A finales de mayo fue copado por la fuerza el Bronx en la ciudad de Bogotá. La visión sesgada de la habitabilidad en calle de la administración distrital, el desconocimiento deliberado de normativas oficiales, continúa acrecentando un oprobioso atentado contra la humanidad, ante los ojos de una ciudadanía indiferente. Los efectos colaterales de la intervención no cesan, tampoco los cuestionamientos de quienes observan en la intervención los matices de una gigantesca operación inmobiliaria. El interés individual por encima de los derechos de los más pobres entre los pobres, de los desposeídos.
El sábado 28 de mayo la situación del Bronx cambió para siempre. Su “normalidad” fue alterada por la penetración de 2.500 miembros de la Policía y el Ejercito, quienes acompañados por un equipo interinstitucional de funcionarios de la Fiscalía, el Icbf, las Secretarías de Salud e Integración Social del Distrito, lo allanaron. Por la fuerza fue desalojado un número desconocido de “habitantes de calle”, comerciantes, residentes y microtraficantes de alucinógenos que desde hacía más de diez años controlaban el sector.
Según lo manifestado por el gobierno distrital, la intervención fue planeada de forma conjunta con las autoridades para ponerle fin al imperio criminal que sobre estas calles del centro ostentaban tres organizaciones (“ganchos”) delincuenciales: “Mosco”, “Manguera” y “Payaso”, tres organizaciones dedicadas al tráfico de alucinógenos, extorsiones, apuestas ilegales, asesinatos, entre otras actividades criminales. La misión consistía en tomar y borrar para siempre el sector, incautar armas, drogas, máquinas tragamonedas ilegales y rescatar a menores de este pequeño infierno. En palabras del Alcalde: “Este es un mensaje claro, mano dura contra los criminales. No es un operativo contra los habitantes de calle, es un operativo para proteger a los niños explotados”1.
Polémico operativo. Una mirada atenta al operativo llevado a cabo en el Bronx permite dilucidar serias irregularidades en el manejo de la situación, entre las que figuran: flagrantes violaciones a los derechos humanos, y al debido proceso en la expropiación y demolición de edificaciones, confiscación de bienes y mercancías; desconocimiento de leyes y decretos sobre el manejo de la condición de habitabilidad en calle, entre otros exabruptos que siguen generando efectos colaterales y críticas en diversos sectores de la sociedad, incluso entre muchos que avalaron inicialmente el proceder de administración distrital.
La opinión del exdirector del Idipron
El periódico desdeabajo entabló diálogo con José Miguel Sánchez, exdirector del Instituto Distrital Para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), una de las instituciones encargadas durante la Bogotá Humana de Gustavo Petro, de la gestión social en el espacio intervenido. El exfuncionario planteó serios cuestionamientos frente a la operación de desalojo, las vulneraciones cometidas contra los “habitantes de calle”, residentes y negociantes del sector, así como críticas al papel de la Iglesia y la sociedad frente a los hechos.
Devolver la política a su antiguo cauce
El decreto 560 del 21 de diciembre del 20152 promulgado por el Alcalde Mayor de Bogotá sentó un precedente en la ciudad y en el país. Constituyó la primera política pública municipal para el manejo del fenómeno de la habitabilidad en calle. De acuerdo a José Miguel Sánchez: “El tema de la habitabilidad en calle y de las personas que con adicción a las drogas, y por lo tanto profundamente perturbadas por ello, no eran manejados con un criterio de política pública, sino que eran manejados, en lo fundamental, como un problema policivo y, por tanto, el instrumento con el que se trabajaba era represivo. Su mejor expresión fue el desalojo violento del Cartucho, porque verbigracia, la aparición de sectores como la L, Cinco huecos y ahora el Bronx, no es más que el resultado del desplazamiento violento y violatorio de todos los derechos humanos concretado hace diez años”.
