El 8 de marzo mujeres de Colombia y otros países conmemoraron el día de sus derechos. Este año, a las múltiples razones que tienen para reclamar un trato digno y equitativo en la sociedad, se sumaron los estragos causados por los implantes mamarios PIP, de los cuales la empresa francesa que los fabricó –con silicona industrial– vendió cerca de 100.000, en su gran mayoría en Suramérica.
“Reconstrucción, no mutilación” fue el lema de la protesta que realizaron en Cali, varias mujeres afectadas por implantes PIP, promovida por la recién creada Corporación H2O, una organización conformada por cerca de 500 mujeres de Colombia y otros países, quienes además presentaron una Acción Popular para exigir al Estado colombiano que asuma los costos de los nuevos implantes que necesitan 15.000 mujeres afectadas por PIP, según estadísticas oficiales.
La afectación de estos implantes de mala calidad no sólo es un asunto de mujeres, aunque ellas son el 80% de pacientes de estas cirugías y las abanderadas de la lucha por sus derechos. Así como en Colombia, en España, Argentina, Reino Unido, Venezuela y otros países, existen asociaciones de afectadas que reclaman lo mismo: nuevos implantes y de buena calidad a cargo del Estado.
A medida que se ha desplegado la información sobre los implantes PIP se ha puesto de relieve que los hombres que se practicaron cirugías de pectorales, pantorrillas o nalgas con este tipo de implantes también están en riesgo. De igual manera, las personas transexuales que usaron prótesis PIP para modificar su cuerpo.
La alarma internacional por el caso se disparó cuando los implantes empezaron a romperse a los 2 ó 3 años de la cirugía, cuando la vida prometida de una prótesis de este tipo era de 10 años. En marzo de 2010, la Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria de Productos de Salud, Afssaps, decidió suspender la manufactura y el uso de estos implantes así como ordenar su retiro del mercado. En Colombia, siete meses después, en octubre del mismo año, el Instituto para la Vigilancia y Control de los Medicamentos, Invima, creado por la Ley 100 de 1993, canceló el Registro Sanitario a estos implantes. En otros países, como Estados Unidos, nunca se llegaron a vender.
En enero pasado fue capturado en Francia Jean-Claude Mas, fabricante de dichos implantes y presidente de la compañía PIP. El diario Francés “Liberation”, reveló que las primeras señales de alarma sobre los implantes PIP fueron lanzadas en 1996, cuando las autoridades sanitarias de ese país habrían recibido varios correos electrónicos informando sobre la existencia de prótesis elaboradas en este tipo de silicona industrial.
La papa caliente
Las mujeres afectadas por los implantes PIP en varios países del mundo, reclaman la responsabilidad estatal ya que la privada se ha diluido con la desaparición de la empresa PIP, desde 2010, y de varias de las compañías importadoras.
En Colombia, la empresa Colmedical importadora de los implantes cerró en el 2010, cuando el Invima retiró el registro sanitario, mientras que la compañía francesa PIP se declaró en quiebra en marzo de 2010, y reportó pérdidas por 9 millones de euros.
Para Gladys Arcila, directora de la Corporación H2O que agrupa a las afectadas, tanto los cirujanos plásticos como el Invima y el Ministerio de la Protección Social, a través del Viceministerio de Salud, que asumió la vocería en el caso PIP, tratan de “lavarse las manos” cuando les dicen a las mujeres que son ellas quienes deben asumir el costo de unos nuevos implantes.
La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, SCCP, emitió un comunicado el pasado 23 de febrero de 2012, en el cual señala: “Sobre este punto específico la SCCP rechaza cualquier responsabilidad de sus miembros en la colocación de dichos dispositivos ya que estos tuvieron el aval de la Comunidad Europea, la autoridad sanitaria francesa y el Invima, adicionando también que, en su momento, fueron unos de los implantes con más prestigio en el mercado de dichos dispositivos”.
Al respecto, un portal español de Internet, sobre cirugía plástica llamado La Revista de Cirugía Estética publica una columna titulada “PIP El escándalo silenciado” donde señala una actitud condescendiente con la industria de la cirugía plástica frente al caso, y advierte que los médicos cirujanos sí estaban en capacidad de detectar la calidad de estos implantes: “¿Estos cirujanos no palpaban que eran prótesis de mala calidad?; porque diferenciar al tacto el gel cohesivo de la silicona industrial semi-líquida es relativamente fácil”, y concluye “es difícil encontrar cirujanos que asuman que han cometido errores y sobre todo es difícil encontrar cirujanos que asuman el coste económico de sus errores”.
