Desde el pasado 30 de mayo, más de 118.000 integrantes de comunidades campesinas, afros, indígenas, más ambientalistas y estudiantes, entre otros sectores populares, salieron a las calles y carreteras. Con consigna a lo largo de 23 departamentos y 61 municipios del país. Exigiendo al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el año 2014.
Las luchas agrarias recientes, desde el paro agrario de 2013, cobraron relevancia por hablarle al país de la aguda crisis que atraviesa el campo. Por su histórica e injusta concentración de la tierra, como por efecto de la apertura económica de 1990 (ver recuadro).
Exigencias y movilización
La hora cero para la más reciente de estas luchas, la Minga Nacional, Campesina, Étnica y Popular, (nombre de la movilización impulsada por Cumbre Agraria), fue el 30 de mayo. Ese día, las organizaciones de la Cumbre Agraria empezaron a bloquear vías como la Panamericana, en el Cauca; y la Ruta del Sol, a la altura del Cesar. Otros copamientos de territorio llegaron con el paso de los días (ver mapa).
La disputa también era protocolaria: un día después, el 31 de mayo, la Minga envió al presidente Juan Manuel Santos una carta. Un reclamo por el incumplimiento de los acuerdos firmados años atrás, la puesta en marcha de una ruta que avance en la negociación de los puntos del pliego de Cumbre Agraria, priorizados en la anterior movilización, que están estancados. Incumplidos por falta de compromiso gubernamental, y la lentitud del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la aprobación de los proyectos productivos para las comunidades, que son producto de innumerables argumentos técnicos y jurídicos. Asimismo, de los proyectos de infraestructura agropecuaria bajo la formulación del Pnud. También, reclamar ante la violación sistemática de los derechos humanos y la negativa de vincular activamente a estos sectores sociales a los diálogos de paz.
La carta al Presidente tiene adjunto el pliego de movilización, que fue acordado entre las organizaciones participantes de la Minga. Sus 7 puntos gruesos son:
1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial.
2. Sector Minero-energético, ruralidad y agua.
3. Economía propia.
4. Derechos humanos y paz.
5. Incumplimiento de acuerdos.
6. Comunicación y derecho a la información para la paz.
7. Relación Campo-Ciudad.
Cada uno de estos puntos contempla diversas exigencias, revelando la complejidad de la situación agraria y de la negociación con el Gobierno.
La dinámica de esta movilización fue intensa desde un primer momento. No dejó dudas sobre su vocación y potencial. Como siempre la represión oficial trató de menguarle cohesión y fuerza, y para el 2 de junio la protesta ya contaba con un saldo de varios muertos, decenas de heridos y de encarcelados. Sin embargo la violencia no pudo romperla. Entonces el 4 de junio sucede el primer acercamiento oficial con el gobierno nacional, una reunión llevada a cabo en la ciudad de Cali, donde estuvieron los ministros de Interior –Juan Fernando Cristo–, de Agricultura –Aurelio Iragorri–, de Posconflicto –Rafael Pardo–, los senadores Iván Cepeda, Luis Evelis Andrade, Alberto Castilla, y Dilian Francisca Toro –gobernadora del Valle del Cauca–; además de la ONU y la Defensoría del Pueblo.
Este primer contacto arrojó acuerdos en 1) garantías en Derechos Humanos y legitimidad de la protesta social, no más agresiones de la fuerza pública, 2) reactivación de la Comisión de Derechos Humanos, 3) propuestas para la instalación y metodología de negociación para el inicio de la Mesa Única de Negociación –6 de junio–.
No más que firmas y papeles al viento, pues más duró la reunión que el incumplimiento del Gobierno en materia de represión y derechos humanos. La reacción popular no tardó y los voceros de la Minga anunciaron: Si no cesa la arremetida violenta de las fuerzas gubernamentales, no se instalaba la Mesa. La presión por parte de ambos sectores creció las comunidades fortalecieron su presencia en las vías y el Gobierno arremetió con todo: el saldo de heridos y detenidos aumentó en todas las regiones, junto con intimidaciones de diverso orden. Un embate que no destruyó la decisión de lucha de quienes ocupaban vías y con dignidad levantaban voces de esperanza. Por los medios de comunicación el Gobierno con engaño insiste en su voluntad de diálogo. Hace lo contrario.