El decreto referido fue el resultado de consultas, de la concertación, de la preocupación de la Bogotá Humana por darle oportuno cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional para generar una atención positiva y contextualizada al distorsionado fenómeno de la habitabilidad en calle, aunado al problema de la adicción a los psicoactivos. Se intentó superar el énfasis policial mediante el tratamiento en clave de salud pública del fenómeno: “[…] tenía que ver con el tema de los Camad (Centros de Atención Médica a Personas Drogodependientes) que entre otras lo que expresaba era un manejo de la drogadicción y de la habitabilidad en calle como un problema de salud pública. Al hablar de ésta fuimos más allá del mismo criterio puesto por el gobierno nacional, de entender la adicción como una enfermedad, asumiéndola como un problema de salud en el que debe haber concurrencia”.
En pocas semanas todo cambió. Uno de los primeros movimientos de la administración liderada por Enrique Peñalosa consistió en desconocer el decreto 560, de acuerdo a José Miguel: “[…] ¿Qué es lo más sorprendente? Que inmediatamente ingresa la nueva administración, hace caso omiso de esa política, no la desarrolla. Es desconocida adrede […]”. Una prueba de ello consistió en el proceder de la administración Distrital para desmantelar el trabajo interinstitucional de los organismos distritales encargados de atender el fenómeno: el trípode Idipron, Secretaría de Integración Social y Secretaría de Gobierno.
“Por sus obras los conoceréis”
Para profundizar esta nueva orientación de la política pública dieron al trasto con programas del Idipron orientados al manejo de la habitabilidad en calle: 1. Acabaron con el programa “Jóvenes en Paz”, que atendía a diez mil de estos en condición de calle, pandillas y problemas con la Ley, otorgando estudio, trabajo y asignación salarial a jóvenes de alta vulnerabilidad; 2. Empezaron a dar un nuevo manejo a los albergues destinados a alojar de manera preventiva a menores, ahora también llevan a personas mayores a los mismos lugares, arriesgando a niños y adolescentes.
Resume José Miguel el proceder de la administración Distrital: “Se apunta el tema de una acción violenta contra los habitantes de calle, el desconocimiento de la política pública y adicionalmente el desmantelamiento presupuestal y personal técnicamente capacitado. Las personas que hoy están al frente demuestran una incapacidad en el manejo del tema, pero no por falta de voluntad sino por su desconocimiento […]”. Pero fueron más allá, reorientaron uno de los programas de intervención y mediación social insigne de la pasada administración, para ponerlo al servicio de la represión: “Los Gestores de Convivencia dejaron de serlo y fueron convertidos en instancias para- policivas en este conflicto del Bronx, utilizándolos para temas de inteligencia, no para temas de convivencia, no para atender el conflicto sino para ser parte del mismo. Eso es una perdida inmensa para la ciudad”. De acuerdo a nuestro entrevistado, algunos de los Gestores de Convivencia de la nueva administración participaron junto a la Fuerza Pública, particularmente el Esmad, en el entrenamiento previo a la intervención en el Bronx.
Sin ninguna planeación, y sin apego a la norma, la intervención del Bronx se redujo al uso de la fuerza bruta del Estado: “Planificaron un operativo militar, eso fue lo que pasó, no debería ser pero así pasó, no había absolutamente nada, no había donde albergarlos [a los desalojados], no había donde tenerlos”. Tampoco tuvieron en cuenta las determinaciones básicas de la ciencia médica sobre el manejo de las adicciones: “Como parte de política de salud mental es un crimen absoluto, no le puedes cortar el consumo de tajo a alguien que tiene adicción permanente porque le produces alta irritabilidad, delírium trémens. Entonces montaron todo un show mediático para hacer una operación inmobiliaria y hoy la ciudad está pagando las consecuencias de tal manipulación”.
