Las víctimas del despojo tendrán que demostrar que lo fueron. Los procesos de recuperación no serán reconocidos. Los paramilitares siguen actuando en zonas donde se plantea restituir tierras. El gobierno se traza metas irreales e insuficientes. Líderes y lideresas de restitución, siguen bajo amenazas y alto riesgo de ser asesinados. Minería, agroindustrias y extractivismo se disputan los territorios campesinos. El gobierno deslegitima las marchas autónomas señalando infiltraciones. ¿A quién le sirve la restitución?
El pasado 6 de marzo, Día Internacional de las Víctimas de Crímenes de Estado, se realizó una movilización en varias ciudades del país para exigir garantías reales de restitución, en el contexto del debate nacional suscitado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448, que entró en vigencia el 1 de enero de 2012.
Previo a la movilización, el Movice envió una carta al Presidente de la República, presentando sus objeciones a la mencionada Ley entre las cuáles señalan la persistencia de grupos paramilitares en 31 de los 32 departamentos del país, el asesinato, desde 2005, de 66 líderes y lideresas de restitución de tierras, 40 por ciento de ellos, es decir, por lo menos 26, entre 2010 y 2011. Casi la mitad de estas víctimas se presentaron en la Costa Caribe.
La carta también señala aspectos en el articulado mismo que muestran una tendencia a favorecer a los grandes capitales más que a las personas despojadas. “La restitución, afirman, no está destinada a la reparación a las víctimas sino a la utilización intensiva del suelo”. Algunos ejemplos son:
– El despojado o despojada, aún con apoyo del Estado, debe probar que lo fue, invirtiendo en la práctica, la carga de la prueba. Si no lo hace “se entrega el proyecto productivo a la unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras para que lo explote a través de terceros”.
– Las organizaciones ocupantes de tierras, según la Ley, pierden sus derechos sobre predios que sean objetos de restitución, algo no previsto ni siquiera en las leyes ordinarias donde sí se permite la adjudicación a ocupantes.
En este sentido, no es claro el destino en el marco de esta Ley, de procesos de recuperación de territorios como Las Pavas o Curvaradó y Jiguamiandó donde las comunidades han desarrollado retornos autónomos y reconocidos de amplia legitimidad política, reconstrucción del tejido social y desarrollo de la economía campesina. Estos procesos también han sido respaldados a través de mecanismos como las medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de protección a sus líderes ante amenazas derivadas de su defensa del derecho a la tierra.
La impunidad que implica amparar bajo el principio de oportunidad a despojadores, y que ampara incluso otros delitos cometidos en el marco del desplazamiento forzado, y la inclusión de derechos sociales como medidas de reparación a las víctimas, son otras de las preocupaciones sobre la Ley, que plantea el Movice.
Por su parte, el senador del PDA, Jorge Enrique Robledo ha señalado serias inconsistencias en las cifras proyectadas de restitución. Según las proyecciones consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo, la meta es restituir 160 mil predios pero las metas anuales de 2012 y 2013, sumadas no rebasan los 11.000, con lo cual quedarían 149 mil para restituir en los últimos 7 meses de gobierno.
También critica la presentación de otras políticas, como la titulación de lotes baldíos, como si fuesen parte de la restitución. “Las 800 mil hectáreas de las que habla el gobierno para arriba y para abajo, hacen parte de otros programas”.
Por estas razones el 6 de marzo, cerca de 5 mil personas marcharon en todo el país para exigir verdadera voluntad política, y de paso, contrarrestar las marchas organizadas por el gobierno. desdeabajo recorrió la movilización en Bogotá y recogió algunas voces de la marcha que representan diferentes miradas y realidades en torno al componente de la restitución.
Entrevistas
Camilo Álvarez – Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad –Movice
“La ley está en el marco del mismo modelo de despojo, acaparamiento de tierras y gran megaminería. De fondo, busca mantener y consolidar un modelo despojador. No hay un cambio estructural que garantice derechos a campesinas y campesinos que retornan. Lo de Sabana de Torres es una muestra: Se entrega tierra sembrada en Palma, y a los campesinos se les entrega una renta mensual pero no pueden volver ni reconstruir su tejido social. Además existen denuncias de los llamados Ejércitos Anti Restitución en el César y Nariño y se han presentado amenazas a la comunidad en territorios como Las Brisas, en el municipio de Chivolo-Magdalena y, recientemente, en Bogotá. Esta misma marcha ha sido víctima de estigmatización desde el propio gobierno y de panfletos amenazantes contra sus promotores”.
