“Con ustedes o sin ustedes”

Durante 15 días, alrededor de 100 mil indígenas, campesinos y comunidades afrodescendientes coparon la atención nacional. Su movilización, con fuerte despliegue sobre la vía Santander de Quilichao-Popayán –además de cerramiento por varios días de otras carreteras importantes (Nariño), sumada a su activa presencia en no menos de otros 60 puntos del país–, no deja dudas: a pesar de ser Colombia un país de ciudades y mayoría urbana, quienes aún habitan el campo son actores de primera línea en la realidad actual y futura del país, y los temas de tierra, soberanía alimentaria, economía propia, sustitución de cultivos, autonomía, entre otros muchos, continúan sin resolverse. ¿Encontrarán resolución en el corto o mediano plazo?

Se trata de una movilización con motivos concretos (incumplimiento por parte del gobierno central de pliegos firmados en otras jornadas de lucha, los que en algunos casos llegan a sumar hasta 1.400 acuerdos irrespetados, como es la relación que ya acumula con los pueblos representados por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC) y nuevas reivindicaciones nacidas a la luz del giro de la coyuntura nacional. Además de otros incumplimientos consignados en los Planes Nacionales de Desarrollo, como los ocho billones de pesos comprometidos para los pueblos indígenas por la administración Santos.

Esta es la gasolina para el paro, la misma que avivó la chispa y la energía para que diversidad de pueblos indígenas, más allá de los nasas, salieran de sus tierras e hicieran sentir su voz y su inconformidad con una realidad que los margina y continúa manteniéndolos como ciudadanos de segunda clase en un país donde se presume que todos somos iguales. Combustible que al mismo tiempo llevó a la concentración y la deliberación permanentes de los representantes de cerca de 60 pueblos indígenas, reunidos en una especie de dirección ampliada de la Onic, antes y en medio de los días que duró esta jornada de movilización.

Ese potencial indígena, en los preparativos de esta jornada de lucha (reuniones de coordinación de la Cumbre Agraria), enmarcada como Minga Nacional, los llevó a decir que “el 30 de [mayo] salimos, con ustedes o sin ustedes…”, en medio de una admirable autosuficiencia que realza la primera y ya conocida lección de las luchas sociales: su potencial descansa en el poder territorial que logra consolidar.

Capacidad de movilización, reunida de alguna manera en el potencial creciente de la guardia indígena, la misma que también los lleva a exigir que la negociación con el gobierno nacional tome curso en territorio del Cauca y por ningún motivo en Bogotá. Y aquí una segunda lección de importancia: el contenido de las luchas no solamente es directo y/o material sino que también es simbólico, y aquí el poder –temporal– giró de la Plaza de Nariño y sus edificios de Ejecutivo y Congreso a territorio de pueblos que llevan siglos luchando por sus derechos. Es así como ministros, sus segundos a bordo y otros funcionarios dejaron la fría capital y con sus corotos de oficina tuvieron que atender en tierras del cálido Cauca, bien en La María, bien en Quinamayó, bien en Santander de Quilichao.

Negociación que, como se sabe, el Gobierno trató de romper desde las primeras de cambio con una fuerte arremetida de sus fuerzas blindadas de pie, como se pudiera denominar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), fuerza especial de la Policía formada para violentar, herir, atemorizar, copar, cubrir, desarticular, dejando sobre el terreno, en no pocas ocasiones como producto de su accionar, cuerpos inermes, inconscientes, sin vida. El asesinato el 2 de junio, sobre la vía panamericana, de los comuneros Marco Aurelio Díaz Ulcué y Gersaín Cerón Tombe así lo ratifica. Aquí la tercera lección de esta Minga: el Gobierno no renuncia a la utilización de todas las formas de lucha.

Pese a los asesinados, las comunidades no terminan intimidadas ni abandonan las autopistas. Ante tal determinación, la delegación gubernamental insiste por otros caminos tras igual propósito: atiza las contradicciones conocidas y existentes al interior de la Cumbre Agraria, tratando de que indígenas y campesinos (entre estos también los pueblos afro) tomen cada uno por su lado. Pero su pretendido no prosperó. La firma de un acuerdo en La María entre algunos ‘líderes’ indígenas y los ministros da testimonio del interés último del Ejecutivo: romper y desconocer (posponer, dilatar) a como dé lugar la unidad popular y los acuerdos firmados con diversidad de pueblos. Cuarta lección: el Gobierno tiene siempre dos rostros –e incluso más, si así es necesario–: el amable (“estamos dispuestos a negociar”, “respetamos a las comunidades”…) y el falaz (que es su rostro real, el represivo, el violento, el que rompe a todo aquel que amenace sus intereses).