Actuaciones ilegales, ilegitimas, pero al fin de cuentas afines al ethos de la administración distrital: “Esto es un acto vulgar y fascista. Hay pico y placa para los derechos humanos, hay selectividad, y estos son los más pobres de los pobres […]. Para mí esto que acaban de hacer en el Bronx está en absoluta consonancia (y por eso creo que quien ha estado al frente es el Secretario de Gobierno) con lo que manifestaron al respecto de que Rosa Celis se buscó lo que le hicieron, eso hay que contarlo […]. Es muy violento, muy fuerte, es una cosa muy bárbara”.
Impactos difuminados. Esta pésima intervención en un territorio, que pasó por alto todas las contingencias, ha derivado en enormes conflictos sociales entre quienes tenían allí un espacio, y los pobladores de barrios contiguos al centro y de toda la ciudad. También pusieron en peligro de muerte a decenas de desplazados del Bronx que, tras la intervención, hicieron su nueva residencia en el caño de la sexta, donde fueron arrastrados por fuertes corrientes de agua el pasado 18 de agosto3. Se habla de cuatro desaparecidos, pero aún no es preciso el número de víctimas. Sin embargo a nadie parece importarle, la ciudadanía guarda silencio, pocas palabras de la jerarquía eclesiástica católica y ninguna de los organismos de control con competencias directas sobre los acontecimientos.
A estos silencios se refirió José Miguel: “¿Qué hace hoy la Secretaria de Integración? ¿Dónde está la Secretaria de Integración hoy? ¿Se la llevó el río de la sexta? Habría que buscar al Secretario de Gobierno y a la Secretaria de Integración río abajo de la sexta a ver qué es lo que pasa […] Es una cosa bien interesante porque entonces el desalojo del Bronx produce cuatro desaparecidos del Estado: El Procurador, el Contralor, la Secretaria de Integración y el Secretario de Gobierno. Están desaparecidos en connivencia con los medios de comunicación y, fundamentalmente, esos medios de comunicación guiados por Cortés, el editor de El Tiempo4, él es el encargado”.
Y frente al silencio de la Iglesia católica, el más sonoro de todos: “¿Será que las iglesias católicas, la jerarquía de la Iglesia católica que convocó a las marchas homofóbicas contra la comunidad Lgbt va a ser capaz de convocar una marcha para reivindicar los derechos de los más pobres de los pobres, o la defensa de los derechos humanos de la Iglesia católica tiene restricciones de pico y placa? ¿Para unos sí y para otros no? […]. ¿Qué es lo que le pasa a esta sociedad? ¿Dónde está?”.
Un profundo desazón en el espíritu del exfuncionario distrital, un dolor que se entrevera en sus palabras hacía la sociedad colombiana: “La gente sí está indignada, creo que la gente está indignada, pero está inmovilizada. Está absolutamente inmovilizada. Pero lo que pone también de presente esta situación es que esta sociedad colombiana tiene una crisis de representación de lo que son los derechos de los seres humanos. Lo que expresa esta realidad es un profundo vacío ético, un menoscabo espiritual”.
La Ley puesta de ruana para favorecer capital inmobiliario
La intervención del Bronx se constituyó entonces en una operación insostenible, indefendible así parecen reconocerlo los medios de comunicación, que desde la visión del exdirector del Idipron: “[…] también están reconociendo que no había ninguna preparación técnica, científica, social, humana, de derechos humanos, de reconocimiento de los decretos”.
Las actuaciones enmarcadas en la normativa no aparecieron ni en las curvas: “Esto es violatorio del decreto 560 del 2015, decreto de obligatorio cumplimiento, una política pública firmada por el Alcalde. Es violatorio de la Ley 1641 del 20135, que establece los lineamientos de una política pública para habitantes de la calle […], es violatorio de la Ley 15666 que plantea el tratamiento al consumo de drogas para que sea tratada como una política pública”. Pero, ¿por qué pusieron todo su empeño en llevar a cabo esta acción ilegal?