Fredy Antonio Rodríguez –Asocol– Proceso campesino Hacienda Bellacruz
“Las empresas se van a quedar con los derechos y los campesinos con títulos en las manos. Vamos a seguir sin tierra, la ley le da prioridad a los agroindustriales. La Marcha del gobierno es una farsa sobre la ley. Lo cierto es que no hay garantías. Hacen un manifiesto que no es cierto. El campesino en Colombia está solo, abandonado y no va a poder recuperar su tierra. El campesino no tiene con qué poner un abogado. No tiene herramientas, medios económicos ni apoyo para la restitución”.
Jorge Enrique Robledo – Senador Polo Democrático Alternativo, PDA.
“Desde el comienzo es claro que hay sectores que se oponen a la restitución y lo hacen desde la violencia y esto hay que repudiarlo de la manera más enfática, pero hay un obstáculo mayor: no hay actitud de buena voluntad. El Gobierno está preparando el incumplimiento cuando dice en el PND que va a restituir 160 mil predios y luego el Ministro de Agricultura afirma que no hay meta de restitución. En todo caso, las cuentas de restituir 11 mil predios entre 2012 y 2013 no cuadran con ese total, pero el Presidente quiere ser aplaudirlo como el Presidente de los campesinos. Adicionalmente, a los campesinos no se les da tierra como dueños y señores sino como siervos de los monopolios como sucede con los trabajadores del tabaco de la Philip Morris, con los de la Palma Africana, y el Cacao. El que no “se asocie” se va del proyecto. El colmo es estigmatizar esta movilización como si fuera de actores armados ilegales. ¿Por qué, cuando hablamos de verdadera restitución. Juan Manuel Santos se pone bravo? Si los campesinos de Necoclí supieran de estas metas habrían marchado contra Santos, y los colombianos lo hubieran llevado a Sábados Felices”.
Arkabek – Comunidad Taoísta Internacional – Movice
“Nuestra comunidad ha sido desplazada de nuestros lugares sagrados, que llamamos Chakras. Los paramilitares han estado en constante hostigamiento. Nos unimos al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado porque infortunadamente hacemos parte de las víctimas de la injusticia que se vive en el país. El 24 de noviembre, el gobierno allanó uno de nuestros templos en Santander y por esos hechos tenemos una demanda contra el Estado. También hemos sido amenazados por las Águilas Negras y más de mil integrantes de nuestra comunidad están desaparecidos, muertos o exiliados. Vemos una manipulación por parte del gobierno con la Ley de Víctimas y Restitución porque no es posible esa restitución. Se cae de su peso que un campesino haya tenido que salir de su territorio de forma agresiva, que de repente aparezcan multinacionales de palma en estos lugares, y ahora esas tierras no le puedan ser devueltas”.
Blanca Nubia Díaz –Víctima integrante del Movice
“Mi hija era una niña de 15 años, una persona de muchos conocimientos, una visión política grande quería estudiar. Ella era indígena Wayúu, se fue a vender artesanías y la asesinaron cerca a Ríoacha, en un pozo que se llama La Cantera. Ella fue violada, enterrada y desaparecida. Según las investigaciones adelantadas, el autor intelectual de este hecho es el paramilitar Jorge 40. El caso sigue en la Impunidad. Para nosotros esa ley no es justa porque le dicen que le van a dar su territorio y muchos se han regresado y con esa misma tierra los tapan y entierran allá. Las mujeres tenemos obstáculos diferentes para acceder a la tierra, porque el hombre figura en los títulos pero las mujeres también trabajamos, en la casa y trabajamos la tierra”.
Franklin Castañeda – Vocero MOVICE
“El despojo en Colombia continúa. El paramilitarismo sigue desplazando gente y, por otra parte, hay una política clara del gobierno de despojo por vías legales. En Montes de María, por ejemplo, el territorio está en manos de Holdings empresariales de cultivos de Palma y de la cementera Cementera Argos. Miremos el caso del Quimbo donde se beneficia a una multinacional para el desarrollo de un proyecto por encima de intereses de pescadores, campesinos y del pueblo colombiano que se sirve de las aguas del río Magdalena. El mensaje que se está enviando es que en Colombia personas pudientes con recursos fortalecieron grupos armados ilegales que actuaron en complicidad con integrantes de la Fuerza Pública se apropiaron de tierras campesinas y llegó un gobierno que les ayudó a legalizar el despojo. Hoy entregan un empleo a una persona desplazada y quedan como los buenos. La Restitución debe respetar los usos y costumbres de la tierra. Consiste en volver a la situación anterior a los hechos de despojo. Se trata no sólo de la tenencia de la tierra sino la seguridad alimentaria del país. La palma, el petróleo y el oro no se comen.”
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