Pero no sólo “borra con el codo lo hecho por la mano”, también conspira para romper al movimiento social, es así como los ministros Juan Fernando Cristo y Aurelio Iragorri llegan el día 8 de junio a un acuerdo con el Consejo Regional Indígena del Cauca –Cric– para despejar la vía Panamericana. Estaban convencidos que procediendo así, que desconociendo a la Comisión negociadora de la Minga Agraria, rompían el movimiento, enfrentando indígenas y campesinos. Cálculo errado, pues la vía prosiguió bloqueada, lo que evidenció que la dirección y capacidad de mando descansaba en la Comisión negociadora. El supuesto acuerdo y su desconocimiento dejó al desnudo la contradicción existente entre el Cric y la Acin.
Con “el rabo entre las piernas”, el Gobierno insiste en lo de siempre: “si la vía Panamericana no queda despejada no iniciamos negociación”. No hay quien ceda; el diálogo queda congelado, sin embargo la acción de diversos mediadores logra lo más difícil: la Minga anunció el 8 de junio el gesto de abrir un carril de la Panamericana por espacio de 5 horas. Su efecto es inmediato, y los sucesos se suceden de manera rápida: el 9 de junio, desde el Consejo Comunitario de Quinamayó (Cauca) las partes anuncian el inicio de la Mesa Única de Negociación, por instalarse el 10 de junio a las 9 am en el municipio de Santander de Quilichao, y la vía que antes estaba desbloqueda por 5 horas ahora lo estará durante 36.
Las horas del día 10 corren de manera rauda, y tras intensas discusiones surge un acuerdo en materia de garantías; el Gobierno asume el compromiso de publicar un comunicado reconociendo la legítima protesta de la Minga Nacional, dará instrucciones a la Policía y al Ejercito para que no impidan las movilizaciones pacíficas, declara el funcionamiento de la subcomisión de derechos humanos de manera permanente –para darle solución a las detenciones y judicializaciones de manifestantes de las protestas de los años 2013, 2014 y 2016–, entre otros aspectos. El 11 y 12 de junio la negociación se torna de carácter sectorial (campesinos, indígenas y afrocolombianos) y temática:
1. Tierra, territorios colectivos, economía propia y cultivos de uso ilícito.
2. Paz, participación y derechos humanos.
3. Sector minero-energético, medio ambiente y agua.
En las horas de la tarde del 12 se realiza una asamblea de la Mesa Única y en plenaria se define la ruta para debatir posteriormente el bloque temático Relación campo-ciudad, se discute sobre los acuerdos incumplidos, los mecanismos de cumplimiento y la refrendación con el Presidente Juan Manuel Santos. Finalmente, la Minga llega a acuerdos con el gobierno nacional, consignados en diez actas1 y la movilización es levantada. Dentro de los acuerdos resalta, en materia minera, la apertura de una Comisión Nacional para el análisis de los títulos de explotación y exploración de mineras e hidrocarburos, así como la construcción de un mecanismo para la aplicación de las sentencias de la Corte Constitucional sobre la revocatoria de licencias.
Derechos humanos
La violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en los días de la Minga Nacional fue clara; asesinato de 3 comuneros indígenas (Gersaín Cerón Tombe, Marco Aurelio Díaz Ulcue, Willington Quibrecama Nequirucama), aprehensión de 172 personas, judicialización de 141, 211 heridos, labores de inteligencia ilegal. Amenazas de paramilitares a líderes de la Minga.
Ante la movilización a lo largo del país el Gobierno respondió con militarización, el bloqueo de la señal de comunicaciones para impedir las concentraciones y bloqueos de las comunidades, la estigmatización de la protesta a través del señalamiento de infiltración de grupos armados y de declarar a la Minga Nacional como un paro armado, como lo hizo el gobernador de Norte de Santander,William Villamizar Laguado.
Uno de los hechos de represión más fuertes, además de los que desencadenaron la muerte de los indígenas, fue la detención arbitraria el 3 de junio de 134 personas en el municipio de la Tona – Santander– señalándolas de terrorismo y porte ilegal de armas. Algunas personas fueron obligadas a desvestirse y tenderse en la carretera, despojándolos de sus pertenencias2.
De este grupo de personas quince eran menores de edad, entre 15 y 17 años, los cuales fueron golpeados por la Sijin, tienen contusiones en el cráneo y otras partes del cuerpo; un menor impactado en el pecho con un cartucho de gas lacrimógeno, y otro menor pateado en diversas partes del cuerpo. Ejercieron violencia sicológica al amenazarlos con “picarlos”, los despojaron de su ropa y encerraron en una casa para luego lanzarles gases lacrimógenos. Los acusaron constantemente de ser guerrilleros3.
