El proyecto de ley enviado el miércoles 8 de agosto al parlamento uruguayo por el presidente José Mujica establece en su único artículo que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.
La exposición de motivos del proyecto critica las políticas prohibicionistas porque han agravado los problemas y establece que los objetivos de la legalización consisten en que “los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos y con la sociedad toda”.
En base a diversos estudios de campo el gobierno sostiene que el consumo de marihuana tiene alta legitimidad social, pero además afirma que “esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor”. Entre éstas destaca la pasta base de cocaína, al alcohol, al tabaco y los psicofármacos.
El proyecto constata que los consumidores de marihuana, pese a tener un vínculo no problemático con la misma, “se exponen frecuentemente a los riesgos psicológicos, sociales y legales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga”. Este es el principal punto que se busca abordar.
Aunque es muy difícil que la propuesta sea aprobada, ya que no cuenta con adhesiones completas ni siquiera en el propio oficialismo, la propuesta del oficialismo tuvo la virtud de abrir un amplio debate social sobre las drogas, en el que los matices son la regla dominante, ya que el objetivo final es regular y controlar, para evitar que la marihuana siga siendo un paso en el camino hacia la pasta base, que sigue siendo el consumo considerado como más peligroso por el gobierno.
Una apuesta fuerte
Aunque Uruguay no será el primer país del mundo en legalizar el consumo de marihuana, el Estado uruguayo será el primero en producirla legalmente. Sin duda una apuesta fuerte que mueve el tablero y fuerza al sistema político a entrarle a un debate que hace tiempo nació y creció en la sociedad.
En las últimas décadas ha habido cambios legales importantes en muchos países. Holanda es de algún modo el punto de referencia obligado, ya que desde 1978 tomó el camino de la separación del mercado de marihuana del de heroína. “El resultado fue tan bueno que Holanda tuvo una incidencia mucho menor de la crisis de sida en los años 80”, explica Julio Calzada, quien dirige la Junta Nacional de Drogas, un organismo adjunto a la Presidencia. De profesión sociólogo, ex integrante de las juventudes del MLN-Tupamaros, Calzada forma parte de una nueva generación de funcionarios que participaron en la resistencia al régimen militar (1973-1985), se destacaron en movimientos sociales de nuevo tipo durante la transición y son portadores de modos no tradicionales de encarar los problemas sociales.
La propuesta consiste en separar los mercados de marihuana y de otras drogas al constatar que el consumidor de marihuana acude al vendedor ilegal y en no pocas ocasiones termina comprando heroína si no hay marihuana. El principal referente es Portugal donde fue despenalizado el consumo sin que se registraran efectos negativos. “En Uruguay el consumo nunca estuvo penalizado de modo que no vamos a poder hacer esa comparación, cosa que podrán hacer los argentinos cuando despenalicen el consumo de marihuana”, sigue Calzada. Un caso diferente es el de Australia que mantiene formas de regulación a través del autocultivo desde la década de 1980.
La diplomacia uruguaya está llevando su posición sobre las drogas a diversos foros mundiales. El embajador ante las Naciones Unidas, Milton Romani, quien estuvo al frente de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), destaca que se apoya en tres ejes: “La adecuada integración del sistema de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas; la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la OEA; y la apertura de un debate democrático amplio para rever la política de fiscalización a nivel internacional y regional que trascienda la regulación de los mercados a través de la ley penal”.
Riesgos geopolíticos
En la reciente Cumbre de Cartagena (14-15 de abril) se registró una inédita convergencia de críticas a la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos por parte de países que tienen gobiernos muy distintos como Colombia y Guatemala, por un lado, y Bolivia y Uruguay por otro. “La cumbre de Cartagena le dio un mandato a la OEA para hacer un profundo estudio de revisión de las políticas actuales sobre drogas en colaboración con el BID y la Organización Panamericana de la Salud”, explica Romani.
