Tres sucesos de la semana del 6 al 12 de agosto, todos relacionados con el favor o el entorpecimiento de la unidad de los sectores sociales alternativos en Colombia, preocupan y llaman la atención.
El primero, de inmensas implicaciones para el presente y el futuro de lo que se denomina “campo popular”, tuvo como origen el Polo Democrático Alternativo (PDA). Su Comité Ejecutivo Nacional, en sesión del 9 de agosto, tomó la decisión de expulsar de esa organización política al Partido Comunista. El motivo que adujo: “la práctica de doble militancia”, la base argumentativa para semejante determinación, además de una lectura cuando menos polémica –si no leguleya– de los estatutos de la organización, “la Ley 1475 de 2011, reglamentaría de la actividad política en Colombia y la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional”.
Esta decisión deja libre el camino para la hegemonía dentro del empaque del PDA, para otros partidos. La decisión se toma en el marco de un enfrentamiento reinante dentro del PDA y los partidos que lo conforman, por el apoyo que brinda el PC a la organización de carácter político social Marcha Patriótica. Un primer choque por este apoyo tuvo sus roces durante la más reciente reunión del Foro de Sao Paulo (Caracas, 4-6 de julio), en la cual el PDA negó su aval para que la Marcha fuera aceptada como miembro pleno del Foro. Los ecos de tal negativa repercutieron en los debates de las organizaciones sociales y políticas del país, que exteriorizaron malestar por la conducción predominante en el PDA, alejada de las organizaciones de base, de origen territorial, e inclinada ante la agenda legislativa.
La decisión del PDA y su argumentación, apoyada de manera asombrosa e incomprensible en leyes oficiales y sentencias de la Corte Constitucional –sin reparar en un debate acerca de las prioridades de la política en la actual coyuntura, el método para profundizar la unidad social-popular y los retos para recuperar el dinamismo del propio partido–, no hacen más que refrendar que el PDA optó por una vía leguleya, exclusivamente parlamentaria. De discurso, de imagen permitida en los medios, que lo alejan crecientemente de las agendas sociales más sentidas por las mayorías nacionales.
El ambiente ya estaba tenso. Esta contradicción no dejó de notarse en el seminario ideológico que realizaron los polistas (27-29 de julio), cuando Carlos Gaviria aludió de manera polémica a la Marcha Patriótica, y en las discusiones de pasillo, donde ya se anunciaba –aunque en público se negara– la decisión que finalmente tomó el Comité Ejecutivo.
El segundo suceso tuvo como origen el Encuentro de la Unidad Popular, que sesionó en Bogotá entre el 11 y el 12 de agosto, y que, según sus organizadores, reunió no menos de 116 organizaciones y 300 delegados. Como es de suponer, el Encuentro con los propósitos de “unidad” cargó con el antecedente de la decisión ya mencionada del Comité Ejecutivo del PDA. Tal hecho tensionaba sus sesiones y redujo el propósito del evento mismo a decisiones de procedimiento, a coordinaciones para actos puntuales, minimizando los efectos positivos y el impacto que, como convicción de suma de voluntades y no de distancias del mismo, pudiera tener.
Llama la atención que dentro de las propias organizaciones convocantes del Encuentro, y de sus voceros, varias de ellas integran el PDA, así como algunos de sus voceros, que incluso son de su dirección nacional. La situación es incómoda para unas y otros, por supuesto, sin saber qué hacer ante una decisión que lanzó al carajo la palabra “unidad” con una reducción mayor del horizonte del PDA. Es una realidad amarga. Y lo es porque este tipo de encuentros ‘unitarios’ no se construyen desde una metodología en proceso, con claridad del reacomodo y la iniciativa que por largos años están en la acción contra las fuerzas sociales alternativas.
Aquella realidad es amarga porque no se consideran pasos mínimos pero sólidos que estimulen el abordaje, en el curso de varios meses, de los debates más acuciantes para una agenda teórica y práctica de carácter popular, con la cual dilucidar los interrogantes fundamentales para configurar una propuesta alternativa, social y política, además de construir una agenda de acciones comunes que permitan hacer pública, sustentada y atractiva, otra visión de país. Sin proceder de este modo, la ‘consigna’ o la tarea de “unidad” queda reducida a una palabra sin energía, sin sentimiento; a una rutina formal para mencionar la “unidad” que no rompe las fronteras que la ideología y las prácticas dispares de lo popular han sentado en el escenario político alternativo.
El tercer suceso acaeció el 8 de agosto en Medellín y tuvo como epicentro la reunión de personalidades, en su mayoría ex (magistrados, alcaldes, gobernadores, senadores), y algunos académicos e investigadores. Dada la pérdida de magnetismo político del PDA, sin constituir una alternativa coherente con las necesidades sociales, es una iniciativa que marca distancias con las necesidades oficiales y sus intentos por una plena cooptación de sectores académicos y de personalidades que tiene su pivote con Angelino Garzón. De acuerdo a la declaración que hizo circular el “colectivo de ciudadanos y ciudadanas demócratas”, que “piden la palabra”, “lo que necesita el país no es la reconciliación de personalismos sino la reconciliación de la política con las aspiraciones de la ciudadanía”.
En su pretensión política electoral, que aún no exteriorizan en su totalidad, aseguran que el “desafío es garantizar la inclusión e igualdad real y difundir los beneficios de la economía y de la sociedad del conocimiento a todos los colombianos y colombianas”.
