El Chocó, departamento con la mayor tasa de pobreza del país, vecino del mar Pacífico y de Panamá, recorrido por innumeables ríos y portador en sus entrañas de minerales “malditos”, está constituido desde hace algunos años en territorio en disputa. Sometido a la exclusión y al olvido por el poder central desde siempre, que sólo lo vio como fuente de recursos, grita ahora por la multiforme crisis que padece y destruye a quienes lo habitan: violencia, ambiental, alimentaria, de salud, educación.
El 13 de junio de 2014 Fabián Murry salió con su hermano mayor de cacería, tal como les enseñaron sus ancestros embera katios. Cerca del resguardo Tahamí del Alto Andágueda, en Bagadó (Chocó) al que pertenecen, pusieron manos y todos sus sentidos para tener éxito en la tarea. La quietud y el silencio en el ambiente no era mal síntoma. Hasta que una explosión, una mina antipersonal escondida entre el verde de su madre tierra, los tomó por sorpresa, ocasionándole a Fabián la pérdida de sus extremidades inferiores. Este no es el único territorio minado, como el resguardo al que pertenece este joven, una infinidad de otros lugares, donde habitan indígenas y población afrodescendiente, vive la zozobra del minado y de la guerra cotidiana, una confrontación que los cogió por sorpresa y de la cual la gran mayoría de ellos no hacen parte.
El Chocó, un territorio perteneciente a 400 mil afrodescendientes y 50 mil indígenas de las etnias Embera, Katío, Chamí, Wounan y Tule, cuenta desde hace algunos años con la enorme influencia de grupos guerrilleros como las Autodefensas Gaitanistas –conformadas por paramilitares pertenecientes a Los urabeños, Los rastrojos y Las águilas negras– que desde su creación adelantan operaciones contra el eln, dejando en sus enfrentamientos cerca de “3 mil indígenas Embera desplazados y (un número de) afrocolombianos aún no contabilizados”1.
Para contrarrestar este accionar, el pasado 9 de enero del 2014 el gobierno nacional creó la Fuerza de Tarea Titán, con la cual fortaleció su presencia armada en este departamento.
Sin embargo y hasta ahora, esta presencia estatall ha sido una simple ilusión, pues no logra controlar la actividad de los grupos armados, ni de narcotraficantes, ni mucho menos de mineros ilegales, otra problemática que afecta, de manera palpable, a quienes habitan desde siempre esta parte del territorio nacional.
El gobierno del oro
Además de la siembra de hoja de coca, la minería ilegal concentra una de las mayores actividades económicas lideradas por los grupos armados radicados ahora en el departamento. Según cifras de organizaciones étnicoterritoriales del Chocó, 600 entables informales de mediana minería explotan metales preciosos como el oro y el platino, con afectaciones medioambientales considerables como: contaminación de agua por uso de mercurio, pérdida de biodiversidad, desaparición de 16 especies de peces en el río Atrato y San Juan, y múltiples zonas degradadas sin recuperación2.
Por otro lado, de acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos siete ríos del Chocó: Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá y Quitó, están contaminados con mercurio y cianuro, amenazando la vida de todas las especies que habitan en su entorno.
Mientras tanto, la gran minería, la legal, no se queda atrás. Según datos de la Agencia Nacional Minera, existen tres proyectos de gran minería: Mandé Norte, Dojurá y Acandí. Estos proyectos, según cifras de la organización Tierra Digna, las mismas que “[…] afectan el 6 por ciento de los territorios colectivos de comunidades negras y el 16,5 solicitados; el 1 por ciento de resguardos titulados y 13.68 por ciento solicitados”.Los organismos ambientales como Codechocó y Minambiente brillan por su ausencia.
La práctica de la actividad minera a mediana y gran escala, y la guerra abierta por el control del territorio, dejan sus huellas por todo el Chocó. Estas realidades, junto con la contaminación generada por las intensas fumigaciones aéreas con glifosato para erradicar los cultivos de coca por parte de la Policía antinarcótico, propician la desaparición de actividades ancestrales como las que practicaba el pequeño Fabián: Caza, pesca y agricultura, con las cuales las familias obtenían el sustento económico.
