La posible citación en los próximos meses a quienes habitan Bogotá para que decidan sobre la continuidad o destitución de Enrique Peñalosa como alcalde, recuerda que en esta ciudad está en disputa la forma de habitarla, construirla y apropiarla. En este artículo un acercamiento a tal realidad a través de repasar algunos escenarios que resaltan la importancia de esta urbe para el país y las dinámicas que la agitan.
Su día a día. Lo sucedido en el Bronx, el incremento en las tarifas de Transmilenio, la persecución a los vendedores ambulantes, las intenciones sobre la reserva Van Der Hammen, el tema del metro, y la venta de la ETB, son parte de las cuestiones más relevantes que durante los últimos meses han marcado la pauta en los medios de comunicación, las calles, los cafés, los hogares y cada uno de los escenarios que constituyen la vida en la urbe capitalina.
Podríamos decir que todas estas controversias, más allá de su impacto mediático, expresan algo más profundo: una disputa sobre el modelo de ciudad, su rumbo y su que hacer, que asume nuevos elementos y matices, pero que vale la pena no dejar pasar por alto.
Dinámicas de Bogotá
Bogotá es una urbe que cada día se posiciona más en el concierto internacional como una ciudad cosmopolita vinculada a una economía global y unas dinámicas internacionales, muestra de ello es la presencia de fuertes capitales internacionales (financieros, inmobiliarios, entre otros), clúster de emprendimientos y negocios, aumento de la movilización de carga y pasajeros a nivel internacional, localización de hubs de servicios, aumento del turismo internacional y de la localización de multinacionales asociadas, venta de servicios de educación superior y de salud especializados, las TICs –en particular las telecomunicaciones–, entre otros negocios que ganan posicionamiento y prosperidad en la ciudad.
Junto a esta dinámica de posicionamiento del capital internacional se encuentra el fortalecimiento de los capitales nacionales, también presentes en ella, basados en la capacidad de consumo que presenta esta aglomeración urbana de más de 8.110.595 (SDP, 2017), a los que se suman cerca de 1.500.000 habitantes en los 19 municipios localizados en su entorno inmediato y con los cuales funcionalmente constituyen un área metropolitana.
En Bogotá se genera y concentra de más del 25 por ciento del PIB de Colombia. Un territorio con la población suficiente para poder encarar cualquier actividad productiva que aquí se localice, con la infraestructura y los recursos dispuestos para el desarrollo del capital en todas sus manifestaciones.
Esta dinámica, prioritariamente económica, se territorializa en la ciudad y se acomoda a los intereses del mercado, de ahí que esta urbe se encuentre en constante proceso de ajuste y construcción, ya que las nuevas demandas exigen nuevos escenarios en condiciones específicas; así el territorio se dispone en función de los intereses del mercado.
Sin embargo, este vertiginoso crecimiento no llega en sus beneficios a todos los que aquí habitan, ni en términos de mejoras de sus territorios ni en términos de recursos económicos que les permitan acceder al consumo de un mayor número de bienes y servicios, reafirmándose con ello dos dinámicas: por una parte, una ciudad en la que cada día resulta más difícil habitar, producto de los costos de localización que ello implica y, de otra, la expulsión de la población del territorio a través de las dinámicas de especulación y despojo que impone el mercado.
Dinámicas políticas y escenarios de participación
También hay que reconocer que la ciudad ha cambiado políticamente desde el proceso de elección de alcaldes a fines de los años 80, la elección de las JAL a inicios de los años 90 junto con el nombramiento de los alcaldes locales, sumado al mal llamado proceso de descentralización de la ciudad en 20 localidades. De igual manera, la puesta en marcha de la Constitución Política de 1991 mutó las dinámicas políticas así como los procesos y prácticas de la participación.
Por un lado, pasamos de contar con dos partidos políticos claramente caracterizados (liberal y conservador) y hegemónicos a lo largo de más de 100 años, a una diáspora de partidos derivados de estos que se plantean ambivalentes, con discursos ambiguos pero con las mismas prácticas políticas tradicionales. Por su parte, la izquierda no logra consolidar una propuesta unitaria y a semejanza de los partidos tradicionales, se encuentra fragmentada y dispersa.
Ciudad en disputa, donde el principal botín es la alcaldía, tanto por su cuota burocrática como por los espacios, mecanismos y caudales de que dispone para hacer negocios de todo tipo, turbios o limpios, eficientes o precarios. Solo baste mencionar el negocio del manejo de las basuras y del botadero de Doña Juana, donde nada vale hablar de programas de reciclaje, uso eficiente de energías, generación de riqueza y valor a partir de los desechos cuando todo se entierra.
Por otra parte, los procesos de participación en la ciudad también han mutado, quizás lo más visible es la pérdida de protagonismo por parte de las JAC ante el establecimiento de las JAL. Pero también la ciudad ha crecido, expandido y, en buena medida, consolidado. Ya las demandas y aspiraciones de la población no están relacionadas exclusivamente con el acceso a servicios públicos domiciliarios y transporte, ya el problema mayor no es de cobertura sino de calidad y de tarifas. Realidad que ha conllevado la aparición de múltiples formas de organización en torno a múltiples intereses que antes no eran tan visibles y evidentes, procesos que hoy están presentes en la ciudad en todas sus localidades. Procesos barriales, zonales, locales, territoriales, sectoriales, entre otros.
Todo esto muestra la capacidad de los habitantes de esta urbe por construir sus propias apuestas, por adelantar dinámicas no institucionalizadas, por exigir el reconocimiento de derechos que aunque consagrados no se materializan, por exigir la efetiva concreción de las políticas públicas, fenómeno que expresa un claro conflicto entre prácticas políticas tradicionales y procesos de participación en los que el cómo, para quién, y con quién se gobierna esta ciudad se torna en punto central de la disputa.