Y “no se pueden aplazar más las soluciones al desarreglo institucional del Estado, permeado por el clientelismo y la corrupción. Para ello es indispensable elevar el nivel ético e intelectual de la política en todas las instituciones públicas, en primer lugar en el Congreso de la República”.
Por ello, y para ello, dicen: “Nos proponemos recorrer el país, incluir más voces y escuchar todos los ángulos. Consolidar una plataforma de diálogo y acción política ciudadana que persevere en traducir estos propósitos en acciones que influyan decisivamente en el rumbo de nuestra sociedad, nuestras instituciones y la política, a través de todos los caminos que contempla nuestra democracia”.
La declaración, que retoma expresiones como “indignados”, pretendiendo situarse en el ambiente de cambio del mundo actual, no deja de ser contradictoria, toda vez que reclama como objetivo principal de su acción “recuperar el sentido […] representativo de la política”, desconociendo con ello una de las demandas de los indignados y de los movimientos de nuevo espíritu que emergen por doquier: el gobierno directo, la autorepresentación, y, bajo este criterio, una crítica abierta o velada al pilar del Estado liberal, con su soporte en los tres poderes fundantes, parte sustancial de la crisis sistémica en curso.
A la vez, es llamativo que todos estos ex (magistrados, gobernadores, alcaldes, senadores) que tienen micrófono casi siempre que se lo proponen, que han tenido bajo su responsabilidad el destino de millones de personas, reclamen “pedir la palabra”. Para ser consecuentes con su aspiración, como mínimo tendrían que explicarle al país nacional para qué sirve el poder local y la participación en ministerios.
Una vez constituidos deberían aclarar hasta dónde es posible afectar el poder real desde esas instancias, en las cuales se termina actuando de manera cómplice con el poder real. Igualmente, hacer unas precisiones necesarias sobre el porqué, a pesar de la gestión de algunos de ellos en los destinos de las ciudades gobernadas, de los ministerios dirigidos y de los códigos que estuvieron bajo su vigilancia, sin embargo, tales instancias y enunciados quedaron intactos o no sufrieron cambios sustanciales. Por tanto, deben aportar en cómo proceder para romperle el pulso al poder real, al marco en que la gente, la que nunca tiene voz, pueda por fin no sólo llenar planillas de asistencia sino además tomar decisiones sustanciales sobre su presente y su futuro.
Con esta tríada de sucesos, es válido llamar la atención sobre el repetir de los personalismos y la marcada persistente de los aprendices de caudillos que estimulan las divisiones e impiden superar la atomización que por décadas ha caracterizado la acción política alternativa en Colombia. Un proceder así, además, no toma en cuenta la crisis que vive el capital en el nivel internacional, en las nuevas formas de lucha y de protesta que se abren campo en varios países, y en la posibilidad/y necesidad de coordinaciones para salir avante en la coyuntura que ahoga al poder tradicional.
Como decían nuestros antepasados, “el palo no está para cucharas”, y la mezquindad debe darles paso a la imaginación, a la renovación, a la política incluyente, a los grandes atrevimientos, y dejar a un lado el vanguardismo, que tiene olor a naftalina, que perjudica y desmotiva la irrupción con fuerza de nuevos luchas. No se puede proceder de otra manera: Los intereses de las pequeñas cúpulas no tienen por qué entorpecer la acción social y popular. El 99 por ciento de quienes abocan este compromiso no debe depender de un simple uno por ciento, ni siquiera si se dice su hermano. Por tal motivo, la base del Polo debe demostrar que el movimiento es de ellos y no de quienes se autodesignan como sus tutores.
Estos son los sucesos y los retos. Por tanto, con los hechos vistos, y con las agendas en curso, es un deber preguntar: ¿Es posible la unidad desde una agenda electoral? ¿Es factible desde una coordinación en el límite para concretar acciones de protesta que no van de menos a más? ¿Para qué el gobierno local si con su ejercicio y su responsabilidad ni se intenta ni se quiebra el modelo vigente, pero tampoco se abren unas compuertas hacia la movilización y el liderazgo social ni se aplica la máxima de “mandar obedeciendo”?
Luego de la experiencia que arroja en estos años de vida el PDA, de sus éxitos electorales, de sus errores, del cuestionamiento por parte de amplios núcleos al pragmatismo que antepone conveniencias de voto a identidades de sociedad deseada; que permite en su seno el cabalgar del clientelismo y la corrupción, y luego de estos años en cuyo tiempo se profundizó el divorcio entre el “arriba” y el “abajo”, es necesario reclamar un sentido debate que identifique los aspectos sustanciales de programa que hagan factible una unidad real. Urge abordar que en la izquierda no predomine el criterio o la máxima de obtener hegemonías particulares, ideológicas, y de partido y grupo, ¡antes que lograr la conquista de gobierno y de poder!
Para abordar ese camino, ponemos un énfasis: la primera pregunta por afrontar en el debate es: ¿Para qué la política? O el método para hacer posible la construcción de una nueva sociedad. En dilucidarla, según las muchas experiencias –inclusive las revoluciones triunfantes–, descansa en gran medida el escenario real para asumir de manera colectiva y unitaria la lucha política con un nuevo contenido. Con un quehacer político y de dirección que no devenga en la utilización del poder que, está comprobado, en años o décadas resulta circunstancial, sin perdurabilidad cultural. En fin, abocamos por una práctica que no caiga en los caminos trillados que robustecen la naturaleza por la desigualdad de la institucionalidad existente, y que bajo las cortinas y afanes de poder y de lucro no potencie e imponga liderazgos ajenos a las mayorías.
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