De la norma a la realidad, discursos y acciones que abren interrogantes sobre la realidad de la participación social en nuestro país.
¿Un encuentro más? En junio de 2016 sesionó en Pereira el “Encuentro Interamericano de participación de la infancia y la adolescencia en políticas públicas” coordinado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto interamericano del niño y la niña –IIN, al cual confluyeron diferentes procesos participativos de México, El Salvador, Perú, Ecuador, Uruguay y Colombia. Niños y adolescentes del país anfitrión dieron cuenta de cómo se realizan consultas y mesas de trabajo para enriquecer estrategias y programas. ¡Estamos cambiando el mundo!1, entonaban al unísono las voces más jóvenes de la región.
¿Una ilusión juvenil institucionalizada? El interrogante no es gratuito pues, más allá del evento, resalta una tensión muy profunda entre los imaginarios institucionales de participación y las lógicas locales en las que cobran vida, como lo permite deducir Freiman Quiñones, joven integrante del Consejo Nacional Asesor y Consultivo (de cuál institución o proceso), cuando afirma que “sólo somos reconocidos como indicadores, no hay empoderamiento en las regiones; […] no somos tomados en cuenta”.
En el mismo sentido asiente María Camila Hoyos, compañera de Freiman en el Consejo: “una de las principales causas por las que nosotros los jóvenes no participamos es por la deficiencia de educación que cultive un pensamiento crítico”.
Estos jóvenes líderes distantes en sus regiones, el primero procedente de Tumaco-Nariño y la segunda de Popayán-Cauca, desarrollan por cuenta propia procesos de articulación y movilización social entre sus pares, promoviendo soluciones a las necesidades sentidas de la población. Terminan señalando cómo “la falta de continuidad, tanto nacionalmente como a nivel local, entorpece los ejercicios participativos, el impacto es menor”.
De buenas ideas está empedrado…
A comienzos de la década del 1990 la Constitución Política de Colombia consagró la participación social como un derecho garante del cumplimiento y protección de los demás derechos fundamentales; de manera especial en lo concerniente a niños, niñas y adolescentes. Es así como la ley 1098 de 2006 articula este principio empoderándolos como “sujetos titulares de derechos”. Por su parte, la Convención de los Derechos del Niño declara que “tendrán derecho a la libertad de expresión”, entendiéndola como “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo”2.
En consonancia con este marco regulatorio de derechos, el sistema educativo nacional contempla estimular el ejercicio deliberante de participación a través del Gobierno Escolar, una reproducción del sistema de gobierno democrático nacional al interior de cada salón de clases, a lo largo y ancho de esta geografía; “en cada establecimiento educativo del Estado estará conformado por el rector, el consejo directivo y el consejo académico3”.
Desde entonces, la institucionalidad afinó su mirada hacia los más pequeños, los niños (“la persona entre 0 y 12 años”), los adolescentes (“la persona entre 12 y 18”) y los jóvenes4 (“de 14 a 28 años”); generando mecanismos de participación y control social desde su interior en sintonía con los imaginarios contractualistas de ciudadano moderno participativo.
Del pasado al presente
Lejanas y vetustas parecen ahora ideas decimonónicas cuando a la infancia le correspondía ser la edad “que sabe sentir y ver más bien que reflexionar i discurrir” (Catecismo de Astete). Siguiendo los discursos contemporáneos, en las escuelas se pretende formar sujetos autónomos y autocríticos, capaces de agenciar su propia vida y la de sus comunidades; reflexivos y comprometidos con el desarrollo individual y colectivo. Empero, están ancladas entre nosotros representaciones sobre la niñez en sentido deficitario, como menores de edad, recipientes sin contenido, tabula rasa, inocencia angelical o estultez manifiesta. En esta ingente Colombia de múltiples y simultáneas realidades, circulan en campos y ciudades ideas tales como “cuando los adultos hablan los niños callan”, “son cosas de niños”, “¡llora como una niña!”, o, llanamente, “no le ponga cuidado, eso se le pasa, así es que aprende”.
De igual manera se cierne sobre jóvenes y adolescentes una espesura de sospecha, desconfianza y riesgo latente. Circulan entre doctos y legos ideas que refieren a los adolescentes como “adolecer” (al que naturalmente le falta algo), apelando a supuestas raíces etimológicas, o alumno como “a-lumini” (sin luz); en todo caso no como un ser completo, más bien como un sujeto a medio camino de ser.