Modelo de desarrollo y modelo de ordenamiento
Colombia, como ya se ha señalado en múltiples ocasiones, es un país que está determinado por el modelo de desarrollo asociado al modo de producción capitalista, y con éste su etapa más desarrollada, el neoliberalismo**, modelo que se refleja en todos los ámbitos de la vida de la ciudad, tanto los públicos como los privados, generando a su vez una visión territorial que se construye a través de los Planes de Desarrollo y los Planes de Ordenamiento Territorial –POT–, especializando un modo de producción que basa todo su crecimiento y progreso en las fuerzas del mercado.
Este modelo ha efectuado la transferencia de la responsabilidad pública al sector privado en materia de servicios públicos (privatización de las empresas de electricidad, telefonía, gas natural, aseo y transporte), en materia de servicios sociales (imposición de un modelo de privatización de la salud y la educación), la reducción de los salarios y la pérdida del poder adquisitivo, todo lo cual ha impactado de mala manera a quienes la habitan, como al conjunto del territorio que pueblan.
Dentro de esa perspectiva, el problema del modelo no se centra en resolverle la problemática ni las necesidades al conjunto de la población, sino en disponer de los recursos que están en ese territorio, indistintamente de que todos puedan ser beneficiados o no. Por lo tanto, el modelo no está planteado como una alternativa para resolver las lógicas de segregación y exclusión de la ciudad, no, está pensado como un mecanismo que permita una mirada y una perspectiva desde un sector de la sociedad –el dominante– que concibe el territorio frente a unos fines específicos –de lucro–.
Este modelo de ciudad basa su configuración sobre cuatro elementos de análisis: el territorio, la población, la política y el mercado. El territorio, como escenario donde se expresan la segregación socio-espacial, la expulsión de población de los territorios mejorados y la especialización y usos del suelo urbano de manera rentística frente al mercado. La población, sujeta a la satisfacción de sus necesidades, la resolución de la pobreza y la miseria, el acceso a condiciones de calidad de vida y de participación en el juego de la democracia. La política, como reguladora de las relaciones entre lo público y lo privado, como determinante de la construcción social del territorio, así como la construcción y orientación del modelo de desarrollo. Y el mercado, entendido como la base fundamental del modelo de desarrollo, su materialización como modelo de ciudad y como determinante de lo público.
Por ello, lo que hoy está en disputa son dos formas de entender la construcción y apropiación de la ciudad. Una, al servicio del capital y del conjunto de demandas del mercado en cabeza de las clases dirigentes asociadas en los partidos políticos tradicionales y que hoy presentan como figura visible al señor Enrique Peñalosa, voz de los poderosos y sus intereses.
Pero, por otra parte, en Bogotá se están configurando propuestas que conciben la ciudad para sus habitantes, garantizando su acceso a bienes y servicios para el conjunto de sus pobladores, incluyendo los más necesitados. Una ciudad incluyente, no solo en el discurso sino en la práctica. Una ciudad que valore la participación y la considere incidente y decisiva. Una ciudad donde el territorio se respeta y se defiende, donde los recursos naturales se valoran y el agua se considera un bien común, una ciudad que se debe ordenar en función de las necesidades mayoritarias y no de los intereses particulares. En fin, una ciudad que se piensa colectivamente, cuestión que no se reconoce, no se valora y se descalifica.
Esta disputa contiene hoy un ingrediente importante, la convocatoria a un proceso de revocatoria del mandato de su alcalde, no por ser Enrique Peñalosa, sino porque lo que está en disputa son el modelo de desarrollo y el modelo de ordenamiento para todos los que vivimos en esta ciudad.
¿Hacia dónde avanzar?
En el sentido anterior, es necesario definir los puntos centrales que se espera sean incluidos en la configuración de un modelo de ciudad incluyente. Una propuesta donde el derecho a la ciudad y el territorio se constituyan en la bandera reivindicativa en la disputa por la Bogotá. Debemos profundizar el reconocimiento del derecho a la ciudad y el territorio con base en la Carta por el Derecho a la Ciudad: caso Bogotá, como un elemento articulador de las reivindicaciones colectivas, de manera que se reconozcan nuestras particularidades, que se privilegien los bienes comunes y se fortalezca el sentido de lo colectivo. Esta disputa deberá ser, a su vez, la base de la construcción de la paz territorial, en este caso no sólo para Bogotá sino para todas las ciudades colombianas.
Se trata, entonces, de poner en práctica el derecho a la ciudad, un derecho que garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía y la realización de todos los derechos como lo señaló la Asamblea Mundial de Pobladores celebrada en México en 2000 (HIC-AL, 2008). Es decir, hablamos de un nuevo proyecto de ciudad en el que su base sean los derechos humanos, individuales, colectivos y de tercera generación. Derechos que permitan el pleno ejercicio de sus habitantes a ser parte de la ciudad. Una ciudad dispuesta al servicio de las mayorías.
Bogotá, 12 de agosto de 2017
* Arquitecto, Magíster y Doctor en Urbanismo. Doctor en Arquitectura y Ciudad. Profesor Asociado Universidad Nacional de Colombia. Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Investigador Senior (IS). Líder del Grupo de Investigación «Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad». Dirección Carrera 30 No. 45-03. Edificio Sindu. Oficina 106. Bogotá. E-mail: [email protected]
** La ciudad de Bogotá es el referente del avance del modelo en el país.
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