Juicio ético y político a los responsables de la crisis en salud

La crisis del Sistema General de Salud y Seguridad Social es inocultable. Para que así se reconociera, tuvieron que transcurrir 19 años de aplicación de la Ley 100/93*, de violaciones al ejercicio del derecho a la salud, de pérdida de la autonomía de los profesionales de la salud, de inestabilidad en el empleo de los trabajadores y funcionarios, de intermediación laboral, de malos salarios, de víctimas de los trámites excesivos para acceder a la atención en salud, de los paseos de la muerte; de la negación de medicamentos, procedimientos e insumos; de la inequidad entre los planes de beneficio, como la demora y negación de atenciones. Casi dos décadas de terror y violación del derecho a la salud, durante los cuales a la sociedad colombiana no le quedó más recurso que hacer uso de la tutela como mecanismo legal para acceder a la atención, lo que implica detrimento en las oportunidades y la continuidad de los tratamientos ordenados por el personal de salud. Mientras ello ocurría, se producía el enriquecimiento de las Empresas Promotoras de Salud, Pensiones y Riesgos (EPS-FP-ARP).

Para el movimiento social colombiano, la filosofía que iluminó la Ley 100 de 1993 conduciría a lo que finalmente pasó. Desde la década de los 90 llamó la atención sobre la necesidad de una transformación de fondo del sistema, en tanto el mismo –centrado en las relaciones de mercado mediadas por el lucro entre los agentes– no garantiza el derecho pleno a la salud, reclamo que ganó cuerpo en 2001 con la convocatoria al I Congreso Nacional por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social.

Las denuncias fueron desoídas por las autoridades nacionales, pero la crisis fue de tal dimensión que en 2007 la Procuraduría General de la Nación exigió garantizar la efectividad del derecho a la salud; lo mismo resolvió la Corte Constitucional con la sentencia T-760, que impartió más de 30 órdenes para garantizar la efectividad de este derecho. Pese a estas intervenciones, sólo en 2010 el gobierno colombiano estableció una declaratoria de emergencia social que, tergiversando las verdaderas causas de la crisis, planteó la existencia de un riesgo inminente de perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Constitución, sustentado en una grave crisis financiera del sistema de salud. Esta declaratoria tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, en los altos costos de la intermediación privada, así como en la corrupción relacionada con el manejo de los recursos de la salud.

Previo a este momento, y no obstante el desastre de la salud pública, no fue posible establecer una lógica de emergencia social para salvar los hospitales públicos; al contrario, fueron sometidos al cierre, la intermediación laboral y la privatización; y tampoco la hubo para superar las barreras de acceso al derecho.

La coyuntura y los retos al frente

A pesar de tales antecedentes, aún hoy el Gobierno pretende seguir legislando para mantener vigente, en esencia, la Ley 100/93, favoreciendo a los negociantes de la salud (EPS). Una reforma estructural de la salud, única opción para afrontar esta realidad a fondo, no es aceptada por los detentadores del poder, y el movimiento social aún no logra movilizar a la nación para imponer una reforma que genere políticas de Estado que en la nueva política de salud y seguridad social incluyan y garanticen los principios de universalidad, equidad y solidaridad.

Contrario a esta necesidad, la llamada Unidad Nacional, dirigida por el presidente Santos, ha propuesto, en cabeza de la senadora Piedad Zuccardi, el rescate financiero de las empresas promotoras de salud (EPS) mediante un fondo de recursos públicos para nacionalizar ‘temporalmente’ estas empresas, pagar sus deudas y, una vez saneadas, devolverlas a sus propietarios fortalecidos.

Se trata de un rescate similar al que se hizo con el sector financiero en 1999. Esta medida es injusta, inaceptable e indignante. Como lo han demostrado sectores académicos y sociales, los organismos de control y el Consejo de Estado, las empresas intermediarias se han apropiado de manera indebida y corrupta de los recursos públicos de la salud, a costa del dolor, el sufrimiento y la enfermedad de la población colombiana. No es posible seguir socializando las pérdidas y concentrando, privadamente, las ganancias.

Agenda de articulación y movilización social

Las negativas oficiales a un reclamo tan justo, y la dilación misma y la manipulación de lo ordenado por sus propios entes de control y justicia animaron la creación de una alianza por el derecho a la salud, y una campaña por la salud y la seguridad social. Este encuentro plural de vecinos de nuestro país está acompañado por la firma de 78.310 connacionales de los departamentos de Magdalena, Bolívar, Sucre, Cesar, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Antioquia.