Había que proceder de esta manera para favorecer a grandes constructoras de la ciudad, otra expresión de que el denominado Plan Centro está a la vuelta de la esquina. Esta es una forma más deshumanizada del proceso de expulsión de los habitantes tradicionales del Cartucho y de la Candelaria, y lo que puede sobrevenir con la Perseverancia y Egipto, precisa José Miguel: “Este hace parte de todo un tema que hay a nivel mundial de la recuperación de los centros. Lo que la Bogotá Humana proponía es recuperemos el centro pero para que puedan vivir todos, para que podamos vivir todos. Hoy es otra lógica, una lógica inmobiliaria monumental, por eso tan cubierto el alcalde Peñalosa por todos los medios”. Encuadran las piezas.
Además, precisa José Miguel, “[…] el cuarto elemento de lo que hay aquí es una vasta operación inmobiliaria contra los más pobres, para beneficiar a los más ricos […]. Ellos han calculado que el precio de estas seis cuadras cuesta 10.000 millones de pesos, de eso es lo que estamos hablando […]”.
¿Y las grandes mafias?
Una de las justificaciones recurrentes para la intervención del Bronx era que había que desestructurar las grandes mafias, pero esa no es una razón suficiente para José Miguel: “Allí no están las grandes mafias, hay un fenómeno de microtráfico que maneja altos volúmenes. Las grandes mafias están es a varias cuadras, en el Congreso […] hay señalamientos sobre el Bronx que nadie ha demostrado: ¿Las grandes mafias de este país son las maquinitas tragamonedas, la venta de bichas de bazuco? ¡No, esas no son las grandes mafias! Una gran mafia en este país es el cartel de los cuadernos que acaba de ser sancionada con 140.000 millones, esa es una gran mafia que le roba la posibilidad a los niños más pobres de que puedan estudiar. Otra es el cartel de los pañales, el cartel del cemento, es el cartel del azúcar […]. Esto es distinto”.
La habitabilidad en calle es la punta de un enorme Iceberg
Para el exdirector del Idipron el asunto de la habitabilidad en calle es un fenómeno de hondo calado: “¿Qué es lo que expresa el Bronx? ¿Qué es lo que expresa el habitante de la calle? Cuando es uno es un problema personal, pero cuando son diez mil, cuando son quince mil, cuando pueden ser 150 mil en el país, entonces lo que expresa es la crisis de un sistema. Es el capitalismo realmente existente el que provoca la habitabilidad de calle, lo cual refleja sin tapujos la injusticia que propicia este sistema. Ese es el tema macro”.
Prosigue argumentando su hipótesis: “Hay un fenómeno en el cambio del habitante [de calle] de hoy, hasta hace unos años quien iba a habitar la calle iba con una dependencia y alta excitabilidad por consumo de drogas, la gente se excitaba por las drogas e iba a dar a la calle, perdía el control. Hoy lo que pasa es que la gente no va a la calle por un consumo de drogas, eso hay que tenerlo claro, la mayoría de gente cae a la calle porque su proyecto de vida ha fracasado, es decir, la gente cae y llega a la calle porque no tiene donde vivir, porque ha sido expulsada de su casa, porque no tiene trabajo, porque no tiene que comer, porque no tiene ropa para ponerse, porque no puede alimentar a sus hijos […]”.
“El sistema los lleva a la calle y después quiere condenarlos por encontrar allí formas de sobrevivir”, enfatiza José Miguel al referirse al consumo de sustancias psicoactivas –como el pegante y el bazuco– que inhalan para contrarrestar los efectos de lo que considera una de las peores enfermedades: el hambre. Y, para ahondar el oprobio, la violencia, la estigmatización, la exclusión y el desamparo, no son pocos los que piensan que hay que hacer un poco más difícil la vida de este segmento social, entre ellos el Alcalde: “El padre Nicoló me decía que no hay que permitir de ninguna manera esas repúblicas independientes del crimen, pero tampoco hay que hacerles la vida fácil en calle a los habitantes de calle. Por eso Integración Social les ha dicho a los ciudadanos de buen corazón que no les den comida, no les den apoyo, porque nosotros tenemos la infraestructura para hacerlo. Estamos invirtiendo $162.000 millones para atenderlos”7. Incluso hay quienes piensan que estos ciudadanos sin rostro deben “desaparecer”.
