reintegro de los trabajadores.
da.: ¿Qué alega la empresa para no cumplir el reintegro ordenado por un juez de la república?
CAR. El gerente interventor, Sabas Tafur, ha salido a decir ante los medios de comunicación que está esperando la revisión que ordenó la Corte Constitucional en su Sala de Revisión, en cabeza del magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. El Decreto 2591 no exime la responsabilidad de cumplir la sentencia. Independientemente de que ésta haya sido escogida, los mandatos de tutela son de estricto cumplimiento, como lo comunicó en un documento el magistrado Palacio Palacio. Las decisiones que pudieran tomarse después que la sentencia sea revisada por parte de la Corte Constitucional son independientes del cumplimiento del fallo. Por tanto, el gerente está obligado a cumplir inmediatamente la sentencia. Además, la organización sindical ha planteado jurídicamente el incidente de desacato por el incumplimiento del fallo.
Recuadro 1
“En este país toca llegar a las acciones de hecho para que el gobierno escuche”
Muchas de las privatizaciones de los bienes públicos llevadas a cabo en Colombia, han despertado resistencia. También la defensa de los derechos. En el caso de la lucha contra la privatización de Emcali, y por el respecto de los derechos de sus trabajadores, se mantiene la norma: manifestaciones, mítines, agitación, toma de instalaciones, denuncia judicial, hasta llegar al extremo de la huelga de hambre, donde se arriesga la propia vida por una causa común.
En días pasados desdeabajo visitó a los huelguistas de Emcali en la Plaza Caicedo. En camillas encontramos a dos de los 51 trabajadores despedidos, que realizan la huelga de hambre. Ellos son Eduard Alberto Villegas Carabalí y Liliana Villamil.
da.: ¿Cuál es la causa de la huelga?
Eduard Alberto Villegas. Estamos en esta acción de hecho para pronunciarnos porque han pasado más de 57 días y el gerente de Emcali no ha cumplido con la acción de tutela que ordena nuestro reintegro. La juez tampoco ha cumplido con el desacato. Llevamos 59 días en que un juez de la república le ordena al gerente de Emcali que en el término de 48 horas nos reintegre a los 51 despedidos. Esta es la forma como en este país toca llegar a acciones de hecho para que el gobierno nos escuche. Es algo preocupante porque el pueblo colombiano tiene algunos derechos como la tutela, y, si ésta no se hace valer, qué va a pasar con otras personas cuando la tutela es un mecanismo de agilizar algún proceso.
da.: ¿Qué adujo Emcali para despedir a los trabajadores?
EAV.: En 2004 había problemas con contratos en Emcali. Estaba agitada la problemática de los altos costos de los servicios públicos, y en esa época se le hizo saber al gerente que los trabajadores no estábamos de acuerdo con los costos de los servicios públicos ni con los contratos, pues se iba a ver perjudicada la comunidad. Y por esto nos echaron.
da.: ¿Cuántas personas participan en la huelga?
EAV.: Participamos mi compañera Liliana Villamil y yo, en representación de los 51 compañeros despedidos.
da.: ¿Cómo ha sido la solidaridad y la salud de ustedes al interior de la carpa?
EAV.: Las organizaciones sindicales y los organismos indígenas del Cauca, la ASIN y el CRIC, lo mismo que el cabildo de Cerro Tijeras, donde hago parte de la guardia indígena, han estado pendientes de este proceso, acompañando y pendientes de ver qué va a pasar. Si el Estado no define esta situación a corto plazo, las organizaciones indígenas están dispuestas a marchar en solidaridad con nuestra lucha.
da.: ¿Cómo ha sido el apoyo de los sindicatos, especialmente de Sintraemcali, a esta lucha?
EAV.: Nuestro sindicato ha estado apoyándonos desde el día en que nos echaron. Gracias también a los trabajadores de Emcali por el aporte que ellos nos dan cada 15 días, lo que nos ha permitido sobrevivir. Este aporte es un préstamo, en un acuerdo que se hizo con la junta directiva.
da.: ¿En cuanto a la asistencia médica, qué organismos han estado pendientes de ustedes?
EAV.: Aquí está llegando EMI y otra enfermera particular que nos visita en la mañana y en la tarde, y en las horas de la noche nos hacen otro chequeo.
Recuadro 2
Historia de rapiña
Primero fue Emsirva, empresa municipal de aseo de la ciudad que los administradores del municipio le entregaron al capital privado (los hijos de Uribe Vélez), que ansiaba quedarse con la valiosa basura que los caleños producimos y pagamos por ella, la que un gran sector popular reciclaba para calmar el hambre y la necesidad. El proceso violó los derechos de los trabajadores y los de la comunidad. Luego vienen el desprestigio, la corrupción, el saqueo de Emcali por los administradores y politiqueros y la consecuente intervención por el Estado, preludio de la posterior división en sus tres componentes (acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones) y posterior total privatización de las empresas.
El componente telecomunicaciones es el más productivo, de alto desarrollo tecnológico y de mayores perspectivas en el mercado. Por esto, la intención de las últimas administraciones de separarla para poder venderla, mientras se preparan las condiciones para la privatización del componente energía (cuenta con una amplia infraestructura en redes de distribución y transformación), tras lo cual están los colonialistas financieros españoles, los capitalistas mexicanos, el Sindicato Antioqueño y las mafias. Aún intervenida, Emcali continúa generando alta rentabilidad como empresa pública, es eficiente en cuanto a servicios, atención y cobertura regional, que incluye usuarios de municipios como Yumbo, Jamundí y Puerto Tejada, con los servicios de energía y telecomunicaciones.
Una reestructuración más democrática y transparente, con apoyo del Estado y la comunidad, puede llevarla a ser tan competente como la ETB o la EPM. Si se trata de defender, conservar y mejorar el patrimonio nacional; de administrar los bienes de la nación y del pueblo colombiano, ninguna de las empresas industriales y de servicios, ninguna institución de educación, de salud, de investigación científica debió ni debe ser entregada al sector capitalista privado. Por el contrario, en una sociedad realmente democrática, el destino de estos bienes sólo lo deben definir los usuarios, los consumidores directos, mediante consulta. Pero esto no puede realizarlo una oligarquía apátrida, egoísta y avarienta que administra el Estado como si fuera su finca, en su propio beneficio y en el de las mafias transnacionales del capital financiero.
De todas maneras, es necesario fortalecer el sentido de pertenencia en los sectores populares con lo público, planteándose la autonomía local y regional como instrumento de soberanía popular y nacional, pensando modelos que permitan su fiscalización por parte de la comunidad, abordando procesos cada vez más limpios en lo ambiental y cada vez menos onerosos para los sectores populares, porque no basta con elegir corruptos cada cuatro años para que administren nuestros bienes y entregarles nuestro poder de decisión sobre la economía y el futuro de nuestro país.
Leave a Reply