Continuidad versus cambio, así es la lógica de toda jornada electoral. Continuidad, que para el caso de sociedades desiguales, donde las fuerzas del establecimiento son predominantes desde tiempo atrás, es la determinante para conservar privilegios por parte de la minoría, entre ellos el dominio de la burocracia, pero también la administración del presupuesto en una entidad territorial, de lo cual se desprenden ventajas múltiples. Es parte de lo que entra en juego en las próximas elecciones territoriales.
La continuidad también permite prolongar o ahondar un modelo de ciudad en el cual están implícitas algunas determinantes, como vivienda, hábitat, servicios públicos, producción, industria, empleo, transporte, impuestos, exoneraciones, participación pero asimismo control social, ciencia, educación, tecnología, etcétera. Para el caso de los municipios con extensas zonas rurales, entra en juego una temática de valor sustancial: la relación campo-ciudad, y con ella una visión con particularidades sobre medio ambiente y economía.
Por su parte, el cambio procura, en especial en sociedades como las nuestra –con características como las ya anotadas–, abrirles espacio al pluralismo y al derecho a disentir, estimulando, a través de toda acción pública y del modelo educativo, actitudes críticas y reflexivas, de respeto al contrario, así como de reconocimiento de la diferencia, para que sea factible la inclusión social; igualmente, implementar un sistema tributario de verdad justo, que haga posible la redistribución de la renta, con el propósito de favorecer a los excluidos –para que dejen de serlo–; conservar el medio ambiente y abrir la participación social en los asuntos del gobierno, de manera que todo poblador de un territorio dado entienda y asuma que él es fundamental para la buena marcha de lo público. Respecto a los derechos fundamentales, procurar que ciertamente sean universales, para que el derecho a vida digna, más que consigna, sea una realidad. Además, desarrollar una política de pleno empleo, para lo cual la interacción administración-comunidad deberá ser permanente.
En fin, el cambio es para transformar y no para que, bajo consignas engañosas, se prometan acciones transformadoras, mientras todo sigue igual, y, para que así sea, lo determinante es la comunidad, que deberá constituirse mediante la común-unidad.
Estos son los ideales de la política en los cuales faltan muchos aspectos por incluir y resaltar, pero la esencia es una real participación del conjunto social con posibilidades de decidir, y en ello el árbol no puede impedir ver el bosque.
El bosque, en nuestro caso, son las fronteras reales que nos limitan, desconocen y oprimen, como las impuestas en nuestra sociedad por un poder excluyente y violento, para el cual la participación es una formalidad que no necesariamente abre espacio a la decisión efectiva de las mayorías sobre los asuntos de su vida diaria, como de los de mediano y largo plazo y que ponen en riesgo la vida del conjunto humano que habita un territorio específico.
Para el caso de Colombia, en muchos de sus más de mil municipios, esa realidad atraviesa condiciones complejas como el dominio y el control del territorio por parte de actores ilegales, como de legales que en la práctica no lo son tanto; como la imposición a la fuerza de formas de vida y de convivencia, la explotación de recursos naturales de diverso tipo, entre ellos oro y madera, pero también el asesinato de quienes tengan un pensamiento diferente de la ideología de los grupos económicos dominantes. Es ésta una realidad compleja y en la cual algunos elementos del poder local, regional y nacional se apropian en forma espuria del erario, garantizando con ello más poder y más exclusión.
Autoritarismo, guerra –abierta u oculta–, opresión, negación de derechos de todo tipo, dominio de minorías, ausencia de un proyecto de país de largo plazo que desate imaginación, creatividad y energías, son algunas de las dinámicas que en nuestro país desestimulan la participación política cotidiana o coyuntural –como en el caso de las elecciones–, potenciando y ahondando con ello la precaria democracia formal que se prolonga por décadas. Desestímulo para la participación formal que no puede persistir a la hora de encarar la necesaria construcción de un poder directo y colectivo que ponga en marcha otra forma de gobierno, otra economía, y otras formas de vida y de convivencia.
Se requiere bregar por una democracia otra, donde la participación con derecho al voto real, no limitado a la elección de un representante para cualquier nivel del gobierno, sea el reto de los partidos y movimientos que se consideran alternativos. Para que ello sea posible, hay que procurar la resolución de todas aquellas agendas pendientes en lo territorial.
Estamos, entonces, ante un reto real pero complejo, sin agenda ni espacio de solución efectiva el próximo 27 octubre, en el cual las fuerzas de la tradición y la continuidad proseguirán con su control y sus desafueros.
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