Pero nadie habla, por supuesto, de cuáles son las medidas necesarias y por implementar para suprimir las causas, los factores que continúan alimentando este fenómeno tan poco merecedor de un ¿por qué? “El Gramsci que es el grande nuestro decía que cuando el amanecer viene, la noche se hace más oscura […] El mismo Gramsci decía que las crisis son ese momento en lo cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, entonces pasan todo este tipo de cosas y se nota todavía mucho más […]”, culmina esperanzado José Miguel.
1 http://www.eltiempo.com/bogota/operativo-sorpresa-en-el-bronx/16605518
2 “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital para el Fenómeno de Habitabilidad en Calle y se derogan los Decretos Distritales No. 136 de 2005 y 170 de 2007”.
3 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/habitantes-de-calle-arrastrados-corriente-de-agua-cano-articulo-649714
4 Ernesto Cortés Fierro. Editor Jefe del periódico “El tiempo”. @ernestocortes28
5 “Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la Política Pública Social para habitantes de calle y se dictan otras disposiciones”.
6 “Por la cual se dictan normas para garantizar la atención integral a personas que consumen sustancias psicoactivas y se crea el premio nacional “entidad comprometida con la prevención del consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas”.
7 http://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-hay-hacerle-vida-facil-calle-los-habitantes-de-calle-articulo-651912
Recuadro
Una crisis social y urbana propiciada por el poder
Mesa del Centro
La responsabilidad de todo lo que sucede en el Bronx, San Bernardo y La Estanzuela es de las administraciones Distrital y Nacional. Los nombres propios son hoy sus responsables políticos, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Santos, pero esto viene de muy atrás.
Hace 44 días fueron las últimas publicitadas intervenciones, pero esto viene acelerándose hace ya 10 meses y 15 años cuando el mismo Peñalosa intervino el Cartucho y lo convirtió en seis cartuchos según la misma Policía Nacional. Los adictos/enfermos se han regado “por todas partes” del centro y de Bogotá, pero muy particularmente hay un extendido nuevo Bronx en San Bernardo, en la calle 3ª con carrera 11ª, y sus alrededores, donde varios ilegales expendios de drogas permanecen “de frente” distribuyendo los psicoactivos bajo la mirada complaciente de la Policía Metropolitana.
El Parque del Barrio San Bernardo, al frente de la Parroquia de Los Dolores, ha sido convertido en estadero diario hasta las 6 de la madrugada. Y todo el Barrio es un “paseo” de la calle 3a hasta la Avenida 1ª La Hortúa, dormitorio, orinal y demás, de centenares de víctimas, entre las drogas químicas al contado y las “drogas ideológicas” de las numerosas iglesias que les ofrecen la salvación.
A tiros y amenazas, a cualquier hora del día o de la noche, los “sayayines” de los distintos “ganchos” ofrecen la calidad de su mercancía y su intención de permanecer en este territorio. Y la Policía ahí.
No hay mejor foto de a donde hemos sido conducidos como sociedad, y a donde nos hemos dejado conducir. Porque estos acumulados datan de no menos de tres décadas de complacencias oficiales.
La “abuela desalmada” de este drama es –en el fondo– el proceso perverso de descomponer físicamente áreas atractivas para la inversión inmobiliaria. Comprar barato hoy un metro2 de suelo para apropiarse en varios metros2 del aire que serán vendidos con incrementos de hasta el 1.000 por ciento.
Los adictos/enfermos hacen de punta de lanza del deterioro y de “expulsores” de los habitantes tradicionales. Todo lo demás es ganancia para quienes puedan pagar por vivir en el centro.
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