Un proceso por ser y en lucha constante. El reconocimiento de las voces, sentires y necesidades de nuestros niños y niñas está lejos de parecerse al discurso oficial e institucional que promulgamos; nuestras prácticas (Foucault) dan cuenta de realidades diferentes, evidencian tensiones constantes entre el deber ser y los hechos concretos; baste para ello revisar nuestros tenebrosos indicadores de utilización, infanticidio, abuso sexual, trabajo infantil o reclutamiento de niños, niñas y jóvenes.
De esta manera y de acuerdo a lo establecido oficialmente, en las instituciones educativas los niños y niñas líderes se postulan periódicamente a cargos de elección popular para representar a sus compañeros y servir de puente con las instancias de decisión y poder en las comunidades. Debemos señalar con sorna y escándalo que el gobierno escolar hace bien su trabajo, reproduce a pie juntillas el mundo de los adultos en su deseo por acumular capital simbólico (Bourdieu). Durante los procesos electorales del gobierno escolar se pueden ver en las instituciones educativas esquemas electoreros y corruptos, compra de votos, campañas de desprestigio, tráfico de influencias y, sobre todo, promesas falsas.
Sueño latente
Con todo, algunas de las transformaciones en la historia reciente del país han sido protagonizadas por los jóvenes, así lo refieren algunos líderes estudiantiles del denominado movimiento de la séptima papeleta en la década de 1990. “Para mí […] fue una reafirmación de que no nos dejaríamos callar por la mafia, de que saldríamos a defender la democracia y que reformaríamos el país”; dice Claudia López, por aquella época estudiante de biología de la Universidad Distrital en Bogotá, hoy senadora (pre)candidata a la presidencia de la República.
De igual manera, y en el entrecruzamiento de fuerzas sociales, individuos e imaginarios que tensionan las formas de comprender y relacionarse con la niñez, resulta pertinente señalar algunas experiencias exitosas de participación vinculadas con el territorio que habitan las comunidades. Participar en abstracto no es un ejercicio potente, no lo es tampoco la instrumentalización de los sujetos estandarizados como indicadores en mecanismos que ellos mismos desconocen. Así, por ejemplo, la comunidad indígena Zenú, en el norte del país, cuenta con escenarios de incidencia pública y organización social llamados Cabildos Menores y Mayores. Se estimula que los jóvenes accedan a estos espacios y roles representativos de la vida pública; la condición para ello es formular soluciones a las problemáticas de la comunidad y comprometerse con su desarrollo; así lo manifiesta Elkin Roqueme como representante del cabildo, “para uno ser tenido en cuenta debe proponer y liderar, comprometerse, sino ¿pa’ qué?, no sirve de na’.” Los ojos vigilantes de la comunidad ejercen un estricto control social haciendo que las palabras superen el proselitismo clientelista y se traduzcan en acciones de impacto común.
De manera similar, en otras latitudes del país, en el sangrante departamento del Cauca, grupos indígenas desarrollan un modelo de educación alterno al establecido por la institucionalidad nacional. Allí los centros educativos no adelantan Proyectos Educativos Institucionales (PEI) con los esquemas de gobierno escolar antes señalados, en cambio, articulan Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) que potencian el liderazgo y la participación colectiva, antes que la representatividad mesiánica de un solo individuo. Nuevamente, es la comunidad la encargada de agenciar los procesos sociales de los más pequeños, protegerlos, acompañarlos y guiarlos de acuerdo con propósitos colectivos. Es una participación con los pies en la tierra, más bien, en el territorio.
Los retos y tensiones que se configuran alrededor de los procesos participativos de niños, niñas y adolescentes dan cuenta de la complejidad del tejido social en Colombia, la fragilidad de la niñez tanto como la necesidad imperativa de construir formas pacíficas de resolución de conflictos. Su participación fortalece los canales de comunicación así como el desarrollo local en la comunidad. Es una oportunidad para ser mejor que nosotros mismos, para sanar heridas abiertas; después de todo, una sociedad que no protege la niñez está condenada al fracaso toda vez que se niega la posibilidad de aprender de los más sabios, aprender de sus niños; mientras reproduce esquizoidemente la historia de maltratos y abusos que vivieron los adultos de hoy en día, quienes han olvidado, o decidido olvidar, cómo fue ser niño, cómo entonces sabían que las cosas podrían ser mejor.
* Docente de la línea de “Socialización política” en Cinde, filósofo, opción en Antropología, Universidad de los Andes, Magíster en Educación Universidad Pedagógica Nacional.
[email protected]
1 Eslogan institucional del Icbf.
2 Convención Internacional de los Derechos del Niño Artículo 13.
3 Ley 115 general de educación de 1994 Artículo 142.
4 Estatuto de Ciudadanía Juvenil Artículo 5.
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