Por su parte, el pliego que retomó las distintas demandas por exigir y negociar en esta Minga, la ausencia de un eje transversal de las mismas y la manera como los indígenas impusieron sus intereses, e incluso la tensión misma que viven los pueblos raizales (en particular entre Acin-Cric; Onic-Cric; Acin-Onic), indican que la Cumbre Agraria, más que la expresión de la unidad social-popular (agraria), es una plataforma que reúne diversidad de intereses, algunos de ellos contradictorios. Por ello, la posibilidad de encarar la lucha radical y directa por la tierra desde acá no es posible; de ahí que lo que concita a la movilización a cada uno de los integrantes de la Cumbre Agraria son las reivindicaciones particulares del sector que representan. Quinta lección: luchas estratégicas, como el derecho a la tierra, están quebradas por los intereses particulares de distintos sectores sociales; el interés de algunos de éstos por acceder a fuertes sumas de dinero, dependientes del Estado, determina y quiebra el futuro de la lucha histórica por la tierra y la soberanía alimentaria, amarrando, además, la autonomía popular que queda en veremos.

Es ésta una realidad compleja que es imperioso reseñar. Así como no podemos dejar de lado que entre las contradicciones vividas en este proceso social se destaca la decisión de Marcha Patriótica de no movilizar su fuerza y su influencia social, presentando para ello un argumento central: no hay condiciones para esta movilización, tras lo cual descansa un interés real, consistente en la prioridad que le da a la refrendación de los acuerdos de La Habana. Decisión que, tras varios días de lucha directa de miles y miles, lleva a virar parcialmente en su determinación inicial, ocupando una parte de la vía panamericana (a la altura de El Túnel). ¿Qué intereses pueden llevar a una organización que se reivindica social, popular y alternativa a actuar de esta manera? En la izquierda es histórica y constante la pretensión hegemónica de cada una de sus tendencias, y todo parece indicar que ese es el trasfondo de una determinación paralizante y destructiva, decisión que sin duda parte de un cálculo errado: considerar que el resto de las organizaciones sociales no tiene potencial para paralizar una parte del país, que no tiene con qué sitiar al Gobierno. Pero las evidencias demostraron lo contrario. Así, una actitud prepotente (vanguardista), alimentada por los acuerdos en curso en La Habana, permite recordarle a la fuerza que parece más animosa que las demás que la lucha social en Colombia, y el liderazgo que ella requiere para en verdad emplazar al establecimiento, debe contar con el aporte de todos. Ninguna fuerza por separado, por grande que sea, cuenta con el potencial ni la legitimidad para quebrar el establecimiento. Esta es la sexta lección.

Y detrás queda la séptima lección, aunque no última, pues otros aprendizajes también están por considerarse, como la debilidad mostrada en esta coyuntura por el factor urbano-barrial, el proceder del actor sindical, el comportamiento de los partidos de izquierda (en cualquiera de sus matices y colores). Firmados los acuerdos que dieron pie a levantar los bloqueos (tómese en cuenta que la fuerza del levantamiento rural obligó al Gobierno a firmar acuerdos sin que los bloqueos estuvieran levantados en su totalidad, urgido tal vez por la evidente escasez de gasolina y algunos alimentos en el sur del país), la pregunta es: ¿ahora sí cumplirá el Gobierno con la palabra y la firma empeñadas? La economía indica que no; los intereses políticos que tal vez. Por tanto, es la fuerza social lo que determinará en última instancia a qué sectores (cultura, salud, educación, etcétera) le recortan para cumplir con lo firmado ahora en el Cauca. ¿Logrará la Cumbre Agraria superar sus contradicciones internas y potenciar sus fuerzas en forma continua para obligar a su contraparte a cumplir? La séptima lección queda abierta.