A su turno, el Invima argumenta que tomó su decisión con base en las certificaciones expedidas por las autoridades sanitarias francesas a la marca PIP. Pero este requisito resultó insuficiente para determinar la calidad del producto y evidenció que en Colombia no se aplican pruebas de laboratorio a este tipo de implantes.
La Universidad Nacional de Colombia anunció en febrero pasado que desarrollará un método para analizar la composición química de los implantes mamarios en el país. César Augusto Sierra, profesor del Departamento de Química y director del Grupo de Investigación en Macromoléculas, explicó en la emisora radial de la Universidad que “después del escándalo, varios cirujanos se acercaron al Departamento de Química preguntando si podíamos determinar su composición, y tras una búsqueda en varias bases no hay un soportes para ese análisis”.
Por otra parte, durante los 7 meses que transcurrieron desde la prohibición de los implantes y la orden de retiro en Francia hasta la prohibición en Colombia, se habrían practicado muchas cirugías para implantar estas prótesis. Aunque no existen estadísticas oficiales recientes, la directora de la Corporación H2O ha podido constatar esta situación entre sus asociadas, revisando las fechas en que se realizaron las cirugías. “Ya que se trataba de un negocio millonario de importación, la compañía tenía que salir de todas las existencias”, señala.
desdeabajo envió un cuestionario al Invima preguntando sobre las razones por las cuales en Colombia la medida de prohibir y retirar los implantes se tomó siete meses después, así como las medidas de control de la circulación de los implantes PIP, desde la primera alarma en Francia hasta la cancelación del registro sanitario y después. El cuestionario no había sido respondido al cierre de esta edición.
Desde el punto de vista de sus derechos como consumidoras, las afectadas reclaman la garantía que debe tener cualquier producto. Gladys, una de ellas, recuerda que: “Hace unos meses, una empresa de automóviles reconoció que sus carros estaban saliendo con los frenos en mal estado. A los compradores se les dijo que se acercaran a los concesionarios y se los cambiaron. No entendemos por qué no podemos tener garantía de un producto que compramos de manera legal, y más aún cuando es algo tan delicado como una prótesis que tenemos dentro de nuestro cuerpo”.
Desde el punto de vista de los derechos ciudadanos, aunque las cirugías plásticas sólo están contempladas en el Plan Obligatorio de Salud, POS, cobijado por el régimen contributivo de salud de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, cuando se trata de procedimientos reconstructivos, las cirugías con fines estéticos, cuyo costo es asumido por cada paciente, también están bajo el control y vigilancia de las autoridades sanitarias y contempladas dentro del derecho a la salud.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-548 de 2011 señala:
“El único propósito de una cirugía plástica o estética no es el embellecimiento asociado sólo a aspectos cosméticos o superfluos, sobre todo si se tiene en cuenta que la salud no equivale únicamente a disponer de un estado de bienestar físico o funcional, ya que hay otros aspectos como el bienestar emocional, social y psíquico que deben ser garantizados tanto por el Estado como por los particulares encargados de prestar servicios en salud, a fin de procurar a las personas una vida en condiciones de dignidad y calidad”.
En el caso de los insumos médicos para dichas cirugías, como los implantes, es el Invima, según lo contempla la Ley 100 de 1993, el ente responsable de las políticas en materia de “vigilancia sanitaria y de control de calidad de medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas, cosméticos, dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, odontológicos, productos naturales homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico, y otros que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva”
Surany Arboleda, representante de otro grupo de afectadas en Medellín dijo en una entrevista radial que va a demandar al Invima, a la Superintendencia de Salud y al Ministerio de la Protección Social, responsables del registro sanitario del producto, otorgado en dos ocasiones por periodos de 10 años, en 1999 y en 2009.
Ni comprueban ni descartan relación con cáncer
Las consecuencias en la salud de los implantes PIP son la principal preocupación de las personas operadas con PIP. Aunque en Francia los síntomas presentados en 8 mujeres que portaban estos implantes fueron otra de las razones para la prohibición, y varias de las afectadas en los países a donde llegaron los implantes han manifestado haber desarrollado cáncer, no hay manera de probar esto pero tampoco la total ausencia de relación entre el cáncer de mama y la rotura de los implantes PIP u otros implantes mamarios, porque nadie asume los costos de este tipo de investigaciones.
Lo que sí ha sido evidente para las mujeres que ya han recurrido a retirarse los implantes es la aparición de hongos, siliconomas (tumores de silicona) y necrosis (muerte localizada) de tejidos en el pecho.
Las autoridades sanitarias y la Sociedad de Cirujanos Plásticos le han dicho a las personas afectadas que sólo es necesario retirar las prótesis si están rotas, aunque ha sido evidente a lo largo de todo el debate que estos implantes están fabricados en un material que presentan riesgos para la salud humana.”¿Para qué esperar que estén rotas si se puede prevenir un daño mayor a las mujeres?” señala Gladys.