En su difusión, la campaña evidenció, una vez más, el rechazo generalizado que bulle en el país contra el actual Sistema General de Seguridad Social Integral, consagrado en la ley 100 del 23 de diciembre de 1993, y las reformas consignadas en las Leyes 1122 de enero de 2007 y 1438 de enero de 2011, mediante el voto libre e informado de la Octava Papeleta “Voz y Voto por Tus Derechos”.

La misma campaña, exige:

– Derogatoria de las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 2011.
– Ratificación del derecho humano fundamental a la salud y la seguridad social en la Constitución y la ley, acogiendo los múltiples llamados de la Corte Constitucional.
– Entrada en vigencia de un sistema de salud y seguridad social, público, sin intermediarios, universal, equitativo, igualitario e integral, administrado y financiado por el Estado y vigilado por el pueblo, constituyente primario.

Juicio ético y político a los responsables de la crisis en salud. La Campaña realizó acompañamiento y seguimiento a casos de violaciones del derecho a la salud, y busca un proceso sistemático y documentado para la judicialización del Estado y otros actores que sean responsables de la vulneración sistemática del derecho, con énfasis en los responsables de la intermediación, como espina vertebral de la vulneración del derecho.

Construcción social de un nuevo modelo de salud. El MNSS y la Coalición de Movimientos Sociales de Colombia (Comosoc), en alianza con otras organizaciones, avanza en la identificación y la validación de los puntos centrales de un nuevo modelo de salud. Hoy se cuenta con 12 ideas-fuerza consensuadas, debatidas y enriquecidas en diversos espacios. Sin asumir que esto esté terminado, el proceso permite avanzar en la idea de constituir una Alianza Nacional por un Nuevo Modelo de Salud y Seguridad Social, como espacio amplio de convergencia, de la cual forman parte organizaciones de todo el país, que pugnan por la derogatoria de la Ley 100 y la implantación de un nuevo sistema de salud y seguridad social, que le exigen al gobierno nacional suspender las medidas de rescate propuestas y proceder de inmediato a la apertura de un debate público con estos sectores y todos los que quieran sumarse a esta causa de la defensa de la salud como derecho fundamental.

A partir del recorrido realizado y las voces recogidas, le proponemos al gobierno nacional crear de inmediato una mesa de diálogo y concertación que permita avanzar hacia un verdadero cambio estructural del sistema de salud que elimine la intermediación financiera, rescate el carácter público de los recursos de la salud y recupere el papel del Estado en la garantía del derecho fundamental a la salud.

*La Ley 100 también entrega la vida y la salud de los trabajadores a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), entidades con ánimo de lucro destinadas a negar los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales como medio para aumentar sus ganancias.

En pensiones, el sistema general de seguridad social estimula la apropiación de la cotización del trabajador por los fondos privados de pensiones, que se lucran del gran volumen de dinero que recaudan pero no les garantizan al trabajador y su familia una pensión digna de vejez, invalidez o sobreviviente. Este modelo fue diseñado para acabar con el régimen solidario de prima media con prestación definida, administrado por el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, patrimonio de los trabajadores colombianos, que se encuentra en proceso de liquidación.

Recuadro

Historia de resistencia

En el plano Nacional, el proceso organizativo por la defensa de la salud como derecho tiene un largo recorrido en el cual las organizaciones sociales, de trabajadores, gremiales, étnicas, de mujeres, de campesinos, de estudiantes, entre otros, vienen siendo actores protagónicos. Sin embargo, es necesario reconocer que con el proceso de debate en torno a la organización del sistema de salud (1992-1993) se genera en el país un ambiente de movilización y organización que propendía por una mayor incidencia de la sociedad en las decisiones tomadas en este tema. Al final, la promulgación de la Ley 100 de 1993 expresó el triunfo de quienes promovían la privatización de la salud, en contravía de la garantía del derecho para el conjunto de la población.

Desde entonces hemos sido partícipes de un proceso social y político en el tema de salud con altibajos, en el que se destaca, en 2001, la preparación y el desarrollo del I Congreso Nacional del Movimiento Nacional por la Defensa de la Salud y la Seguridad Social; en 2005, el desarrollo del II Congreso y en 2009 la realización de un Tercer Congreso Nacional, que fortalezca la articulación con la Comosoc. Este proceso les ha permitido a sus impulsores la construcción de una plataforma política y técnica en relación con sus sueños en este campo.

Por, Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social. movimientonacionalporlasalud.blogspot.com