El menor mal del Chocó es el conflicto armado
Por otro lado, una mirada superficial al panorama en salud, al desempleo, saneamiento básico y educación, permite deducir que el menor mal del departamento es el conflicto armado. La realidad no permite más dilaciones:
En salud, el hospital San Francisco de Asís, único centro de segundo nivel con que cuenta el departamento para atender sus cuatrocientos ochenta mil habitantes, cubre menos del 50 por ciento de la atención básica que demandan los niños y niñas que habitan la región. Mientras tanto, la mortalidad infantil y materna en el departamento es cinco veces superior al promedio nacionalii.
Como si fuera poco, el 80% de la población no tiene servicios de acueducto ni alcantarillado, lo que obliga al pueblo chocoano a consumir aguas no aptas para los seres humanos. Enfermedades gastrointestinales y similares, muchas de ellas con origen en le pobreza, son comunes por toda esta región, lo que potencia la cifra de muertes generalmente de niños y jóvenes.
Según cifras del Dane y del observatorio social “Foro Interétnico solidaridad Chocó”, el ingreso per cápita en este departamento (medidor que siempre es una burla con los más pobres) es de 500 dólares frente al promedio nacional que alcanza los 1.982. La sobrevivencia es una pela diaria contra las herecnias de la colonia. Por ejemplo, el empleo informal inunda las calles de Quibdó, actividades de subsistencia como el mototaxismo, las ventas ambulantes, los minuteros y el rebusque, proliferan en centros y plazas de la capital chocoana. Mientras esta realidad extiende sus nefastas consecuencias, la educación no puede mostrar nada mejor.
“El Chocó es a Colombia en las Pruebas Saber lo que Colombia es al mundo en las pruebas PISA”
Es lo que afirman sus organizaciones étnicoterritoriales cuando hablan de educación. A esta afirmación agregan lo dicho en el Informe Central de Crisis Humanitaria, según el cual: “La infraestructura escolar en las comunidades indígenas es pésima, carecen de instalaciones sanitarias, materiales didácticos, energías, ayuda audiovisual, laboratorios de física y química, escenarios deportivos, aulas múltiples, oficina de rectoría, entre otras”.
Por otro lado, la Universidad Tecnológica del Chocó única entidad de educación superior con la que cuenta el departamento, está caracterizada por tener las matrículas más caras del país. Solo 20 de cada 100 bachilleres logran ingresar a este centro de estudios. Medellín, Cali, y Pereira quedan como alternativa y primera escala de la juventud chocoana, sin opciones formativas en sus ciudades de origen. Mano de obra barata que termina marginada en estos centro urbanos.
No es casual que en el Chocó diversas organizaciones, relacionadas de una u otra manera con comunidades religiosas, griten un SOS en pro de salvaguar los derechos fundamentales de su población, intentando romper la ausencia histórica del Estado en todos los ámbitos. Su sueño es que historias como las de Fabián no vuelvan a repetirse, pero también que los miles de sus pobladores no continúen sufriendo las consecuencias de un modelo de desarrollo que desde siempre los excluye, utiliza, expolia y niega.
1 Tomado del video SOS Chocó https://www.youtube.com/watch?v=hyY3YX0QHdI&list=UUlaO_0biQV2upCff7yil_KA. Realizado por organizaciones étnicoterritoriales del departamento del Chocó,
2 Informe Central de Crisis Humanitaria. Organizaciones étnicoterritoriales del departamento del Chocó, representadas por el Foro Interéctnico Solidaridad Chocó, y las Diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina – Tadó
RECUADRO
El Chocó en cifras*
– El Chocó tiene un índice de 48,7% de pobreza extrema y un índice alrededor del 80% de necesidades básicas insatisfechas, frente a los índices del promedio nacional equivalentes al 32%.
– Según cifras del Dane y del Observatorio Social del “Foro Interétnico Solidaridad Chocó”, la tasa de analfabetismo es del 38.8% (promedio nacional 11.1%) y la cobertura educativa 77% (promedio nacional 86%).
– Según datos de la Uariv, las cifras de desplazamiento forzado en el Chocó registraban a 2013 un total de 279.839 afectados, es decir, el 61% de su población.
– La tasa de desempleo en el departamento es de las más altas del país, calculada en un 18%.
– La tasa de mortalidad infantil es de 110 x1000 habitantes (promedio nacional 28.2 x 1000 habitantes).
* Cifras tomadas del informe de Organizaciones étnicoterritoriales del departamento del Chocó, representadas por el Foro Interéctnico Solidaridad Chocó, y las Diócesis de Quibdó, Apartadó e Istmina – Tadó.
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