Los problemas actuales de la economía colombiana no son nuevos. Se venían gestando desde hace, por lo menos diez años. En estos momentos la salida más fácil es atribuirle todos los males a la caída de los precios del petróleo y de los minerales. Esta forma de argumentar exonera al gobierno de toda responsabilidad, y oculta los errores cometidos cuando en medio de la bonanza se permitió el debilitamiento del aparato productivo (agropecuario e industrial). Las dificultades actuales de la economía tienen dos explicaciones. Por un lado, se desaprovechó la bonanza. Y, por el otro, se están aplicando medidas, que agrupadas bajo el calificativo de “austeridad inteligente”, están acentuando las tendencias recesivas.
La bonanza no fue aprovechada
El Gobierno nunca reconoció que durante la bonanza, el país experimentó todos los síntomas de la llamada enfermedad holandesa: revaluación del peso, aumento de las importaciones, deterioro de la producción nacional, debilitamiento de la industria y del agro. En lugar de reconocer la enfermedad y tratar de sembrar la bonanza, durante aquellos años se transmitió la sensación de un falso optimismo. Apenas hace dos años, el ministro Cárdenas decía que la economía colombiana era la segunda en el mundo, después de la de China. Esta euforia no permitía ver que las regiones petroleras y mineras estaban viviendo los males propios de las economías de enclave, y que la riqueza de la explotación no se reflejaba en el mejoramiento de las condiciones de vida de los municipios vecinos. Los ejemplos son numerosos: Magdalena Medio, Guajira, Catatumbo, Córdoba, Arauca… Los excedentes originados en los recursos naturales no se transformaron en un desarrollo regional sostenible. Por el contrario, los daños ambientales se agudizaron sin que los pobladores hubieran experimentado cambios sustantivos en su nivel de vida.
Cuando hay riqueza y las divisas abundan, el camino más fácil es importar. Y por esta vía el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos aumentó. El desbalance (más importaciones que exportaciones) lleva más de 10 años, así que no es un fenómeno nuevo. En este periodo, las importaciones anuales de alimentos básicos pasaron de 1 millón a 12 millones de toneladas. Incluso, en el 2013 cuando el petróleo alcanzó su mayor valor, el balance de la cuenta corriente de la balanza de pagos era negativo.
Sin duda, la disminución del precio del petróleo tiene un gran impacto en las finanzas públicas. Tal y como se observa en la gráfica 1, en el 2013 el Gobierno Nacional Central tuvo ingresos provenientes del petróleo (impuesto a la renta de las empresas, regalías, etcétera) por un valor de $23,6 billones. En el 2016 se estima que apenas ingresarán $3,3 billones. El hueco fiscal es evidente.
La “austeridad inteligente” agrava la situación
La pérdida del dinamismo industrial y agropecuario no se soluciona con la “austeridad inteligente”, de la que habla el Ministro de Hacienda. Los tres componentes de esta política son: reducción del gasto público, aumento de la tasa de interés, disminución de los aranceles para algunos productos importados. Estas medidas buscan frenar la presión sobre la inflación, sin que el Banco considere las implicaciones negativas que ello puede tener sobre la producción y el empleo.
Reducción del gasto público
La figura 2 resume el presupuesto de gasto del Gobierno para el 2016. El mayor renglón, transferencias, es de $89,4 billones. Aquí se incluyen los recursos que la Nación le transfiere a los departamentos a través del Sistema General de Participaciones. Este monto corresponde a obligaciones constitucionales, así que no puede reducirse. Gracias a que estas transferencias no se pueden modificar, y no dependen de la decisión discrecional de la Nación, los gastos básicos en educación y salud han podido financiarse.
Frente a las transferencias, es necesario hacerse la pregunta por la eficiencia en la ejecución del gasto. En algunos departamentos y municipios los recursos públicos se administran de manera irresponsable y corrupta.
El segundo gasto en importancia es el servicio de la deuda ($47,7 billones), que se divide en amortizaciones ($25,4 billones) e intereses ($22,3). El servicio de la deuda es el 22 por ciento del gasto total. En las discusiones sobre las finanzas públicas no suele indagarse por la forma como el Gobierno toma las decisiones sobre el monto y la composición del crédito. El margen de maniobra es más amplio con la deuda interna que con la externa. Esta última se ha encarecido por la devaluación del peso, ya que el Gobierno se financia en pesos, pero tiene que pagar los compromisos crediticios en dólares. Y la deuda interna aumenta porque la emisión de TES se está realizando a tasas relativamente altas. A los tenedores de TES Colombia les paga un interés de 6,2 por ciento año, mientras que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos pagan 0,6 por ciento año. Esta diferencia tan marcada se refleja en un valor elevado de los intereses de la deuda interna. Además, debe tenerse en cuenta que los tenedores de TES son una minoría, y ellos reciben por la vía de intereses, una parte importante del presupuesto.
La deuda pública colombiana se ubica en el promedio de América Latina. En el 2014 el saldo de la deuda pública con respecto al PIB fue de 38,9 por ciento (figura 3). En el panorama internacional este porcentaje no es alto. En Estados Unidos la relación es de 105 por ciento del PIB, en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el porcentaje sube al 110 por ciento.
Esta comparación es relevante porque muestra que los países desarrollados no cumplen con la normatividad de ninguna regla fiscal.
La “austeridad inteligente” nunca ha considerado la reducción de los intereses de la deuda. Los recortes se harán en el gasto de inversión ($43,8 billones). De acuerdo con el Ministro de Hacienda, el recorte sería de $6 billones, decisión equivocada porque la inversión pública favorece la producción y el empleo. En coyunturas críticas no es conveniente reducir la inversión pública porque se agravan los males. De acuerdo con el último reporte del Dane, el desempleo comenzó a aumentar.
Aumento de las tasas de interés
Al terminar el año 2014, la tasa de intervención del Banco de la República era 4,5 por ciento año. Hoy es 6,25 por ciento. Esta tasa actúa como un piso de las demás tasas de interés. Cuando el Banco de la República la sube, los demás bancos tienden a aumentar los intereses que les cobran a los clientes en proporciones similares. Es claro que la mayor tasa de interés va en contra de la inversión y el empleo.
No es el momento para subir las tasas de interés porque se frena la actividad económica. Un empresario colombiano tiene que pagar unos intereses considerablemente más altos que un inversionistas norteamericano o europeo. En otras palabras, las mayores tasas de interés debilitan la productividad y la competitividad de las empresas nacionales.
Y retomando lo dicho atrás, si la tasa de interés de referencia aumenta, también suben los intereses de los TES y se encarece la deuda interna.
Reducción de aranceles
La peor decisión en contra de la producción nacional es la reducción de aranceles. La devaluación ha aumentado el precio de los alimentos importados, y con el fin de reducir la inflación el Gobierno está permitiendo que haya importaciones con aranceles muy bajos. Con toda razón han protestado varios gremios del sector agropecuario. Al fomentar las importaciones se obstaculiza la producción interna y, además, se continúa agudizando el déficit en cuenta corriente.
El afán por reducir la inflación agudiza la recesión
El Gobierno no reconoce que desaprovechó la bonanza. Y en la situación difícil por la que atraviesa la economía ha centrado todo el énfasis en el control de la inflación, y no en la recuperación de la producción y el empleo. En síntesis, o como conclusión de esta pequeña nota, podemos decir que las tres medidas constitutivas de la “austeridad inteligente” agudizan la recesión.
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