Respuestas a medias
A raíz de las exigencias de las afectadas y de la magnitud del problema a nivel internacional, el Ministerio de la Protección Social, a través del Viceministerio de Salud, anunció que asumiría el costo del retiro de los implantes en 24 hospitales públicos a nivel nacional, donde se realizará el procedimiento con cargo al FOSYGA. Para las afectadas esto es sólo una parte del problema, ya que el retiro implica la exploración total para remover o descartar la existencia de residuos de silicona en los tejidos y la implantación de nuevas prótesis.
Si el Estado o las clínicas privadas de cirugías plásticas no asumen el costo de nuevas prótesis, y las mujeres no tienen recursos, eso sólo significa una cosa: una mutilación permanente, como lo reconoce el cirujano Juan Santamaría director de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, SCCP. “Es muy importante y creo que los hospitales implementarán algunos programas de bajo costo para que los pacientes puedan acceder a una reimplantación en forma inmediata, ya que desafortunadamente al retirar el implante la mama pierde su forma y queda estéticamente muy afectada”. Aún así, tampoco la SCCP asume los costos de nuevos implantes y se limita a ofrecer descuentos con los cuales el reimplante queda costando entre 3 y 5 millones de pesos.
La cirugía estética es un negocio multimillonario del que se lucran fabricantes de implantes y otros productos de belleza asociados, importadores, cirujanos. Según la revista Dinero, en el año 2007, cuando se realizaron unas 230.000 cirugías plásticas, era un negocio que llegaba a los 300 millones de dólares.
Recuadro 1
Debate moral, discriminación jurídica
Mientras que para las afectadas las respuestas estatales son insuficientes, en los sitios de internet con informes y notas de prensa sobre el tema, abundan expresiones de rechazo a que el Estado asuma las consecuencias de una cirugía estética, algunos con marcados argumentos sexistas, machistas, moralistas y agresivos, dirigidos mayoritariamente contra las mujeres, y expresan las contradicciones de una cultura que estandariza la belleza femenina y a la vez condena la cirugía estética.
Para Gladys, estas son manifestaciones de falta de humanidad. “Lo que vivimos las mujeres afectadas sólo lo sabemos nosotras. Las personas no saben lo que significa una tragedia como esta hasta que no la viven”.
En América Latina, el auge de implantes mamarios, liposucciones y otras intervenciones estéticas también suele asociarse con el contexto que escritores como la colombiana Laura Restrepo y el mexicano José Manuel Valenzuela, han llamado la “narcocultura”, donde las mujeres son vistas como parte de los objetos de ostentación del modo de vida del narcotraficante o “traqueto”, para lo cual deben ser voluptuosas y deseables. “Sin tetas no hay paraíso” la novela colombiana del escritor Gustavo Bolívar, llevada a la Televisión en 2006, recoge esa parte de la realidad.
Sin embargo, para la abogada y feminista, Laura Rangel, estas visiones simplifican la magnitud del tema y “tienden a convertir a las mujeres en víctimas de la vanidad, la ambición o los estereotipos”, lo que, en cierta modo, acaba culpándolas por las tragedias asociadas a malas prácticas médicas o a insumos de mala calidad como es el caso de estos implantes. “Cuestionar moralmente sus motivos personales las discrimina jurídicamente”.
Recuadro 2
El precio de la irresponsabilidad
Margarita se operó en junio de 2005, porque su esposo la convenció. Entonces, ella no estaba muy segura de hacerse la cirugía pero accedió y quedó satisfecha con el resultado. En diciembre, cuando estalló el escándalo de los implantes, ella visitó a su cirujano plástico y comprobó que tenía sus prótesis eran PIP. El cirujano le dijo que el retiro no tenía ningún costo pero que el resto del procedimiento y unos nuevos implantes sí debía pagarlos y ella tomó la decisión convencida de que no tenía otra alternativa. Sin contar con recursos de sobra, Margarita decidió adquirir una deuda para pagar la cirugía que le costó $3’800.000, que incluyen los gastos de la sala de cirugía, anestesiología y nuevos implantes. Los días previos a la cirugía fueron de mucho nerviosismo y expectativa. Sobre todo antes de conocer la resonancia y comprobar que no había roturas en el implante ni evidencias de cáncer. Hoy se recupera satisfactoriamente y por eso se siente más afortunada que muchas mujeres que no cuentan con la posibilidad de hacerse la cirugía, aunque haya tenido que endeudarse para salir de la zozobra. Las mujeres de la Corporación H2O señalan que en casos como el suyo también reclamarán al Estado para que le reintegre, a quienes ya los pagaron, los gastos de la nueva cirugía y de los nuevos implantes.
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