Otro hecho detonante fue el ataque del Esmad en contra de los manifestantes de La Lizama (Barrancabarmeja, Santander) hecho sucedido el 11 de junio en horas de la tarde. Hicieron presencia allí la policía, el ejército y la Sijin, quienes estaban rodeando el campamento en donde se encontraba concentrada la movilización. La noticia de este acto de violencia y violación de los derechos fundamentales de los allí congregados llegó a la Mesa Única de Negociación, en la cual los sectores populares exigieron el retiro inmediato de los agresores o de lo contrario la negociación quedaba suspendida. La exigencia arrojó sus frutos y la agresión no prosiguió.
Algunas lecciones de la Minga
– La Minga Nacional ha reiterado que las comunidades ganaron porque el Ejecutivo las reconoció como actores fundamentales en el país, con fuerza para bloquear la economía, como sucedió en el suroccidente y el oriente colombiano, donde escaseó la comida y la gasolina.
– También valora que, aunque el país está ad portas de la firma de acuerdos de paz con las Farc, las comunidades dejaron claro al país que eso no significa el fin de la crisis agraria en Colombia, y que estas comunidades deben tener voz y decisión en los acuerdos de paz por firmar con las Farc y el Eln.
– La Minga Nacional también demostró las dificultades para una movilización con actores tan diversos y con problemáticas específicas en sus territorios: las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas tienen reivindicaciones puntuales para el reconocimiento de sus derechos, lo que obstaculiza la construcción de objetivos comunes. Este es el gran reto de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular en el futuro inmediato.
– Fue evidente la fuerza de la movilización indígena agrupada en la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic–, especialmente de la Acin, y de la capacidad de articular en la movilización a los Arhuacos, movilizados en el Cesar a pesar de no hacer parte de la Onic. Fuerza y capacidad indígena que llevó a que el Gobierno terminara desplazandose hacia territorios “rebeldes” para atender la negociación de esta lucha social. No es gratuito que las sesiones de discusión de la comisión negociadora de Cumbre Agraria, además de las dos negociaciones con el Gobierno, hayan tomado cuerpo en el suroccidente colombiano (el 4 en Cali y el 10, 11, 12 en Santander de Quilichao, Cauca). También quedó en evidencia la lucha interna Cric-Acin, la que llevó a algunos de los líderes del Cric a colocar en riesgo la unidad y la legitimidad de la movilización.
– Por otra parte, la Minga, como parte de sus disputas de liderazgo interno, exteriorizó sus disputas en temas como la sede de las negociaciones: para la instalación de la Mesa Única de Negociación se propuso el Consejo comunitario de Quinamayó, Santander de Quilichao, Cauca, otra propuesta fue dos submesas; una en La María, Piendamó –Cauca– y otra en la Ciudad de Cali, Valle. Finalmente, la Mesa terminó instalada el 10 de junio en la Alcaldía de Santander de Quilichao.
– Como característica de la disputa de liderazgo a su interior, y de los ritmos de la Cumbre Agraria, debe detallarse la marginación mediática que sufrió el Congreso de los Pueblos, pese a la dinámica movilización de sus fuerzas en varios departamentos del país.
Asimismo, aunque la Minga Nacional logró movilizar alrededor de 110.000 personas en el país, pudo haber movilizado más; fue evidente la reducida presencia de la Marcha Patriótica en esta jornada de lucha, lo que Impidió reconocer la verdadera capacidad de movilización que la Cumbre Agraria puede tener.
– Otro de los hechos notorios en el marco de la negociación fue la falta de apoyo para las propuestas de las comunidades por parte de académicos e investigadores, que de darse facilitaría su particularización en mecanismos concretos de implementación; hubiese sido importante y trascendental tener un paso adelante del Gobierno.
– La Minga evidenció una vez más que solo con cambios estructurales –de modelo político, económico y social–, las demandas más profundas que provienen desde el campo podrán ser resueltas, de una vez y por totas. Esta confirmación también recuerda que los acuerdos a que están llegando en La Habana tampoco resolverá este litigio histórico entre la oligarquía y todos aquellos sectores populares que habitan el campo.
Sin duda, nuevas jornadas de movilización agraria tomarán forma en el país en el futuro mediato.
1 http://comosoc.org/IMG/pdf/consolidado_actas_minga.pdf
2 Boletín de derechos humanos No. 6 de la Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
3 PNUD. 2011. Informe de Desarrollo Humano. Colombia Rural: Razones para la esperanza.
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