En su opinión, “una política de drogas que basa la regulación en la ley penal, ha demostrado que es insuficiente y ha generado daño” y recordó que el presidente Juan Manuel Santos dijo en esa oportunidad que “el problemas de las drogas es como un colchón de agua, pisas en un lado y se levanta en el otro”.
La propuesta elevada por el gobierno de convertir al Estado en productor y distribuidor de marihuana, no sólo ha sido criticada por la oposición sino que tiene aún un largo trayecto para ser reglamentada, con el objetivo expresado por Calzada de “garantizar que no se produzcan desvíos al mercado negro nacional o regional”. Una realidad geopolítica que impide que un solo país tome una medida de ese tipo sino que corra el riesgo de afectar a toda la región que, se espera, se encaminará en el mismo sentido en los próximos años
“El término legalización da lugar a interpretaciones diversas, como que podrá comprar marihuana en el almacén cosa que no se cierta”, argumenta Calzada. La regulación abarcará todo el circuito desde el financiamiento, la producción y la distribución hasta la venta, aunque ésta no quedaría en manos del Estado. Según la Quinta Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, difundida en mayo pasado, en Uruguay hay unos 75.000 consumidores habituales de marihuana, o sea personas que consumen entre 30 y 60 cigarrillos al mes (unos 30 gramos). Si se consideran los usuarios “experienciales”, la cifra trepa hasta los 130 mil.
Uno de los aspectos más polémicos es que se establecerá un registro de usuarios, lo que significa que los compradores deberán mostrar su cédula de identidad para acceder al producto. De este modo, cuando los usuarios vayan a comprar no correrán el riesgo de que les ofrezcan otra droga como sucede actualmente. La separación de ambos mercados es fruto de una larga experiencia avalada por estudios de campo.
“Todos los consumidores de pasta base han sido antes consumidores de marihuana”, asegura Calzada. El camino que lleva a la pasta comienza por el alcohol, al que se accede desde los 12 o 13 años, sigue por el cigarrillo, cuya edad de iniciación se sitúa en torno a los 15, y sigue por la marihuana que se empieza a consumir masivamente a los 17 años. Apenas una pequeña cantidad sigue el recorrido hasta la pasta base. “Cuando se interdicta un gran cargamento de marihuana el precio sube y ahí algunos se pasan a la pasta base”, dice Calzada para explicar cómo funcionaría el “cortafuegos” de la legalización.
Atención a los usuarios
La nueva política oficial sobre drogas, lanzada a mediados de junio, establece cinco mecanismos de atención a los usuarios de pasta base. Los Equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis Adictivas permitirán la internación del adicto de tres a siete días hasta que desaparezca el cuadro. Se instalarán cuatro equipos, dos de ellos en la capital.
En paralelo se crearán diversos “dispositivos de proximidad” como centros de escucha y derivación y consultorios móviles en base a la experiencia que se viene acumulando desde 2007 por varias ONGs centradas en el trabajo de calle y comunitario. En Montevideo funcionan en los barrios de desestructuración social y acompañan el proceso de desintoxicación.
A través de estos mecanismos se piensa llegar al 30 por ciento de los usuarios de pasta base, que serán atendidos en centros diurnos, en cárceles donde están privados de libertad y en diversos centros de internación.
Calzada sostiene que el consumo de pasta base se ha estabilizado y sufre una leve tendencia decreciente, mientras crece fuertemente el consumo de alcohol y levemente los consumos experienciales de marihuana y cocaína. El consumo más preocupante es el alcohol, al que sin embargo la sociedad otorga escasa importancia, pero cree que es la puerta de entrada a otros consumos problemáticos: “Hemos vivido cambios culturales muy importantes que se relacionan con el uso del tiempo libre, los horarios de apertura de los bares y el control familiar, que llevan a que las personas de 15 a 17 años sean las más expuestas y las más vulnerables cuando consumen sustancias psicoactivas. No podemos permanecer indiferentes cuando registramos que uno de cada tres jóvenes tiene episodios de intoxicación etílica aguda en los últimos 15 días, cuando en 2006 eran uno de cada cuatro”.
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