¿A favor de quién gobiernan en Colombia? Un suceso que acaeció el pasado 26 de enero, tal vez ponga un ejemplo, de para cuál interés nacional e internacional y cuál es la naturaleza, de las decisiones gubernamentales. En esta ocasión y de manera descarnada, contra un sector de ocupación noble y humana: más de 55 mil madres comunitarias. En esa fecha, el presidente Santos objetó el proyecto de ley que las vinculaba como trabajadoras formales del Estado –garantizándoles sus derechos a salud, pensión y riesgos profesionales– alegando razones de “inconstitucionalidad e inconveniencia” fiscal. Una negativa a formalizar su actividad laboral, un derecho apenas natural de cualquier trabajador/a.
El proyecto que hizo parte de las promesas de campaña del candidato Santos y que fue aprobado en el Congreso, retomaba y transformaba en ley de la República la Sentencia T-480 de 2016, por medio de la cual los jueces fallaron a favor de 106 madres comunitarias que demandaron la protección de varios de sus derechos, a saber: acceso a pensión y retroactivo salarial correspondiente a más de 15 años de trabajo al frente de Hogares Infantiles. Un quehacer diario supuestamente de manera independiente, pero en realidad, bajo la dirección y control patronal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
Con el proyecto de ley entonces, a punto de la firma presidencial, quedaría convertida en derechos la sentencia de los jueces. Además, cumplía con el mandato de la Organización Internacional del Trabajo, aprobado por el Estado colombiano, que impone luchar contra la informalidad laboral. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea.
Aunque la violación a los derechos de estas trabajadoras está a la vista, a la hora de remediar el daño, el Jefe de Estado alega el “alto costo fiscal” que esto implicaría. Es decir, para los representantes del poder tradicional, en nuestro país está primero garantizar la cifra del déficit fiscal acordado para este año, que cumplir con el mandato fundamental de la dignidad de la vida y de todas las personas. Nivel en el cual, el ingreso justo, así como el derecho a una pensión digna, es fundamental. Una reivindicación que la Regla Fiscal patea, dada la preeminencia y ventaja impuesta por el establecimiento y sus defensores de oficio.
En efecto, dado que la Regla es otra concesión al sistema financiero internacional, en cuanto al diseño de la política financiera y económica interna, tanto en su trámite como una vez aprobada la ley el 14 de junio de 2011, distintos analistas llamaron la atención sobre la inconveniencia de una norma como ésta, aduciendo un “perjuicio” para los sectores populares. Cabe señalar que dicha concesión hace parte de una larga cadena, que favorece a la banca internacional. Tal como en su momento fue la renuncia del Banco de La República a la emisión de papel moneda.
Una decisión normatizada en la Constitución del 91), que deja sometido al país, aún más, a los dictados de la banca de inversión (guardianes del neoliberalismo y de su cabal aplicación, como Goldman Sachs, y otros) y de sus prioridades. A su vez, dócil a los dictámenes de los organismos multilaterales (Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera), como son: que los estados prioricen en sus gastos, ante todo, el abono a la deuda pública, interna y externa, para lo cual tienen que controlar el déficit fiscal (no gastar más de la cantidad que el país recibe).
Para los voceros de esta banca, no importa el costo que la existencia de la Regla Fiscal implique para las mayorías que habitan el país. Claro, esto no sería inconveniente, si los recortes fueran por el lado que no es estrictamente necesario para la sobrevivencia humana: el gasto militar, por ejemplo. Pero sucede todo lo contrario. Este gasto crece año tras año, mientras el social disminuye. Y disminuye perjudicando a los más afectados por una política económica que en todo el tiempo favorece a los mismos (ricos) mientras perjudica a los mismos (empobrecidos). Así lo reafirman, en este caso, los voceros oficiales.
La directora del Icbf dijo que de aplicarse el fallo de la corte “[…] se podría quebrar el Bienestar Familiar”, además de que un fallo tan adverso pondría “[…] en riesgo los derechos de los niños que están por encima de cualquier otro derecho” (¡!). En otra declaración, la misma funcionaria, Cristina Plazas Michelsen, dejó caer esta perla: “Con el dinero que se utilizaría para convertir a las madres comunitarias en servidoras públicas, se podría atender a más de 400 mil niños” (¡!).
¿Qué es más vergonzoso, garantizar la primacía de una cifra –la Regla Fiscal– sobre las necesidades de millones de personas de carne y hueso, en este caso, de miles de mujeres que entregaron sus vidas a la atención de generaciones en sus Hogares de Bienestar Familiar, o ¿no es vergonzoso?, negar los derechos fundamentales de un sector de la sociedad para supuestamente garantizar los de otro –práctica que realiza el Estado en este caso, a través de una funcionaria con gran responsabilidad
No sobra preguntar, ¿quién atendería a esos 400 mil niños si no contratan con la dignidad requerida a las personas que tal labor demanda?, ¿permanecerán los funcionarios que están al frente de la cabeza del Estado, violando los derechos que dicen proteger sin preocuparse por remediar sus errores, que como en este caso son crasos? “Errores” que por demás realzan que a lo largo de dos siglos, esta es una norma en nuestro país: el presidencialismo, su preeminencia, la cual en este caso deja como institución de simple decorado a los jueces, cuyos fallos son negados en la práctica.
Presidencialismo que devela la formalidad del Congreso de la República, cuyos proyectos pueden ser vetados “en caso de inconveniencia”. En este particular, del capital, ya que sin la garantía de la proyección fiscal, vería en riesgo el pago de sus acreencias e intereses. Realidades y paradojas de nuestra sociedad.
Colombia, su sociedad, acostumbrada a que la golpeen y le nieguen sus derechos una y otra vez, tanto que hasta una ministra con postura de izquierda, a las riendas de uno de los ministerios menos trascendentes, no tiene el decoro de renunciar ante la evidente y descomunal violación de los derechos de miles de miles de mujeres por parte del Estado, en cabeza de su Jefe –el Presidente.
Mujeres proletarias. Pobres entre pobres, que por años recibieron una mesada inferior al salario mínimo. Durante años, sin vinculación a ningún sistema de seguridad social, que con sus magros ingresos y por mandato del Icbf tienen que garantizar total pulcritud (pintura, aseo permanente, goteras, humedades, etcétera) en los hogares –sus casas– donde en muchos casos atienden a los niños y niñas que reciben de sus vecinos para tal responsabilidad. Muchas de ellas, ahora en la vejez, ya no pueden desempeñar a cabalidad sus funciones, por tanto, tienen bien ganado el derecho a pensión.
La continuidad de la funcionaria a la cabeza del ministerio del Trabajo –en un gobierno neoliberal y antipopular–, desdice de la izquierda. De su ideario libertario, igualitario, de género, que dice estar al lado de todas las personas que padecen marginación y exclusión. Entre ellas, y de manera protuberante, miles de mujeres cabeza de hogar, miles de mujeres trabajadoras, de ellas más de 50 mil como madres comunitarias.
“No se puede servir a dios y al diablo al mismo tiempo”, dice el refrán, pero en este caso, parece que sí.
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